A pesar de las limitaciones, hostigamiento y amenazas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», cumple este mes, 16 años de trabajo, a favor de los pueblos indígenas de Guerrero.
Con el objetivo de lograr que se reconozca a la gente indígena como sujetos de derechos humanos, en 1994 surgió este organismo de la sociedad civil en Tlapa de Comonfort, Guerrero, pionero en documentar las violaciones sexuales contra mujeres.
En sus inicios, Tlachinollan estaba conformado por tres abogados, un lingüista y un antropólogo. Hoy son más de 27 personas que tienen el compromiso de buscar justicia y respeto para las comunidades nahuas, mixtecas, tlapanecas y amuzgas, de la Montaña y Costa Chica de esa entidad.
Abel Barrera Hernández, director del Centro dice que a pesar de los obstáculos han logrado sobrevivir gracias al apoyo, impulso y presencia de las víctimas, pero además por la legitimidad que su trabajo tiene entre la población guerrerense.
Considera que su fuerza «es la fuerza de la gente» porque al igual que los indígenas y campesinos de la Montaña: «caminamos con riesgos y miedos, pero sin doblegarnos; con la frente en alto y la mirada en la cima».
Debido a su trabajo como defensores de derechos humanos, los integrantes de Tlachinollan tuvieron que acostumbrarse a ser vigilados, recibir amenazas y agresiones físicas, incluso algunos activistas han sido asesinados.
Al año llegan a presentarse de dos a tres casos de hostigamiento. Sólo en 2009, registraron al menos 15 eventos de este tipo, además de la tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos colaboradores cercanos.
El 19 de abril de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) otorgó medidas provisionales para 107 defensores por considerar que su integridad física estaba en grave riesgo, pues un año antes fue asesinado Lorenzo Fernández Ortega, hermano de una mujer víctima de violación sexual por parte de elementos del ejército.
Para Barrera Hernández, estos hechos demuestran que en el estado no hay garantías para realizar un trabajo en defensa de las comunidades, por el contrario las autoridades criminalizan su labor, «la denigran con el argumento de que lucramos con la sociedad», señala.
Desde hace 16 años, Tlachinollan ha visto iniciar y finalizar varias administraciones estatales y municipales, que lejos de respetar su trabajo, se dedicaron a dar sistemáticos golpeteos para verlos fracasar.
APRENDIZAJES Y RETOS
Durante su larga trayectoria, el Centro ha defendido casos relacionados con el derecho a la salud, vivienda, trabajo, educación y acceso a la justicia. Muchos de ellos han sido llevados por Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del Área Jurídica.
El abogado lleva las demandas contra la construcción de la Presa Hidroeléctica la Parota, el cacicazgo en perjuicio de varios campesinos ecologistas y le encarcelación del activista Raúl Hernández Abundio, quien lleva dos años en prisión por delitos que no cometió.
En su larga trayectoria Tlachinollan logró llevar a la justicia internacional cuatro casos de tortura contra indígenas, dos de ellos de tortura sexual, el de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Ambos casos permanecen en la CoIDH en espera de una sentencia.
Sin embargo, Rosales Sierra destaca que hasta el momento tienen documentados otros ocho casos de violaciones sexuales contra mujeres. De ellas cuatro decidieron no denunciar para no enfrentarse a la comunidad y a sus familias; las que sí lo hicieron no encontraron justicia.
Esta impunidad -dice Abel Barrera- nos ha enseñado que la justicia es onerosa y cara, y que para las personas indígenas parece ser un bien inalcanzable porque además es corrupta, insuficiente y racista.
Precisó que aunque las mujeres son un factor trascendente para transformar las viejas estructuras, por generaciones han sido acalladas, de ahí la importancia de que se garantice justicia para ellas, quienes también son parte de la reconciliación de los pueblos.
REFERENTE EN LA LUCHA
Junto con organizaciones locales, nacionales e internacionales Tlachinollan también busca crear un espacio civil para acompañar a su pueblo, así lo señala Cristina Hardaga Fernández., coordinadora del Área Internacional.
Entre sus alianzas se encuentran la Organización de Pueblos Indígenas Tlapanecos, la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, The Washington Office on Latin America, entre otras.
Teresa de la Cruz, coordinadora del Área de Comunicación menciona que otras características de la Montaña de Guerrero son la migración, la violencia, la militarización, la marginación por vivienda, los conflictos agrarios y el rezago educativo.
Por tal razón surgió la preocupación de incidir en esa región del país, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población es catalogada como de alta marginación y extrema pobreza.
Hasta el momento, el director de Tlachinollan dice que aún mantienen la esperanza de lo que llama una «utopía de justicia». A finales de este año la CoIDH dictará dos sentencias contra el Estado mexicano, las cuales podrían ser una esperanza para las víctimas y para todo el pueblo.
10/AGM/LR/LGL
