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A 2 años del asesinato de Regina, aún no hay justicia

Por Anayeli García Martínez

A dos años del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz –que fue encontrada sin vida el 28 de abril de 2012 en su domicilio en la ciudad de Xalapa–, el caso no se ha resuelto porque entre las irregularidades destaca que no se investigó la línea periodística y sólo hubo un detenido que dijo haber sido torturado para confesar el crimen.
 
La investigación del asesinato de Regina resultó con un detenido y si bien el caso llegó hasta los tribunales, las pesquisas se caracterizaron por estereotipos de género, irregularidades y omisiones que derivaron en la falta de justicia, ya que aún hoy no hay una sentencia firme ni certeza de quiénes fueron los homicidas.
 
Destacada por sus coberturas periodísticas en temas sociales, políticos, de corrupción y violencia, entre las que resaltó el seguimiento del presunto asesinato y violación sexual de la indígena Ernestina Ascencio, cometido en 2007 por militares, Regina se sumó a la lista de periodistas asesinados en el actual gobierno del priista Javier Duarte.
 
Aunque el semanario Proceso presentó elementos para que se investigara la posibilidad de que el crimen se debiera a la labor periodística de Regina (toda vez que ella recibió amenazas previas, fue víctima de robo y en ocasiones la revista fue comprada masivamente cuando la reportera publicaba temas de escándalo político y social), han pasado dos años y no hay certeza de quién y por qué la asesinó.
 
Lejos de que el gobierno estatal, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) –de la PGR– investigaran y esclarecieran los hechos como un ataque al periodismo, se empeñaron en afirmar que se trató de un robo con “tintes pasionales”.  
 
De acuerdo con un informe sobre la impunidad en los casos de violencia contra mujeres periodistas que en breve publicará Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), sobre ellas recae el estigma de que siempre mienten y exageran, o que provocaron las agresiones de las que son víctimas, por lo que se les suele negar la justicia.
 
El caso de Regina no fue la excepción: en él prevalecieron los estereotipos sexistas y discriminatorios, ya que la investigación de la PGJV concluyó el 30 de octubre de 2012 cuando determinó que la reportera fue asesinada como resultado de “un conflicto pasional”, lo que a decir de sus colegas y organizaciones por la libertad de expresión buscó restar importancia al crimen.
 
No obstante, el caso no se ha cerrado porque pese a la conclusión de la PGJV, que ubicó al presunto culpable y logró que lo condenaran a 38 años de prisión, el juicio continúa luego de que el sentenciado apeló la resolución al argumentar que fue torturado para confesar.
 
ESTIGMAS
 
El reportero Jorge Carrasco, quien dio seguimiento a la investigación, señaló en sus reportajes para Proceso que cuando este medio de comunicación pidió que se investigara la línea periodística, la autoridad citó a declarar a varios periodistas, tomó sus huellas dactilares y a algunos les tomó también las impresiones de su arcada dental porque el cuerpo de Regina tenía una mordida.
 
Aunque el semanario solicitó indagar posibles relaciones del homicidio con el trabajo de la reportera, la PGJV interrogó a los periodistas sobre su relación con ella pero como no hubo muchas respuestas sobre el crimen, la Dirección de Servicios Periciales elaboró un dictamen sobre la “disposición victimógena” de Regina.
 
Este peritaje, enfocado a demostrar la supuesta vulnerabilidad de la informadora que la hizo blanco fácil del homicidio, destacó que se trataba de una mujer sola, adulta, sin fuerza para defenderse, pero con un “cambio de ánimo” hacia el final de su vida. Este cambio lo atribuyeron a que si bien era reservada, tenía un novio.
 
La PGJV concluyó que aquel viernes 28 de abril a la medianoche Regina invitó a su “novio” a su casa, quien llegó acompañado. Ella dejó pasar a los dos sujetos; salió a comprar cervezas, regresó y se pusieron a bailar, según la versión oficial.
 
Regina le reclamó al supuesto novio que la tenía abandonaba, pelearon, forcejearon y ella intentó asesinarlo con un cuchillo que tomó de la cocina. Él la golpeó primero y luego el amigo se acercó a golpearla. Entonces le preguntaron dónde guardaba el dinero, ella les respondió, lo tomaron y se fueron.
 
Carrasco publicó que había dudas sobre la versión del “crimen pasional” y la responsabilidad de José Adrián Rodríguez Domínguez, “El Jarocho”, y Jorge Antonio Hernández, “El Silva”, quienes fueron presentados como los asesinos.
 
LOS DETENIDOS
 
En octubre de 2012 la PGJV informó a los medios que tenía elementos para señalar a dos responsables. El primero era “El Jarocho” y supuesto novio de la reportera, y el segundo “El Silva”, quien confesó haber participado en el robo y homicidio.
 
La Procuraduría dijo que detuvo a “El Silva”, pero acotó que no había ubicado a “El Jarocho”.
 
En su momento, Diana Coq Toscanini, quien fuera designada coadyuvante del caso por la revista Proceso, criticó que la Agencia Veracruzana de Investigaciones ubicara a “El Jarocho” en Mérida y luego soltara el rumor de que estaba muerto, y que “El Silva”, asesino confeso, estuviera aislado del resto de los reclusos, sin recibir visitas y sin tratamiento médico pese a tener VIH.
 
El 2 de noviembre de 2012 el Juzgado Tercero de Primera Instancia de la PGJV dictó formal prisión a “El Silva”. Posteriormente una juez de primera instancia lo condenó a 38 años y dos meses de prisión, pero el presunto responsable dijo que lo torturaron y lo obligaron a incriminarse y narrar la versión del homicidio pasional.
 
“El Silva” apeló la sentencia y logró que la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) revocara la condena.
 
En este contexto Proceso destacó que en la investigación, de dos tomos con más de mil 500 páginas, no hay un dictamen ni un análisis sobre el trabajo periodístico de Regina Martínez, no hubo nada sobre el robo en su domicilio, ni la posible participación de la delincuencia organizada en un estado donde se le acusa de asesinatos contra la prensa.
 
Otro dato al que no se le dio seguimiento fue que el 9 de mayo de 2012, 11 días después del crimen, la Marina detuvo al operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, “El Chilango”, quien en sus declaraciones ministeriales dijo saber que en el asesinato estaban involucrados supuestos narcomenudistas.
 
El pasado 19 de abril el semanario publicó sus dudas sobre el juicio, ya que la última decisión sería del magistrado Agustín Romero Montalvo. La revista señaló que el gobernador logró que el Congreso estatal designara a la esposa del juzgador, María Dolores Silva Obando, como integrante del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.
 
14/AGM/RMB

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