A veinte años de la matanza en la plaza de Tiananmen en Pekín, China, las madres de las víctimas continúan pidiendo que se reconozca la masacre para poder hablar de ella, exigen justicia, investigación de los hechos, indemnización y juicio penal, enfrentadas al silencio oficial que reprime sus exigencias y con fuertes medidas de seguridad y censura de sitios y blogs de Internet que hablan de la matanza.
La noche del 3 al 4 de junio de 1989, el Ejército chino reprimió con violencia una protesta estudiantil, donde miles de estudiantes fueron asesinados, detenidos y desaparecidos, reseñaron entonces y recuerdan ahora medios internacionales.
Ante estos hechos, se fundó la organización las Madres de Tiananmen, encabezadas por Ding Zilin y Zhan Xianling, con integrantes de 127 familias que perdieron a sus hijas e hijos en esta masacre y que desde entonces han vivido para reclamar justicia y exigir una investigación, convirtiéndose en las madres «incómodas» del Partido Comunista.
De acuerdo con el periódico Apple Daily de Hong Kong, las Madres de Tiananmen llevan enviando cartas desde 1995 a la Asamblea Nacional Popular y a la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, denunciando a los líderes del Gobierno de entonces y pidiendo el reconocimiento de la matanza sin recibir respuesta alguna.
La carta anual de las Madres de Tiananmen, nunca atendida por Pekín, pide que se cree una comisión de investigación, que los resultados se hagan públicos y que se dé a conocer el número de víctimas y sus nombres. Les ofende, por encima de todo, que los «dictadores» chinos hayan descrito a sus hijos como criminales, justificando su ejecución en la necesidad de salvar la patria de indeseables.
Caso a caso, rastreando documentos y a veces con la ayuda discreta de funcionarios comunistas, la organización de víctimas de Tiananmen ha logrado identificar a cerca de 200 muertos, mujeres y hombres identificados con nombre y apellido. Nadie sabe con certeza cuánta gente perdió la vida durante el desenlace del mayor desafío que ha vivido el Partido Comunista en sus 60 años en el poder en China.
Por exigir justicia, acto calificado con un desafío a la dictadura, Ding Zilin y otras madres de Tiananmen son perseguidas y hostigadas en todo momento por el régimen: sus teléfonos y correos están intervenidos, sus casas son registradas periódicamente y son vigiladas las 24 horas, interrogadas o detenidas en el aniversario de Tiananmen, señalan agencias internacionales.
Según Human Rights Watch, el Gobierno chino continúa persiguiendo a los supervivientes, los familiares de las víctimas y a los que cuestionan la versión oficial de los hechos.
Ding Zilin declaró a una agencia internacional: «…ellos tratan a la masacre como una zona prohibida. No podemos hablar de ella ni discutirla. Tienen que abrir el tema para permitir su libre discusión y encontrar una solución justa… Lo único que queremos saber es si, mientras moría, nuestro hijo dejó dicho algo para sus padres».
«Los esfuerzos continuos del gobierno por censurar la historia, aplastar la disidencia y hostigar a los supervivientes contrasta claramente con los impresionantes avances económicos y sociales de las últimas décadas en China, señala Sophie Richardson, directora de Incidencia Política para Asia de Human Rights Watch.
El Gobierno chino debe reconocer que 20 años de negación y represión sólo han logrado infectar más las heridas de Tiananmen, en lugar de cerrarlas, agregó.
Las Madres, basándose en las cifras publicadas en los hospitales aquella noche, creen que en total fueron 2 mil los muertos.
Human Rights Watch calcula que unas 130 personas siguen encarceladas por su participación en las protestas de 1989, en las que estudiantes, obreros e intelectuales pedían mayor apertura política.
Las Madres de Tiananmen no han cejado en su búsqueda de justicia, pero a veinte años, han tenido que enfrentarse a otro enemigo inevitable que suma a la dictadura: su propia muerte, que año tras año disminuye las firmas de la carta que entregan al gobierno chino.
Seguiremos exigiéndoles justicia y responsabilidad hasta que respondan por sus actos. Una de las mayores crueldades es ver que la gente joven no sabe lo que ocurrió, sin miedo, concluye Ding.
El Gobierno chino recibió la condena mundial por su represión de los manifestantes y varios países impusieron sanciones, entre ellas el embargo vigente de armas de la Unión Europea. El Gobierno chino ha rechazado todas las iniciativas para intentar que se reexaminen los acontecimientos de junio de 1989.
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