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A 30 años de la CEDAW continúa sin aplicarse

Por Gladis Torres Ruiz

A 30 años de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), las mujeres de México se encuentran librando un embate conservador que está revirtiendo los avances logrados a favor de sus derechos sexuales y reproductivos a lo largo de las últimas tres décadas de lucha.

Lo anterior lo señaló la Coalición Por la Salud de las Mujeres, en el marco de las reformas constitucionales aprobadas 17 de los 31 estados del país con las que se protege la vida desde el momento de la concepción-fecundación y se criminaliza el aborto.

En su defensa por el derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria, la Coalición conformada por 12 organizaciones civiles con trabajo en el tema de derechos sexuales y reproductivos, ha señalado en reiteradas ocasiones que con estas reformas el Estado mexicano contraviene lo estipulado por la CEDAW, hace ya 30 años.

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención, la cual entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. En 1989, décimo aniversario de la Convención, casi 100 naciones habían declarado que consideraban como obligatorias sus disposiciones, entre ellas México.

La y los especialistas en la materia, entre las que se encuentra la Coalición Por la Salud de las Mujeres, señalan que la CEDAW representa un gran paso hacia la meta de la igualdad de derechos para las mujeres.

“En sus artículos define y condena la discriminación contra las mujeres en todas sus formas y exhorta a los Estados parte a garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y los obliga a tomar medidas legislativas, administrativas, entre otras, para asegurar la promoción de la igualdad para las mujeres”.

México firmó la Convención el 17 de julio de 1980 y fue ratificada por el Senado de la República el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en septiembre de ese mismo año.

En 2002, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto sobre el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que permite a las mexicanas presentar quejas ante las 23 expertas que integran dicho comité, en lo individual o lo colectivo, una vez agotadas las instancias nacionales.

El primer caso recibido por el comité de expertas de la CEDAW fue el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentado en 2005 por las organizaciones civiles Casa Amiga, de Ciudad Juárez, y Equality Now de Estados Unidos, lo que le valió la primera recomendación al Estado mexicano por la CEDAW.

Pero esta no ha sido la única recomendación al Estado mexicano quien ha hecho caso omiso a lo que ha ratificado. Prueba de ello es que desde octubre de 2008, la alianza coyuntural del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyada por legisladoras y legisladores de otros partidos, ha logrado reformas constitucionales en 17 estados, con las que en esas entidades actualmente se protege la vida desde el momento de la concepción-fecundación y se criminaliza el aborto.

Con estas reformas, como ya lo ha reportado Cimacnoticias, las mexicanas están siendo perseguidas por abortar, –aún en casos de violación o por peligro de muerte de la mujer– en varios estados como Guanajuato y Quintana Roo, han sido encarceladas por el ahora “delito”.

Al respecto la Coalición, ha señalado que con estas acciones el Estado contraviene el espíritu de la Convención e ignora sus llamados para despenalizar el aborto; ya que el Comité de la CEDAW en sus observaciones finales hechas a México el 25 de agosto de 200, señaló a la letra lo siguiente:

“El Comité pide al Estado Parte (México), que armonice la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal. Insta al Estado Parte a aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguros en las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia, medidas de concienciación sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de la mujer…”.

A pesar de lo anterior un día antes de conmemorarse el 25 de Noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Cámara de Diputados dio entrada a la iniciativa del gobernador de Veracruz, el priísta Fidel Herrera, para reformar los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se penalizaría el aborto a nivel federal.

También para proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, violentando en la Carta Magna los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La Coalición por la Salud de las Mujeres se constituyó en mayo de 2007 para facilitar la interlocución directa con el poder legislativo y plantear una agenda conjunta que permitiera avances en el derecho a la salud de las mexicanas.

La integran Afluentes; Católicas por el Derecho a Decidir; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Iniciativa por una Maternidad sin Riesgo; Proyecto de Mortalidad Materna del Foro de Mujeres y Políticas de Población; Fundar; GIRE; IPAS-México; Kinal Ant’setik; Mexfam, Salud Integral para la Mujer y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).

09/GTR/LGL

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