Hasta septiembre próximo el pleno de la Cámara de Diputados podría discutir la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, que busca regular el trabajo doméstico, luego de que fue presentada por la legisladora perredista, Claudia Edith Anaya Mota y turnada a Comisiones.
Así lo informó a Cimacnoticias Anaya Mota, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien refirió que la aprobación de dicha iniciativa está ahora en manos de la Comisión del Trabajo, presidida por Tereso Medina Ramírez, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con la legisladora, quien preside la Comisión Especial para la no Discriminación en San Lázaro, esta iniciativa tiene el propósito de regular el trabajo en el hogar remunerado, en el que se ocupan 1.8 millones de personas en el país, de las que 9 de cada 10 son mujeres y enfrentan precarias sus condiciones laborales,
(Cimacnoticias 09 abr10).
La iniciativa de la perredista destaca que es preciso dejar atrás argumentos discriminatorios como los emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de los cuales priva de derechos como la seguridad social, vivienda, descanso, y el pago de horas extra a las y los trabajadores del hogar.
Esta propuesta perredista modifica 14 artículos del capítulo XIII de la LFT que especifica las condiciones laborales para quienes se ocupan en el trabajo del hogar.
Los cambios a la legislación laboral y a la Ley del Seguro Social consisten en dejar de considerar a las trabajadoras del hogar dentro de las actividades económicas «especiales», para que ellas al igual que el resto de la mano de obra en el país, gocen de iguales derechos.
Entre las garantías que plantea la iniciativa está el establecimiento de una jornada de trabajo de ocho horas, un salario definido, y el acceso a la seguridad social.
Si bien legislar el trabajo en el hogar no es una tarea sencilla, existen ejemplos en América Latina y de otros países del mundo de que es posible modificar las leyes.
Algunos de los países de América Latina y del mundo, que ya han legislado esta actividad económica son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay. Así como, Austria, España, Finlandia, Italia, Portugal, y Senegal.
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