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A debate, la política de género contra la violencia

Por Gladis Torres Ruiz

La instancia nacional encargada de prevenir y erradicar la violencia de género (Conavim) corre el riesgo de que se le reste más poder legal para cumplir con su mandato al pretender pasarla a Sedesol
 
Cuestionada por su falta de operatividad contra la violencia de género y malos manejos presupuestales, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –instancia de la Secretaría de Gobernación (Segob)– ahora se enfrenta a la posibilidad de que se le reste más poder legal y de gestión para abatir flagelos como el feminicidio.      
 
En la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF), que discute el Senado, el presidente Enrique Peña Nieto pretende que la Conavim se sectorice a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con el fin de que “se fortalezca”.
 
Para la doctora Gabriela Delgado, del Programa de Derechos Humanos de la UNAM, la posibilidad de ese cambio no es alentadora, toda vez que los temas que atiende la Conavim “no son menores” y tienen que ver con procuración de justicia, atención a víctimas de la violencia y la revictimización en la que incurren las instancias judiciales en contra de las mexicanas, por lo que debe permanecer en la Segob, advirtió.
 
La especialista explicó que la Sedesol está para crear políticas estructurales a largo plazo para atender a grupos vulnerables, y tendría que apoyar en la reconstrucción del tejido social, pero no para resguardar a las víctimas de la violencia.
 
María de la Luz Estrada, dirigente del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), consideró que la propuesta peñista demuestra que el Ejecutivo federal no vislumbra a la violencia de género como un problema de seguridad y de violación a los Derechos Humanos (DH).
 
Estrada defendió a la Conavim como la instancia encargada de dar respuesta a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y cumplir tareas de prevención, atención, sanción y erradicación de ese delito, además de diseñar políticas de género, y dar seguimiento a las acciones de los tres órdenes de gobierno.
 
“Si al ser parte de la Segob, las autoridades locales no le dan su lugar a la Conavim en temas como la trata de personas, mucho menos se lo darán si se incorpora a la Sedesol”, criticó la activista.
 
“La Conavim tiene que ver con un tema de seguridad nacional. Si Gobernación va ser el gran ente que absorba a la Secretaría de Seguridad Pública, la Conavim tendría que estar ahí porque lleva el tema de violencia contra las mujeres”, insistió la coordinadora del OCNF.
 
SU HISTORIA
 
La Conavim fue creada por decreto presidencial en junio de 2009, en sustitución de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, la cual operaba desde el 18 de febrero de 2004 bajo la tutela de Guadalupe Morfín. Surgió para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Violencia, promulgada en 2007.
 
Su primera titular fue Laura Carrera (2009-2011), y después Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros (2011-2012).
 
Legalmente, la Conavim tiene como fin coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia de género en el país, y cumplir con los compromisos internacionales signados por México en la materia.
 
Entre sus funciones se encuentra también declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo derivado de la Ley General que contempla medidas urgentes de todos los niveles de gobierno ante altos índices de asesinatos de mujeres en alguna localidad o entidad federativa.
 
En los últimos cuatro años se han registrado 3 mil 139 víctimas de feminicidio en 13 entidades del país. A ellas se suma que en sólo nueve estados 3 mil 149 mujeres están desaparecidas, y cuyas edades oscilan entre 10 y 17 años, de acuerdo con registros del OCNF a partir de datos oficiales.
 
INOPERANCIA Y MALAS CUENTAS
 
En diciembre de 2010, como gobernador del Estado de México, Peña Nieto se opuso a la activación de la AVG en la entidad solicitada por organizaciones civiles ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –dependiente también de Segob–, por los 922 asesinatos dolosos de mujeres entre 2005 y 2010.
 
Luz Estrada recordó que con Laura Carrera al frente de Conavim hubo fallas en la rendición de cuentas de sus actividades contra la violencia de género.
 
En 2008 el Congreso aprobó 40 millones de pesos (mdp) para que la Segob creara el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género, y elaborara un Programa Integral y un Diagnóstico Nacional.
 
Sin embargo los recursos no fueron ejercidos, según una investigación sobre el presupuesto federal contra la violencia de género realizada en 2010 por la ex diputada federal de Convergencia Martha Tagle.
 
En septiembre de 2010, la Conavim informó a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara baja que el 14 de noviembre de 2008 firmó un convenio por 18 millones 260 mil pesos con la UNAM, para la realización del Diagnóstico Nacional, y otro millón 700 mil pesos para elaborar el Programa integral.
 
Del monto total por 19 millones 960 mil pesos, Conavim reportó a las diputadas que faltaban por ejercer 8 millones 508 mil pesos.
 
En su momento, Laura Carrera explicó que la UNAM “no realizó bien el trabajo” y que el diagnóstico y el programa seguían pendientes. Ambos se publicaron hasta la administración de García Espinoza de los Monteros: el programa se presentó en marzo pasado y el diagnóstico recién el 29 de noviembre.
 
En respuesta a una solicitud de información presentada por Cimacnoticias, la Segob reportó que el presupuesto autorizado para la Conavim en 2009 fue de 39 millones 500 mil 250 pesos.
 
En 2010 recibió 98 millones 757 mil 284 pesos, y en 2011 tuvo una drástica reducción en sus recursos al obtener solamente 30 millones 62 mil nueve pesos.
 
Para 2012 el presupuesto fue de 115.3 mdp, lo que a decir de García Espinoza de los Monteros sirvieron para pagar deudas de la anterior administración, lo que demeritó su programa operativo anual.
 
Para 2013, la comisionada solicitó16 mdp adicionales para cumplir con las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y para financiar a un equipo de peritos externos que analizará los expedientes de las investigaciones de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
LO QUE VIENE
 
Para Espinoza de los Monteros, lo importante no es en qué espacio se ubique a la Conavim, sino “que se le fortalezca, no importa si está en la Segob o en el propio Instituto Nacional de las Mujeres –en lo personal considero que es ahí donde debería estar–; se tiene que fortalecer de manera presupuestal y estructural”, apuntó.
 
En la administración pasada en la comisión “tuvimos que ‘estirar’ mucho la liga de competencia y facultades”, lamentó la ex comisionada. “Hay que hacer mucho más que foros y estudios académicos, hacer políticas a ras de tierra para llegar a las mujeres de verdad”, observó Espinoza de los Monteros.
 
La senadora por el PRD Angélica de la Peña sostuvo que no sólo se debe discutir el tema de la Conavim, sino todo el futuro de la política de género.
 
“No se ha dicho la última palabra. Es momento de ir por una secretaría de Estado con funciones de autoridad que pueda garantizar desde el gabinete la transversalidad de la perspectiva de género”, propuso.
 
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