En Nicaragua, el aborto y sus complicaciones son una de las cinco principales causas de muerte materna. Cada día 48 mujeres sufren abortos espontáneos, 21 han acudido a hospitales del Ministerio de Salud (MS) en busca de atención médica obstétrica de emergencia.
En 2004, 19 mujeres murieron por causas no obstétricas: 14 fueron suicidios por embarazos no deseados, 70 por ciento de ellas no habían cumplido los 18 años.
Y, según el informe «El estado de los derechos humanos en el mundo 2009», de Amnistía Internacional (AI), durante los primeros tres meses de 2008, el 30 por ciento de las denuncias presentadas ante la policía se debieron a actos de violencia sexual.
La mayoría de las víctimas, subraya el documento, tenían 18 años o no los habían cumplido aún.
Es por ello que hoy, en el marco de la Campaña 28 de Septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, la Red de Mujeres Contra la Violencia, hizo una invitación especial para el Encuentro por la Salud y la Vida de las Mujeres, como un espacio de denuncia y reflexión ante las autoridades del Ministerio del Interior (MINSA), la Policía Nacional y la Corte Suprema Justicia.
La Red es también promotora de la Campaña regional por el acceso a la Justicia para las Mujeres en Mesoamérica y este día presentará al presidente, Daniel Ortega, las 37 mil firmas enviadas por Amnistía Internacional demandando la restitución del aborto terapéutico en Nicaragua.
Por otro lado, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe desarrollará una serie de encuentros entre jóvenes de ambos sexos en diez territorios diferentes del país.
El propósito es que «conozcan y debatan el derecho a decidir como parte de la propuesta democrática que hacemos las feministas y en tanto, un derecho humano», señala el boletín No. 2 de la Campaña.
«Pretendemos, además, que un buen porcentaje de las y los jóvenes se comprometan a compartir estos conocimientos en diversos espacios sociales, como sus familias, amistades, e incluso los medios locales de comunicación».
En Nicaragua, el aborto terapéutico era legal desde 1873, sin embargo el 26 de octubre de 2006, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 603, Ley de Derogación al Artículo 165 del Código Penal, que establecía:
«El aborto terapéutico será determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer, para los fines legales».
A partir de estas reformas inició un debate público: la Iglesia católica interfirió buscando influir en la decisión del parlamento y violando así la laicidad del Estado, ya que el Artículo 14 de la Constitución señala que «el Estado no tiene religión oficial».
El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea votó y penalizó por segunda ocasión el aborto terapéutico en el Nuevo Código Penal, que lo condenó bajo toda circunstancia, incluso cuando la vida de la embarazada esté en riesgo o el embarazo haya sido producto de una violación.
En 2008, el nuevo Código Penal mantuvo las penas de uno a tres años para los médicos, y redujo de uno a seis años la pena a quien interrumpa un embarazo mediante engaño, violencia, intimidación o de manera imprudente.
Ambas reformas fueron aprobadas, pese a las protestas del movimiento feminista y social de mujeres que demandan el aborto terapéutico como forma de evitar la muerte de las nicaragüenses, muchas de ellas con embarazos no deseados.
En 2008, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó al gobierno reformar la legislación actual sobre aborto, tras considerar que viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
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