Las viudas y madres de los 14 mineros que fallecieron en la explosión del Pozo 3, ubicado en la región carbonífera de Coahuila, denunciaron que a casi dos meses de la muerte de los trabajadores no han sido indemnizadas, tampoco reciben la pensión que las autoridades les prometieron, y los responsables del siniestro están libres.
En este tiempo, las familiares de los mineros caídos han solicitado información acerca de la indagatoria pero las autoridades locales les niegan el acceso al expediente, por ello, temen que su caso quede en la impunidad, manifestaron en una carta dirigida a la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).
En el escrito, firmado por doce viudas y dos madres de trabajadores fallecidos en el Pozo 3, propiedad de Grupo Binsa, manifestaron: «no se nos ha apoyado de manera debida en lo que se refiere a la indemnización que nos corresponde, la cual prometieron, pero que hasta la fecha no hemos visto ni un solo peso. Ni una respuesta favorable, nos traen dando vueltas y vueltas».
En la carta, enviada ayer a la OFPC, las familiares manifiestan que tras el siniestro, las autoridades del trabajo y el patrón les prometieron que antes del 15 de junio recibirían una indemnización de 200 mil pesos, pero un día antes de la fecha prevista, el patrón decidió cancelarla.
Otra promesa incumplida, refieren, es la de Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) quien el pasado 27 de mayo les aseguró que la muerte de sus esposos e hijos «no iba a ser en vano». El funcionario prometió pensiones con base en salarios de 420 pesos diarios, «pero es una mentira», ya que actualmente reciben 2 mil pesos mensuales, denunciaron.
SIN RESPUESTAS
Las familiares precisaron que desde mediados de junio, no han obtenido ninguna información respecto a cómo van las demandas laboral y penal.
Respecto a la demanda penal, las viudas y madres de los mineros fallecidos indican que las autoridades coahuilenses les niegan información y el acceso al expediente del caso, pues «están a favor del patrón y no a favor de las familias que quedaron desprotegidas».
La información que tienen es que hace dos semanas el caso había sido consignado al juez de lo penal, el cual está a punto de dictar sentencia, sin embargo expresaron su preocupación porque se percataron que existe un deslinde de responsabilidades.
«La STPS no aparece como responsable por omisión de inspección de minas y tampoco aparecen los verdaderos concesionarios, a quien la Secretaría de Economía (SE) les otorgó la concesión número 218000» para explotar carbón en el Pozo 3.
Dicha concesión fue otorgada a Alfonso González Garza y Jesús María Montemayor Seguy, quien cedió sus derechos a Enrique Montemayor Seguy, quienes son familiares directos de Jesús Montemayor Garza, alcalde de Sabinas, Coahuila», aseveran.
Mientras, «seguimos sin saber a donde acudir y quién nos puede ayudar. Somos otro caso que está quedando impune y no queremos que eso suceda».
AGOTAN INSTANCIAS
Por el siniestro, ocurrido en el municipio de Sabinas el pasado 3 de junio, las familiares acompañadas por la OFPC han llevado a cabo diversas acciones en busca de justicia y reparación del daño, informó a Cimacnoticias Carlos Rodríguez, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
Así, el pasado 20 de junio ampliaron una que presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La semana anterior se reunieron con la Comisión Permanente en el Senado de la República y el legislador Fernando Castro se comprometió a emitir un punto de acuerdo sobre la problemática el día de mañana.
El punto de acuerdo, adelantó, incluirá la prohibición de tiros verticales o pozos para extraer carbón, la regulación de esta actividad mediante una Comisión Nacional de Carbón, así como la atracción de los casos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de resultados que en la materia ha dado el poder judicial de Coahuila.
De igual modo, dijo, el acuerdo legislativo hará un llamado al Ejecutivo, encabezado por Felipe Calderón, para que dé una solución acerca de la viabilidad del rescate de los restos de los 63 trabajadores que murieron en la mina Pasta de Conchos, en febrero de 2006, los cuales permanecen sepultados.
Por otra parte, Manuel Fuentes, asesor legal de la OFPC, dijo a Cimacnoticias que en noviembre próximo el Estado mexicano deberá responder a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los 14 cuestionamientos que ese organismo hizo a la representación de la STPS, durante la pasada Conferencia Internacional, los cuales no fueron resueltos.
El abogado laboral indicó que después de que el Estado mexicano responda los cuestionamientos de la OIT acerca de las medidas de seguridad e higiene que existen en la región carbonífera, determinará si es preciso que una misión de este organismo visite las minas de carbón en Coahuila, «para constatar la violación a los derechos humanos y laborales de los mineros».
11/GCJ/LGL
