Las autoridades están interesadas en hacer del caso del adolescente Edgar N. apodado el «Ponchis», un ejemplo de la necesidad de adoptar políticas «de mano dura», que no toman en cuenta que de acuerdo con el derecho internacional, las y los adolescentes son también víctimas de explotación y de la pobreza estructural que viven mexicanas y mexicanos.
Edgar, porque llamar a un niño por su apodo es degradante, no es un caso aislado. Es el rostro de una infancia mexicana que ve sus derechos violados sistemáticamente y por distintos actores.
A Edgar, le falló su comunidad y las autoridades, que además de no protegerlo del crimen organizado, nunca debieron agredirlo, y exponerlo como lo han hecho frente a la opinión pública.
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), es obligación de México proteger a niñas y niños contra toda forma de explotación, como el crimen organizado, que utiliza a la infancia y adolescencia como carne de cañón para su enriquecimiento ilícito.
Incluso es responsabilidad del Estado «impedir ese reclutamiento y utilización, con la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas» como enuncia el Protocolo Optativo de la Convención Relativo a la Participación de la Infancia en Conflictos Armados.
La manera en que Edgar fue expuesto por las autoridades ante los medios de comunicación, y la actuación de profesionales de la información, son violatorias de su derecho a la protección de los malos tratos, enunciado en el Artículo 19 de la CDN, y su derecho a la privacidad del Artículo 16 de este mismo instrumento jurídico, que además pone en riesgo su vida, entendida como el principio rector de supervivencia y desarrollo.
Además, en el Estudio de Violencia contra Niñas y Niños del Secretario General de Naciones Unidas llamó la atención sobre la violencia institucional, es decir aquella que es infligida por el Estado, y que a menudo sufre la adolescencia en conflicto con la ley.
En este sentido es que se plantea la detención de Edgar y también el posible desarrollo de su sentencia, si no se siguen estándares internacionales como las directrices de Riad y las reglas de Tokio, ambos instrumentos de Naciones Unidas que proveen a los países una guía acerca de respetar los derechos humanos de esta población.
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