El Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandó la inmediata liberación de las seis mujeres acusadas por el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Pérez, de haber cometido el delito de «homicidio en razón de parentesco» que criminaliza el aborto, incluido en el Código Penal del estado.
En un comunicado, la Secretaria General del Partido, Hortensia Aragón Castillo, exigió al gobernador de la entidad poner un alto a la persecución contra las mujeres y frenar los procesos que se siguen contra todas las que están denunciadas, procesadas, sentenciadas o encarceladas.
Aragón Castillo acusó al gobernador y a las autoridades judiciales de la entidad de mantener a las mujeres privadas de su libertad, valiéndose de su falta de conocimiento. De igual forma, el Partido manifiesta que las declararon culpables bajo engaños y sin brindarles una defensa legal adecuada.
La organización estatal en favor de los derechos de las mujeres «Las Libres» documentó que las seis jóvenes, de escasos recursos económicos y sin educación, que permanecen encarceladas y acusadas del delito de «homicidio en razón de parentesco» sufrieron en realidad un aborto espontáneo. (Cimacnoticias 13 agosto de 2010)
A su vez, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHEG) expresa que en los penales y centros de reclusión de la entidad no hay mujeres encarceladas por el delito de aborto, y que las acusadas cometieron violaciones al artículo 156 de la Constitución Política de Guanajuato.
De acuerdo con el comunicado, dicho artículo constitucional busca criminalizar a las mujeres, que por causas diversas se han visto orilladas a abortar, la mayoría de ellas luego de haber sido violadas y no contar con la ayuda legal adecuada por parte de las autoridades de salud y judiciales de la entidad.
El pasado 20 de agosto, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, presentó una propuesta para reformar el Código Penal del estado y reducir las penas por el delito de homicidio en razón de parentesco de 3 a 8 años de cárcel, ya que actualmente son de 25 a 35 años.
No obstante, el PRD considera que la iniciativa no es suficiente y evade el tema de fondo, que es la criminalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
De acuerdo con cifras proporcionadas por «Las Libres», 166 mujeres han sido denunciadas por médicos de hospitales públicos, otras 14 ya tienen un proceso penal en su contra, nueve han sido sentenciadas y 30 más fueron consignadas y están en espera de entrar a la cárcel. (Cimacnoticias 13 agosto de 2010).
Finalmente, Aragón Castillo resaltó que, contrario a los avances constitucionales que muchas de las leyes del país han tenido recientemente a favor de los grupos sociales más vulnerables, en Guanajuato se atenta contra los derechos fundamentales del ser humano.
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