A casi un mes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó otorgar medidas cautelares a 135 pobladores de San Juan Copala, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, (SG) se reunieron aquí con representantes de los beneficiarios y organizaciones que solicitaron las medidas.
Minerva Nora Martínez Lázaro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos (DH) Bartolomé Carrasco Briseño, una de las organizaciones peticionarias, destacó que durante la reunión, efectuada el viernes pasado, se acordó la presencia de observadores internacionales, a partir de la próxima reunión el 18 de noviembre.
En dicha reunión estarán presentes «por lo menos representantes de la oficina del Alto Comisionado, la SG se comprometió a invitarlos, al igual que a la Cruz Roja Internacional, la Brigada de Paz y el área que trabaja con desplazados, de la Organización de las Naciones Unidas (ACNUR)», abundó.
Nora Martínez dijo a Cimacnoticias que en el próximo encuentro con las autoridades de la SG, se conocerá si es aceptado el planteamiento integral de las propuestas para implementar las medidas cautelares, entre las que destaca el retorno de las familias desplazadas a San Juan Copala, bajo condiciones de seguridad y dignidad.
También se deberá asegurar el derecho a la justicia, a la residencia a la vivienda, alimentación, educación, salud y el libre tránsito de los habitantes de esa comunidad. Otro planteamiento es garantizar la seguridad de las mujeres, niñas y niños que se mantienen en plantón indefinido en el zócalo de Oaxaca, añadió.
En caso de que se registren nuevos hechos violentos contra simpatizantes del MULTI-Municipio Autónomo de San Juan Copala, existe el compromiso de que la SG enviará fuerzas federales, sin que eso signifique la militarización de la zona, sostuvo.
El 7 de octubre pasado, la CIDH solicitó al Estado mexicano implementar medidas cautelares para 135 pobladores de San Juan Copala y estableció que el 22 de octubre debería informar sobre las acciones tomadas. No obstante, fue hasta el pasado 5 de noviembre cuando se dio la primera reunión con los peticionarios.
La añeja violencia que enfrenta la zona triqui, llamó la atención nacional e internacional, el 27 de abril pasado, cuando fueron asesinados la defensora de DH, Beatriz Cariño y el activista finlandés, Jiry Jaakkola, cuando intentaban llegar con una caravana humanitaria a San Juan Copala.
En lo que va del año, han sido asesinadas 30 personas, tres de ellas mujeres y en septiembre pasado militantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) –una de las tres organizaciones sociales que se disputan el control en la zona- huyeron de San Juan Copala.
Aunque desde hace un mes no se reportan balaceras en San Juan Copala, la comunidad está desolada, no todos los pobladores han vuelto, ni los servicios educativos, de salud y seguridad se han reestablecido en la zona.
10/NA/LR/LGL
