A punto del colapso, justicia especializada para las guatemaltecas

El sistema de justicia especializada para las mujeres, que atiende los casos de feminicidio y otras formas de violencia basada en el género, podría estar colapsando, dijo Miriam Domínguez, defensora de los Derechos de la Mujer de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
 
De acuerdo con la entrevistada, el colapso de los juzgados especializados podría deberse a la magnitud de las denuncias recibidas desde su creación en 2008 hasta la fecha, pues la cultura de la denuncia, sobre todo en casos de violencia contra las mujeres, ha aumentado en los últimos años.
 
Según cifras del Ministerio Público (MP), las denuncias por el delito de violencia contra las mujeres recibidas en 2013 fueron 49 mil 879, un número similar al de los últimos cuatro años, sin embargo de esas estimaciones, los juzgados han logrado judicializar sólo 3 mil 278.
 
Avanzar en el fortalecimiento institucional y mejorar la atención especializada, sobre todo basada en las necesidades de las mujeres, se ha tornado difícil, particularmente por la escasa asignación presupuestaria, destacó la Defensora de la Mujer de la PDH.
 
La Institución del Procurador brinda acompañamiento a las víctimas de la violencia de género y recientemente la Dirección de Procuración contrató más psicólogas para fortalecer la atención primaria, es decir cuando las mujeres llegan en crisis por haber sufrido recientemente algún ataque, amenaza o agresión, añadió Domínguez.
 
Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reveló que el 90 por ciento de las denuncias por violencia contra las mujeres en América Latina quedan en la impunidad; la principal razón es porque las mujeres se autocensuran por temor a represalias de sus victimarios.
 
La Cepal también identificó la dependencia económica, la desconfianza en las autoridades de justicia y de seguridad, y el escaso nivel de atención institucional en idiomas indígenas, entre otros factores, como los que influyen directamente en la impunidad en ese tipo de delitos.
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó que el costo de la atención de la violencia machista cuesta a los Estados latinoamericanos unos 15 mil millones de dólares, lo que representa el 2 por ciento anual del Producto Interno Bruto (PIB) regional.
 
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