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A revisión del EPU, las violaciones a derechos reproductivos

Por Anayeli García Martínez
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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través del Examen Periódico Universal (EPU), tiene la responsabilidad de reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para que puedan acceder a métodos anticonceptivos y en caso de requerirlo, a la interrupción del embarazo.
 
A fin de que el EPU haga recomendaciones puntuales en estos temas, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) elaboró un reporte en el que expone que las mexicanas no acceden a anticonceptivos ni a la interrupción del embarazo, y advierte que son criminalizadas en caso de tener un aborto, así sea inesperado.
 
Rebeca Ramos, investigadora jurídica de GIRE, afirmó en entrevista que en 2009 los países que evaluaron la situación de los Derechos Humanos (DH) en México no hicieron recomendaciones sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, por tanto esperan que en octubre próximo los Estados den relevancia al tema.
 
Hace cuatro años tres países miembros de la ONU recomendaron al gobierno mexicano armonizar la legislación para evitar prácticas discriminatorias contra la población femenina, promover el acceso a servicios de salud, y trabajar para disminuir los índices de mortalidad materna, pero las recomendaciones fueron muy generales.
 
En esta ocasión GIRE hizo un informe alterno para que los países que se reunirán en Ginebra, Suiza, en octubre próximo, tengan elementos para recomendar a México armonizar la legislación penal, y en caso de ser posible que pidan la despenalización del aborto o por lo menos que exijan la ampliación de sus causales.
 
Esta organización civil expone que en México el aborto es un delito con exclusiones de responsabilidad, las cuales varían dependiendo de la entidad federativa. Esto, dijo la investigadora, deriva en que las mujeres sean criminalizadas según su lugar de residencia.
 
Desde 2007 el Distrito Federal es la única entidad que permite la interrupción legal del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación, y en todo el país se permite cuando el embarazo sea producto de una violación. No obstante Ramos acotó que no hay información que confirme que este derecho está garantizado.
 
El informe “Omisión e indiferencia”, también elaborado por GIRE, asienta que después de 2007 un total de 17 estados aprobaron reformas constitucionales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”.
 
Tras esas modificaciones, entre 2009 y 2011, 679 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto.
 
GIRE pretende evidenciar la criminalización del aborto y hacer evidente la necesidad de que México reorganice su legislación penal para evitar más mujeres presas por aborto.
 
Ramos mencionó que aunado al derecho a decidir sobre la maternidad, en su reporte ante el EPU la organización expone que en México el acceso a servicios e información de anticoncepción es precario e insuficiente, un tema que resulta preocupante en especial en los casos de adolescentes.
 
De acuerdo con la investigación, la falta de acceso a información objetiva, veraz y oportuna para adolescentes y sectores de la población en situación de mayor riesgo de violación a sus derechos, como es el caso de las mujeres indígenas, es preocupante y se debe atender.
 
Los datos oficiales indican que para 2009 la cobertura anticonceptiva se elevó a 72.5 por ciento entre todas las mujeres unidas, pero fue sólo de 58.3 por ciento entre mujeres indígenas; de 63.7 en mujeres de zonas rurales, y de 60.5 por ciento entre mujeres sin escolaridad.
 
La falta de acceso a métodos de control natal y el trato de los prestadores de los servicios de salud, que en muchas ocasiones piden que se llenen formas o que se acuda a consultas médicas antes de ofrecer los anticonceptivos –refirió la experta– hacen que las y los jóvenes no regresen, y por tanto que ejerzan la sexualidad sin protección.
 
Esto deriva en que, según estimaciones basadas en datos del Inegi, en 2010 se presentaran 11 mil 682 casos de niñas entre 10 y 14 años de edad con un hijo; de estas niñas 244 tenían 10 años.
 
Con esta información, GIRE asegura que una recomendación deseable sería que el gobierno mexicano garantice que todas las personas tengan acceso sin discriminación a la información y servicios de anticoncepción, especialmente las personas adolescentes y las indígenas, quienes afrontan mayor riesgo.
 
Rebeca Ramos sostuvo que esta es una oportunidad para que Naciones Unidas ponga atención en un tema que aún causa polémica a nivel internacional, como lo es la salud reproductiva.
 
13/AGM/RMB

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