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A solidarizarse con víctimas de abuso y violencia, llama la CDHDF

Por la Redacción

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo un llamado a la reflexión, acción y solidaridad con todas aquellas mujeres del mundo que día a día son víctimas de abuso y violencia.

En un comunicado, hizo ver que la violencia de género es tal vez la violación más vergonzosa contra los derechos humanos; mientras exista, no podremos afirmar que estamos logrando progresos hacia la igualdad, el desarrollo y la vigencia de las garantías individuales.

En algún momento de su vida más de la mitad de las mujeres latinoamericanas han sido objeto de agresiones en sus hogares. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 33% fue víctima de abusos sexuales entre las edades de 16 y 49 años, mientras el 45% recibió amenazas, insultos y la destrucción de objetos personales.

La violencia contra la mujer es un antiguo mal que ya adquiere nuevas dimensiones en el siglo XXI, siendo una de las más alarmantes el tráfico de mujeres y niñas, crimen organizado de más rápido crecimiento a escala mundial.

De acuerdo con el secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se estima que más de 700 mil personas son traficadas anualmente para fines de explotación sexual. Muchas de ellas son víctimas de violencia y todas víctimas de abusos contra los derechos humanos.

Además de las formas establecidas, hay nuevas formas de explotación, tales como el turismo sexual y la contratación de trabajadoras domésticas de países en desarrollo, entre otras. Estas prácticas son incompatibles con la igualdad de derechos y con el respeto a los derechos y la dignidad de las mujeres, que a la vez las ponen en situaciones especiales de riesgo de sufrir violencia y malos tratos, precisó la comisión.

A nivel mundial, las estimaciones más precisas sobre violencia de género muestran que al menos: Una de cada cuatro mujeres sufre violencia doméstica; 25% sufre una violación o intento de violación; 25% de las niñas es objeto de algún tipo de intromisión en su intimidad durante la infancia; otro porcentaje igual de las mujeres es acosada sexualmente en el trabajo o en espacios públicos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 48 encuestas realizadas en todo el mundo, entre 10% y 69% de las mujeres indicó haber sido objeto de agresiones físicas por parte de una pareja masculina en algún momento de sus vidas.

El Diagnóstico de la “Situación de los Derechos Humanos en México”, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señala una serie de propuestas en torno a la violencia de género, entre las cuales destacan:

Promover la incorporación de los preceptos de las convenciones internacionales (CEDAW y Belém Do Pará) en la legislación nacional y local, así como su debido cumplimiento.

Proteger el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Realizar los cambios necesarios para adoptar una legislación general sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, con el propósito de igualar los derechos de las mujeres en esta materia en todo el territorio nacional.

Incorporar además, la perspectiva de género en las políticas, los programas, los presupuestos y la gestión de instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado mexicano.

Utilizar todos los recursos disponibles del Estado mexicano para investigar a fondo los asesinatos y los secuestros de mujeres ocurridos en el estado de Chihuahua y procesar a sus autores.

Desde 1981, el mundo observa el 25 de noviembre como el Día Contra la Violencia Hacia la Mujer, en conmemoración del terrible asesinato que ocurrió en República Dominicana en la misma fecha del año 1960, contra las tres hermanas Miraval: María Teresa, Patricia y Minerva, quienes animadas por el ejemplo de la lucha cubana organizaron la lucha anti-Trujillista para devolverle la libertad a su patria. Estas mujeres fueron violadas y asesinadas brutalmente.

Aunque en julio de 1981, en Bogotá, Colombia, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se señaló el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la No Violencia a la Mujer” como fecha especial para reconocer, denunciar, divulgar y reflexionar sobre la violencia que afecta a las mujeres.

Es el 17 de diciembre de 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 54/134, declara esta fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo los preceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos).

De acuerdo con esos instrumentos internacionales, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que le inhibe gravemente la capacidad para ejercer sus derechos y libertades en igualdad con el hombre.

La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales, constituye discriminación, tal como se entiende en el Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Las actitudes tradicionales, según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas, perpetúan la difusión de prácticas que entrañan la violencia, los malos tratos de la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión femenina. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protección o dominación.

El efecto de la violencia sobre la integridad física y mental de la mujer la priva del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Las consecuencias de estos actos contribuyen a mantener a la mujer en un papel subordinado, a su escasa participación en política y a su nivel inferior de educación, capacitación y oportunidades de empleo.

2004/SM

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