Los países con más altas tasas de Muerte Materna (MM), y aquellos que por su densidad poblacional, tienen un mayor número de casos de muerte y morbilidad evitable en América Latina, se comprometieron a asumir este tema como una prioridad en sus agendas.
Durante la Conferencia regional sobre MM: «Romper el silencio, sumar nuestras voces», realizado en Lima, Perú en mayo de este año, mujeres líderes de 13 países latinoamericanos, incluido México, se comprometieron a darle visibilidad a un problema que ?dijeron? debería de incluir a toda la sociedad.
La declaración final de la conferencia consideró que la mortalidad materna era una expresión de discriminación, injusticia y violencia, que, aunada al insuficiente reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no permitía el pleno goce del derecho a la salud de ellas.
Ante esto, las mujeres líderes originarias de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, se comprometieron a contribuir a la movilización de recursos financieros provenientes del sector público, privado y de la cooperación internacional para reducir la mortalidad materna.
Esto porque aseguraron que el problema de la mortalidad materna no podía atribuirse sólo a la falta de recursos, sino a la dispersión de los mismos y/o uso ineficiente.
Señalaron que existen recursos disponibles que no llegan a transformarse en políticas integradoras bajo la autoridad sanitaria ni en servicios de salud de calidad, por tanto era necesario que la sociedad exigiera gobernabilidad en este tema.
Convocadas por el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna (GTR), una organización que desde 1988 coordina esfuerzos en torno a las prioridades en la salud regional, expresaron su preocupación porque las marcadas disparidades, se reflejan en inequidades de la salud materna.
Las mujeres líderes acordaron sumar esfuerzos para garantizar un acceso universal a servicios de salud de calidad, que asegure un trato digno a las personas, así como hacer énfasis en el tema de la educación sexual integral en todos los niveles educativos y promover la capacitación de los proveedores de salud.
Uno más de los consensos fue impulsar un abordaje integral de la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres y en el caso del aborto, señalaron la importancia de insistir en que éste tema debía ser un acto libre que fuera más allá del ordenamiento jurídico de cada país.
Destacaron que las iglesias constituyen un obstáculo importante para avanzar en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en la región. Sin embargo, también consideraron la posibilidad de sensibilizar e involucrar a los representantes locales de las iglesias, estableciendo alianzas estratégicas a favor de la reducción de la mortalidad materna.
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