Este 25 de agosto se cumple un año del homicidio de 52 personas en el Casino Royale de Monterrey, perpetrado por un grupo de maleantes a plena luz del día.
La impunidad ha sido el signo de esta tragedia. Ni el dueño del local ni funcionario alguno se encuentran presos, ni con visos de que ello ocurra, a pesar de complicidades, colusiones y corrupción evidentes.
Eran alrededor de las 15:45 horas de ese jueves cuando entraron varios sujetos armados cargando botes de plástico con gasolina que empezaron a regar por todas partes.
Ante la sorpresa de más de un centenar de personas que se encontraba en el lugar, uno de los delincuentes gritó: «Ya se los cargó la?», al tiempo que empezaban a aventar cerillos, propagándose el fuego en segundos.
Las personas empezaron a correr por todas partes y buscar salidas de emergencia que no encontraron. El personal de seguridad del Casino en lugar de facilitar una salida rápida exigió a gritos a los clientes: «¡Quítense los chalecos! ¡Entreguen las cangureras!». Y les obstruyó el paso.
Una de las puertas laterales, que era el acceso de empleados, duró unos momentos abierta y luego fue cerrada por los elementos de seguridad invitando a la gente a que saliera por el frente, precisamente donde se originaba el fuego.
Allí adentro se encontraba mi sobrino Brad Xavier Muraira Pérez, de apenas 18 años, quién murió fatídicamente en ese lugar. Llegó en compañía de su madre, mi prima Samara Pérez Muñiz, quienes al ingresar se separaron momentos antes de la agresión.
En cuanto inició el incendio, Samara corrió en búsqueda de su hijo al área VIP a donde él se había dirigido. Allí le gritó sin cesar buscándolo hasta donde le fue posible, y luego intentó protegerse del fuego tras una barra de venta de bebidas.
Observó que uno de los empleados abría una puerta que decía «sólo para empleados» y por allí salió corriendo.
Apenas un cliente encontró en la huída, todos los demás eran empleados mientras que el personal de seguridad cerraba de nueva cuenta la puerta. De los ductos de ventilación empezó a aparecer un humo negro sofocante.
Afuera todo mundo corría sin dirección alguna. Samara al salir buscó a su hijo entre las personas que huían del lugar; se dirigió al estacionamiento donde ambos habían dejado su automóvil con la esperanza de encontrarlo ahí.
Regresó a la puerta del Casino intentando ingresar de nueva cuenta y no se lo permitieron. Corría por todas partes gritando mientras la agolpaba un fuerte presentimiento de tragedia.
Empezaron a llegar ambulancias para atender a los heridos. Un camión de bomberos trataba de sofocar el fuego y auxiliar a los atrapados, pero carecía de escalera larga para bajar a la gente que estaba en el techo.
Ella siguió dando vueltas para intentar entrar al Casino hasta las siete de la noche, mientras observaba que el local se convertía en ruinas. Ante la ausencia de salidas de emergencia tuvieron que hacer boquetes en la parte de enfrente y lateral mientras se escuchaban cada vez menos gritos de auxilio.
Una persona detuvo a Samara Pérez y le recomendó irse a su casa, mientras otros familiares hacían guardia en espera de noticias. Lo empezó a buscar en hospitales y en casa de amigos, sin resultado alguno.
Horas más tarde, en la madrugada, le dieron la fatídica noticia que había sido encontrado el cuerpo inerte de su hijo Brad. Inició a partir de ese momento una pesadilla para ella y 51 familiares más quienes perdieron a sus madres, padres, hermanos, hijos, amigos.
Fueron 42 mujeres y 10 hombres los fallecidos de esa manera tan cruenta.
A partir de ese momento tanto el gobierno estatal como el federal han eludido responsabilidades en la emisión del peritaje, pago de indemnizaciones y aplicación de sanciones penales a funcionarios.
El lugar funcionaba a pesar de las graves irregularidades en materia de seguridad, sin salidas de emergencia y material altamente flamable. Sigue la impunidad imperando.
*Abogado y académico, especialista en temas de justicia, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del DF.
Correo: [email protected]
Twitter: @Manuel_FuentesM
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