En abril de 2005, la abogada colombiana Mónica Roa pidió a la Corte Constitucional de su país declarar inconstitucional el artículo 122 del Código Penal, que considera que abortar es un delito en cualquier circunstancia. Su gesto desató un debate nacional sin precedentes, amén de ser amenazada y acusada de genocidio.
Mónica no ha vuelto a recibir amenazas contra su vida, como sucedió en un principio. Pero hace dos meses, alguien entró en su casa y le robó su computador y su agenda electrónica. En un encuentro en el Concejo de Medellín fue acusada por miembros del auditorio de ser «enviada de las multinacionales de la muerte». En un foro realizado la semana pasada en Bogotá le ocurrió algo que la asustó mucho.
El auditorio y el panel estaban compuestos mayoritariamente por defensores de la penalización. Muchos de ellos llevaban colgados chupetes de bebé del cuello. Sus dos colegas de panel utilizaron fotos de fetos en formación para explicar cómo con el aborto se acababa una vida humana, de acuerdo con el portal Mujereshoy.
Hasta ahí todo iba bien. Pero no se limitaron a eso. Al mostrar cada foto decían: «Esta es la señora Mónica Roa a las tantas semanas de gestación, que está aquí gracias a que no abortó». Y así sucesivamente. Luego, en la sesión de preguntas fue acusada varias veces de «promover la masificación del aborto y el genocidio de niños».
«Por eso me siento insegura. Los ánimos se están fundamentalizando», dijo Roa a la revista colombiana Semana. Tengo miedo de las personas radicales que sienten que lidero un proceso que se tiene que parar como sea».
Aunque no es la primera vez que en Colombia alguien busca despenalizar la interrupción del embarazo en casos extremos -cuando es producto de una violación, cuando la vida de la madre corre peligro o cuando las malformaciones del feto son tales que no podrá sobrevivir durante más de unos días- por primera vez existe una posibilidad real de lograrlo.
Por eso, el debate que se ha desatado alrededor del tema, y que en el pasado se había circunscrito a un debate entre los jerarcas de la Iglesia y las feministas, ha alcanzado una dimensión nacional sin precedentes.
REACCIONES
La semana pasada, el presidente Álvaro Uribe se manifestó públicamente sobre el tema al anunciar que la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) no obligaba al gobierno a despenalizar el aborto. En respuesta, un día después, el editorial de El Tiempo rechazó categóricamente su pronunciamiento: «Uribe no es sólo el mandatario de los católicos que rechazan el aborto, sino de todos los colombianos».
El diario El Espectador no se quedó atrás. La semana pasada invitó al estreno de la película Vera Drake, la historia de una mujer condenada en Inglaterra por practicar abortos clandestinos a mujeres pobres y desesperadas. El viernes fue el turno del diario conservador El Nuevo Siglo, el que dedicó su editorial a defender tanto la vida del feto como la injerencia de la Iglesia Católica en los asuntos nacionales.
Entre los columnistas el debate ha ido creciendo como espuma y no se ahorran adjetivos. En Semana.com, las abogadas Isabel Cristina Jaramillo y Helena Alviar alegaron que encarcelar a una mujer por abortar violaba el derecho a la igualdad. En el mismo medio, el científico Antonio Vélez escribió: «Una personita, dicen los que están a favor de penalizar el aborto, para conmovernos.
«¡Cuál personita! Un conglomerado simple de células. Para llegar a poseer un mínimo de lo que llamamos humanidad, es necesario que aparezca la complejidad programada en el ADN… Y ésta no se logra sino varias semanas después de la fecundación».
En contraposición, el columnista y experto en derecho internacional Rafael Nieto Loaiza ha escrito dos columnas en El Tiempo criticando desde el ámbito del derecho internacional la estrategia de la abogada Roa, a la que califica de un montaje que asalta la buena fe de los colombianos.
«La trama está descubierta. Ahora lo que debe darse es la discusión seria: si es lícito y ético el aborto voluntario, o si debe defenderse la vida». El columnista también defiende que la discusión sobre el aborto se dé en el Congreso, que es el escenario por excelencia de la democracia, y no en los tribunales.
No pasaron tres días para que la columna de Nieto Loaiza fuera duramente respondida. La periodista Marianne Ponsford se vino lanza en ristre: «Creo que ha llegado la hora de dejar de querer tanto a los fetos del mundo y comenzar a amar más y mejor a los millones de niños que malviven y sufren en nuestro país», dijo Ponsford en su columna Los lapsus de Nieto Loaiza.
El debate se ha trasladado a las aulas universitarias, a los foros y a las calles. Los 28 de cada mes, las organizaciones de mujeres hacen un plantón en diferentes parques de Bogotá para exigir la despenalización. En las altas esferas del Estado hay todo, menos consenso.
A raíz de la demanda de la abogada Roa, la Corte Constitucional pidió conceptos a las principales entidades relacionadas con el tema. Las opiniones fueron de un extremo a otro. Desde la sorprendente -por poco técnica- postura del Ministerio de Protección Social, que comparó el aborto con «la pena de muerte del ‘nasciturus’ por culpa que no tiene» y con «someter al ser más indefenso y pasivo a la desaparición forzada», hasta la Procuraduría, que abogó por la despenalización en casos extremos. En fin, pocos temas en Colombia han suscitado un debate tan apasionado.
LA PELEA JURIDICA
El 14 de abril de 2005, Mónica Roa le pidió a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, que considera que abortar es un delito en cualquier circunstancia. Roa alega en su demanda que castigar a una mujer por interrumpir su embarazo cuando se encuentra en peligro su vida o su salud, cuando el embarazo es el resultado de una violación, y/o cuando el feto sufre una malformación incompatible con la vida extrauterina viola el derecho a la igualdad, a la vida, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de las mujeres.
El fundamento jurídico de su demanda son las recomendaciones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Estos comités, encargados de monitorear el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por Colombia -como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana, entre otros-, han recomendado en reiteradas ocasiones al gobierno de Colombia despenalizar el aborto por ser la tercera causa de mortalidad materna en el país.
Roa está convencida de que tiene grandes posibilidades de ganar. Lleva varios años preparándose para que así sea. Roa trabaja con Women’s Link Worldwide (WLW), una organización no gubernamental (ONG) internacional dedicada a fomentar el uso del litigio estratégico en favor de los derechos de las mujeres. Es decir, a utilizar las Cortes para promover el cambio social.
Roa viajó a varios países para investigar qué tipo de estrategias habían sido efectivas con los jueces para promover los derechos sexuales y reproductivos. Luego estudió a fondo la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los tratados internacionales firmados por Colombia. Habló con abogados, con grupos de mujeres, con periodistas y con sociólogos para definir el curso más inteligente para tumbar la prohibición penal.
«En ese sentido es estratégica la demanda. Une a diferentes personas que están trabajando el tema alrededor del proyecto de la demanda. Es como una obra de teatro: cada uno juega un rol diferente en una sola obra», dijo Roa a Semana.
La Corte Constitucional deberá decidir antes del 12 de diciembre si despenaliza el aborto en casos extremos, cuando la vida de la mujer está en peligro o el embarazo es producto de una violación. Si lo despenaliza en estos casos, como lo pidió recientemente el Procurador Edgardo Maya, Colombia dejará de estar entre el 0.4 por ciento de países del mundo con una legislación tan restrictiva.
Varios grupos de feministas que apoyan a Roa abogan por la despenalización total del aborto. Católicas por el Derecho a Decidir se han encargado de dar el debate desde la perspectiva religiosa. Varios médicos han esgrimido el argumento de la salud pública. ONG internacionales, como Human Rights Watch, han argumentado que la penalización viola los derechos humanos.
La prestigiosa Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Yale, así como el grupo de derecho de Harvard, presentaron argumentos de derecho comparado. Y hasta un reconocido centro de investigación médica, el Instituto Alan Gutmacher, con sede en Nueva York, intervino durante las audiencias ciudadanas en la Corte con el argumento de que en los países donde se ha liberalizado el aborto éste tiende a disminuir en el mediano plazo.
EL ABORTO EN COLOMBIA
El aborto es un problema de salud pública en Colombia. Según todos los expertos, se genera fundamentalmente por los abortos inseguros realizados
clandestinamente para evitar terminar en la cárcel. El Ministerio de Protección Social calcula que en Colombia ocurren entre 200 mil y 400 mil abortos inducidos por año. La mayoría son practicados por mujeres de escasos recursos, casadas y con hijos.
Para Ana Cristina González, ex directora de Salud Pública del Ministerio de Protección Social, y autora de La situación del aborto en Colombia: entre la ilegalidad y la realidad, la despenalización resulta en descensos inmediatos en la mortalidad de las mujeres.
«En Carolina del Norte (Estados Unidos) la mortalidad materna debida al aborto inducido se redujo casi en 85 por ciento en un período de cinco años una vez que el aborto fue despenalizado. En cambio, en Rumania, la política prenatal del régimen de Ceaucescu resultó en su momento en la tasa más alta de mortalidad materna en todo Europa», afirma González en su documento.
¿Por qué debe ser más importante la vida del feto que la de la mujer? ¿Por qué una mujer violada está obligada a cargar con el hijo del victimario en su vientre? ¿Acaso no es escalofriante que una mujer tenga que dar a luz un bebé con todo tipo de malformaciones a sabiendas de que se va a morir en los próximos días?
El debate en torno del aborto debe darse con menos fundamentalismos y más argumentos. Hoy por hoy, el aborto no es sólo un problema grave de salud pública, sino la única causa prevenible de mortalidad materna. La legislación colombiana en esta materia está en espera de ponerse a tono con la internacional que respeta los derechos de la mujer. Colombia no puede seguir haciendo parte del puñado de países del mundo que lo prohíben en su totalidad. Hasta Irán, uno de los países más represivos contra la mujer, acaba de legalizar el aborto en circunstancias extremas.
05/MR/YT
