La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atrajo el caso de Jessica Lenahan, víctima de violencia familiar, y cuestionó la ineficaz respuesta del sistema judicial de Estados Unidos ante la «epidemia» de maltratos, golpes y homicidios que sufren las mujeres en ese país.
Tan sólo en 2005, 9 millones de mujeres fueron víctimas de la violencia doméstica en Estados Unidos.
El de Jessica se convirtió en el primer caso individual de violencia doméstica en Estados Unidos en ser abordado por organismo internacional de derechos humanos, informó Women eNews.
El caso de Jessica, conocido como el crimen de Castle Rock, tuvo su punto álgido en Colorado, en junio de 1999, cuando su ex esposo Simon González mató a las hijas de ambos: Rebecca, de diez años, Katheryn, de ocho, y Leslie, de siete años, después de haberlas secuestrado.
Jessica había requerido una orden de restricción en contra de González, para que permaneciera lejos de ella y sus hijas, pero no le fue otorgada y él tenía permitido pasar tiempo alternado de fines de semana con sus hijas y una cena durante la semana.
La ley de Colorado establece el arresto policiaco de cualquiera que viole cualquier orden de restricción, pero los oficiales «no respondieron a las innumerables y repetidas solicitudes de arrestar a González».
Después de descubrir que sus hijas no estaban en su casa, Lenahan buscó ayuda y llamó a la policía a las 18:00 horas del 22 de junio de 1999. Dijo a la policía que su ex esposo tenía a sus hijas.
Las evidencias revelaron que González mató a sus hijas horas antes de que arribara a la estación de policía, pues fueron encontradas muertas a las 3:20 de la mañana.
Lenahan sostiene que la policía debió de haber intervenido para evitar los asesinatos. Por eso, en el año 2000 demandó al Departamento de Policía de Castle Rock por 30 millones de dólares y demandó también a tres de sus oficiales, alegando que ellos violaron su derecho de proceder con relación a esa orden de restricción.
La Corte del Distrito desechó su caso, pero en la apelación el Circuito Décimo sostuvo que, por mandato, la ley de Colorado da la provisión de arrestar, aún en su propiedad, al acusado.
Pero cuando Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos revisó el caso, argumentó que la decisión de Circuito Décimo «pudo poner en bancarrota al gobierno municipal».
En junio 5 del 2005, de acuerdo con una decisión de 7 a 2 escrita por el juez Antonio Scalia, la Suprema Corte de Justicia del país sostuvo que los derechos de Lenahan no habían sido violados, porque ella no tenía un derecho personal sobre la policía para hacer cumplir la orden de restricción.
RUMBO A LA CIDH
Fue la abogada de Jessica quien llevó al terreno internacional el caso, después de exhaustivas acciones legales obtener justicia. Antes había interpuesto el juicio en contra del Departamento de Policía de Colorado, por suspender y no hacer respetar una orden de restricción para su ex esposo.
Nosotros solicitamos al sistema judicial de Estados Unidos ser escuchados antes de que la Comisión Interamericana diera a Jessica la oportunidad de decir su historia al mundo, pero eso nos fue negado, dijo la abogada Caroline Bettinger-López, parte del equipo legal que representa a Lenahan.
Bettinger-Lopez dijo que las y los abogados pedirán a la CIDH cargos contra el gobierno de Estados Unidos por violación de los derechos humanos de Jessica y por la violación de derechos que sufren otras mujeres.
«Queremos que la Comisión considere la epidemia de violencia doméstica en el país y la inadecuada respuesta del gobierno a esto», dijo la abogada.
«Esperamos que la Comisión escuche y determine no sólo investigar el caso de Jessica y falle a su favor, sino que también actúe diligentemente en la prevención de estos actos en los Estados Unidos e investigue la violencia doméstica, proteja a las víctimas y sus hijas e hijos. Que compense a las víctimas y las respuestas sean inmediatas cuando estén en peligro».
En 2001, la CIDH atendió un caso parecido al de Jessica: el ocurrido a Maria da Penha Fernandez, en Brasil.
El caso de Lenahan atraerá el tema de que la obligación afirmativa en Estados Unidos debe de proteger a las víctimas de violencia doméstica. La decisión de la CIDH sobre este caso se espera para finales del 2007.
Sin embargo, la agencia de noticias de mujeres Womens eNews, precisa que debido a que los Estados Unidos no ha firmado la Convención Americana de Derechos Humano, cualquier decisión de la CIDH «no será cumplida».
Ante ello, la CIDH probablemente recomiende ayuda para Lenahan o sugiera cambios en las leyes de violencia doméstica y en las políticas en los Estados Unidos.
Bettinger-Lopez cree que Estados Unidos no tomará en serio a la CIDH y que las recomendaciones no serán cumplidas.
Pero será de gran importancia el consenso internacional que se genere en contra de la violencia doméstica, como una violación a los derechos humanos. Como sea, Bettinger-López dijo: «Esperamos ganar en la corte con la opinión publica».
Mientras tanto, la CIDH podría recibir más solicitudes para atraer casos de violencia doméstica. Dianne Post, de Phoenix, Arizona, una abogada que ha trabajado durante 30 años con mujeres, niñas y niños maltratados, prepara una petición para que acepte el caso de al menos 15 víctimas, que alegan haber sido dañadas por lo que ella llama «la política y práctica de otorgar custodia a abusadores y molestadores».
En ello coincide la abogada Joan Zorza, también dedicada a casos de violencia doméstica. «En realidad, los jueces ignoran evidencias documentadas de esposos que abusan, diciendo que son irrelevantes en caso de custodia», dice Zorza.
Dianne Post cree que el caso de Jessica Lenahan ayudará a prepara el terreno para argumentar que los Estados Unidos no atiende adecuadamente la violencia doméstica y para enviar un mensaje al gobierno federal de que al final es responsable por los problemas de divorcio y custodia.
07/LPB/GG
