El martes 21 de noviembre, la Cámara de Diputados declaró inadmisible el proyecto para despenalizar el aborto en las primeras doce semanas de gestación, presentado por René Alinco, del Partido por la Democracia (PPD) y Marcos Henríquez-Ominami, del Partido Socialista (PS).
Ambos diputados pertenecen a la Concertación de Partidos por la Democracia, alianza que está en el gobierno. Sin embargo, la iniciativa no contó con el respaldo de este pacto político y ni siquiera entró a la discusión parlamentaria, porque 61 votos de la Concertación se lo impidieron.
Días antes de que el proyecto fuera presentado en el congreso, 61 diputados anunciaron el nacimiento de la «bancada por la vida», alianza transversal que une a parlamentarios de derecha y de izquierda que tienen visiones comunes en ciertos temas llamados «valóricos», como la discusión del aborto o de la eutanasia.
En esta bancada hay diputados de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), colectividades que integran la Concertación.
El diputado René Alinco aclara que «21 votos a favor de discutir el tema no es un fracaso, nosotros esperábamos menos, después de que toda la gente se nos vino encima».
Sobre sus compañeros de pacto, que ya advirtieron no estar dispuestos a discutir el tema, Alinco argumenta: «son tipos retrógrados, son los mismos que se negaban años atrás cuando la mujer pedía tener participación política».
El diputado cree que Chile debe legislar al respecto y por eso, junto a Henríquez-Ominami, nuevamente llevará una iniciativa al Congreso, esta vez para despenalizar el aborto terapéutico y también la interrupción voluntaria del embarazo cuando éste sea producto de una violación o de una relación incestuosa y cuando el feto tenga una malformación que le impida vivir fuera del vientre materno.
Chile es uno de los tres países de América Latina, junto a El Salvador y Nicaragua, que penaliza el aborto en cualquier circunstancia. Las mujeres que interrumpen su embarazo pueden ir a la cárcel, de tres a cinco años.
No obstante, el castigo no impide que en Chile se realicen más de 150 mil abortos clandestinos al año. Esta es una cifra bastante alta si se considera que el país tiene 15 millones de habitantes y que Francia, por ejemplo, donde la interrupción voluntaria del embarazo es totalmente legal, registra 140 mil al año.
El aborto terapéutico existió en Chile hasta 1989, año en que la dictadura de Augusto Pinochet se encargó de derogarlo antes de abandonar el poder.
¿Y LA CIUDADANÍA?
En el país hay agrupaciones católicas y conservadoras que hacen un trabajo muy fuerte para evitar la despenalización del aborto. Una de ellas es Chile Unido, que alienta a las mujeres que no quieren llevar adelante su embarazo a entregar los niños y niñas en adopción.
A propósito del proyecto de Alinco y Henríquez Ominami, Chile Unido afirma en su sitio Web que «Chile está enfrentando hoy una baja de la natalidad muy importante (1,9 hijos por mujer) menor incluso a la mínima de reposición que es de 2,1 hijos promedio. Por lo que las políticas públicas debieran ir a reforzar los nacimientos y no a disminuirlos aún más».
Sin embargo, no toda la sociedad se preocupa tanto por la tasa de natalidad. Según un estudio de la Corporación Humanas y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, publicado hace unas semanas, 75 por ciento de las chilenas mayores de 18 años están de acuerdo con despenalizar el aborto terapéutico. El porcentaje sube a 70,9 cuando se trata de permitir la interrupción del embarazo si es producto de una violación.
Estos resultados coinciden con la Segunda Encuesta Nacional de Opinión Pública de la Universidad Diego Portales, también publicada en noviembre, que sostiene que 66,7 por ciento de los chilenos y chilenas está dispuesto a normar el aborto cuando la vida de la madre está en peligro o en caso de violación.
Adriana Muñoz, coordinadora de la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLC), destaca que «estas encuestas de opinión, que han ido mostrando una tendencia a mayor apertura, son significativas para comprobar que no vivimos en un país poco tolerante y conservador, sino que más bien estamos gobernados por una clase política poco tolerante y conservadora, y que nuestras instituciones también son así».
Sobre los motivos que llevan a la clase política chilena a evadir el tema, Muñoz explica que «el gran rol de censura y oscurantismo lo coloca la Iglesia Católica y todo el séquito de organizaciones y partidos confesionales que la rodean».
«Esta Iglesia, cuya imagen durante la dictadura fue muy potente en defensa de los derechos humanos, hoy recibe, a cambio, un incondicional apoyo de muchos sectores de la población. Y el gobierno se resiste a ir en contra de ello, en consideración al gran costo político al que tendría que enfrentarse este poder fáctico que se erige como nuestro conductor moral y «valórico», puntualiza Adriana Muñoz.
¿QUIÉNES PIERDEN CON LA DESPENALIZACIÓN?
El Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos publicó una carta de apoyo a la iniciativa parlamentaria de despenalización del aborto, en al cual expresa que «miles de mujeres abortan cada año en Chile, la mayor parte en condiciones de riesgo y con peligro de ser denunciadas y encarceladas».
El foro también hace hincapié en que la penalización afecta principalmente a las pobres. El diputado Alinco coincide con esta visión y recalca que «la gente que tiene dinero no tiene problemas para realizarse un aborto en las mejores condiciones; en cambio, el dilema está cuando una mujer no tiene recursos».
Son las pobres las que tienen el riesgo de fallecer, porque aún cuando «la mortalidad materna por aborto ha ido disminuyendo en el país, sin duda siempre podrá morir una mujer por un procedimiento de este tipo, en especial aquellas que acuden a practicantes no capacitados, que las atienden en condiciones totalmente insalubres», aclara Adriana Muñoz.
Y continúa: «una mujer que muera por aborto clandestino ya es un exceso en la medida en que es una muerte prevenible».
07/JO/GG
