Aborto legal, fuera del alcance de muchas mujeres en Colombia

Marleny tenía apenas 10 años cuando fue víctima de violación colectiva por miembros de un grupo armado en 2011. Aunque quedó embarazada a causa de la violación, pudo interrumpir la gestación de manera segura y lícita.
 
Marleny (seudónimo) vive en Colombia, donde, a diferencia de muchos otros países de la región, se reconoce a mujeres y niñas el derecho a obtener un aborto luego de una violación.
 
En cambio, si hubiera vivido al otro lado de la frontera, por ejemplo en Ecuador, Marleny, que todavía era una niña, habría tenido que tomar la dolorosa decisión de optar entre tener un hijo producto de una violación o recurrir a un aborto inseguro, con grave riesgo para su vida.
 
Hace 10 años de que la Corte Constitucional (CC) de Colombia declaró inconstitucional las condenas penales para las mujeres y niñas que recurren a abortos, no sólo cuando sean víctimas de violación, sino también cuando su vida o su salud esté en riesgo, o en casos en que se detecte una malformación del feto que lo haga inviable.
 
Human Rights Watch (HRW) apoyó este histórico fallo, dictado en una causa iniciada por defensoras de derechos de las mujeres de la organización Women’s Link Worldwide, y contribuyó presentando un “amicus curiae” sobre el tema.
 
HRW solicitó a la Corte que adecuara la legislación colombiana a lo establecido por el derecho internacional, que reconoce que restringir el acceso de las mujeres al aborto puede vulnerar sus Derechos Humanos (DH).
 
En los 10 años transcurridos desde el pronunciamiento, mujeres y niñas como Marleny han estado –formalmente– en condiciones de acceder a un procedimiento seguro y lícito.
 
No obstante, en la práctica, hay muchos otros obstáculos que frustran significativamente esta posibilidad. Entre estos se incluye la exigencia de que las víctimas de abortos presenten una denuncia penal y, en ocasiones, los intentos para disuadir a las mujeres de abortar por parte de funcionarios. Para que la sentencia de la CC sea plenamente efectiva, estos obstáculos deben ser eliminados.
 
Actualmente, se encuentra en el Congreso de Colombia un proyecto de ley, presentado por el ex fiscal general de la Nación, que despenalizaría completamente el aborto durante las primeras 24 semanas de gestación.
 
La congresista Angélica Lozano tiene previsto plantear un proyecto similar durante los próximos meses, con algunas leves modificaciones.
 
Ambos proyectos eliminarían algunos de los obstáculos institucionales que limitan el acceso a este procedimiento, dado que las mujeres y niñas ya no tendrían que probar que sus embarazos cumplen con los requisitos para las excepciones legales vigentes, y a la vez, ayudarían a garantizar que los servicios de aborto puedan ser usados de manera segura cuando se necesiten.
 
Hoy deberíamos reflexionar sobre las numerosas vidas de mujeres y niñas que se salvaron en los 10 años cumplidos desde la sentencia. Aun así, es mucho más lo que puede y debería hacerse para proteger sus derechos.
 
*Este artículo fue retomado del portal de Human Rights Watch.
 
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