El abuso sexual debe alcanzar penas equiparables al homicidio, consideró el director de la Clínica de Adolescentes del Instituto Nacional de Perinatología, Juan Manuel Grosso Espinosa, tras afirmar que a las víctimas, además de los daños irreparables emocionales, psicológicos y físicos, les asesinan el alma.
Expuso lo anterior hoy, durante la puesta en marcha de la Campaña contra la Explotación Sexual Comercial Infantil: ¡Simplemente, no lo aceptamos!, organizada por la CDHDF y organizaciones de la sociedad civil.
En su momento, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza Longoria, denunció que la explotación sexual comercial infantil es un problema en el que tienen que ver diversos factores como familias disfuncionales o violentas, maltrato reiterado, bajo nivel educativo, devaluación personal, escasas oportunidades de empleo, abuso sexual o violación en el pasado.
El Ombudsman capitalino aseguró que el mal uso de las nuevas tecnologías es un factor de riesgo para las niñas y los niños. Y citó las estadísticas de la Policía Federal Preventiva (PFP) que señalan que la explotación sexual de niñas, niños y jóvenes a través de Internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos, sólo antecedida por los fraudes y las amenazas.
Álvarez Icaza destacó que si bien el Internet representa una innovación que aporta grandes beneficios en términos de conocimientos y comunicaciones, también es utilizado para fines ilícitos, toda vez que hoy en día es uno de los principales medios de difusión de la pornografía infantil.
Agregó que los sitios en la red se incrementan a ritmos acelerados; en enero del 2004 se registraron 72 mil 100 sitios de pornografía sexual de menores de edad, y que a inicios del 2006 ya se contaban más de 100 mil sitios; siendo México, a nivel mundial, el segundo país con mayor producción de pornografía infantil.
El Ombudsman capitalino subrayó que cerca de 10 millones de usuarios de esa red son menores de edad; y que a un pedófilo le toma unos pocos minutos obtener imágenes de su víctima y 20 días para que logre hacer contacto con ella o él.
El maestro Emilio Álvarez aseveró que la explotación sexual comercial infantil (ESCI) no es sólo un delito, sino una de las más graves violaciones a la dignidad de la infancia y un obstáculo para su desarrollo armónico y para la viabilidad de la solidaridad integral.
Asimismo, reconoció que las niñas y los niños son sujetos de derechos (civiles, sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales) por lo que no deben ser tratados como propiedad de sus padres o tutores.
Externó que en un Estado democrático de derecho, el combate y erradicación de fenómenos como la explotación sexual comercial infantil constituye una tarea impostergable, además de que no es una cuestión de convicción, sino un compromiso que el Estado mexicano adquirió en 1991, cuando adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño.
Dicha Convención, en su Artículo 34, establece la obligación de los Estados partes de proteger a las niñas y niños contra todas las formas de explotación y abusos sexuales y de tomar las medidas necesarias para impedir su explotación sexual.
El director de la Clínica de Adolescentes del Instituto Nacional de Perinatología, Juan Manuel Grosso Espinosa, dio un testimonio sobre una adolescente de aproximadamente 15 años de edad, en estado de gravidez y con graves daños cerebrales, que debido a lo avanzado de su embarazo no fue posible interrumpirlo.
Grosso Espinosa narró que cuando la estaban auscultando para determinar el tiempo de gestación, para poder ver el ultrasonido tuvieron que apagar la luz, y de inmediato la paciente comenzó a gritar aterrada: «ya no, ya no, ya no». Él, los médicos y enfermeras que lo acompañaban no lograban entender la reacción de su paciente.
Abundó que la persona que se la llevó, un integrante de una red de apoyo de la sociedad civil, les comentó que se trataba de la hija de una trabajadora sexual, que desde los seis años de edad fue subastada en 20 mil pesos. La persona que los pagó abusaba de ella, pero para que «cooperara» la niña era drogada.
El «responsable» de la menor de edad explicó que en su comunidad de origen, la costumbre es que a las y los hijos de las trabajadoras sexuales a determinada edad se les considera mercancías y son subastados.
Cuando el comprador ve dañada la mercancía por el excesivo consumo de drogas o cuando los daños físicos y psicológicos ya son muy visibles, se les considera mercancías dañadas, y de inmediato se rematan en subasta.
Basta ver el grave daño que el abuso sexual causa en sus víctimas, el semblante de las adolescentes es igual al de un muerto, sin expresión alguna y la vista perdida, son jóvenes muertas en vida, sus agresores les matan el alma, concluyó el doctor Juan Manuel Grosso Espinoza.
07/MLT/GG/CV
