Luego de que el 7 de octubre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a 135 habitantes de San Juan Copala, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), pidió al gobierno estatal y federal que acaten esta determinación de carácter internacional.
El pasado jueves, la CIDH solicitó al Estado mexicano que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 135 habitantes de San Juan Copala, sin embargo, estas medidas también abarcan al resto de la comunidad triqui, que ha sido desplazada durante los enfrentamientos armados entre los grupos paramilitares que se disputan la zona.
Por tal razón, el diputado capitalino y también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, David Razú, afirmó que, en un acto de solidaridad, seguirá dando su apoyo a la población triqui; y demás pidió al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y al gobierno federal, que cumplan con estas medidas de protección.
San Juan Copala es un municipio sitiado por grupos paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).
El 27 de abril, el ataque a la caravana de observadores que se dirigía a este municipio dejó como resultado dos muertos, desde entonces los asesinatos y las violaciones contra mujeres se han recrudecido.
Además de los asesinatos de los activistas sociales Bety Cariño y Jiri Jaakkola, los paramilitares del MULT y de la UBISORT han quemado y destruido casas, saqueado y robado a los indígenas.
Ante esta situación, la población triqui se ha visto obligada a abandonar su hogar, o permanecer en el lugar sitiado, por ello solicitaron la intervención de los organismos de derechos humanos. Es así, que obtuvieron respuesta de la CIDH.
En conferencia de prensa, el integrante de la Unión de Abogados Democráticos, David Peña, afirmó que la resolución de este organismo internacional no sólo responde a medidas de protección física, sino también a condiciones que permitan que las mujeres, niñas, hombres, y niños puedan desarrollar su vida diariamente.
El abogado explicó que estas medidas no implican intervención policiaca ni militar, son acciones de carácter multisectorial que implican cosas como llevar alimentos, dijo.
Lamentó que el actual gobernador sea el encargado de otorgar las medidas cautelares, ya que ponto dejará el cargo y además -dijo- es previsible que el ejecutivo estatal no las implemente.
Hasta el momento, no se sabe cuáles serán las medidas específicas, debido a que los representantes de los beneficiarios y del Estado mexicano tienen que reunirse para acordarlas. Aunque señaló que será en un plazo de 15 días -contados a partir de la notificación a las partes, el 8 de octubre – cuando el Estado mexicano deberá informar a la CIDH de las acciones a emprender.
En representación del municipio autónomo, Marcos Albino Ortiz, dijo que hoy se debe impulsar «lo que no pudo hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos», proteger a los indígenas de la zona triqui, quienes no son delincuentes.
Mencionó que este acoso es contra un proyecto político de autonomía, no obstante señaló que seguirán en su lucha. Al respecto el académico, José Enrique González Ruiz, dijo que la actual situación de San Juan Copala habla de una situación grave y de una crisis múltiple.
«La autonomía de la zona triqui es una demanda histórica, universal y válida», dijo el activista. Finalmente confió en que toda la población que ha sido desplazada de su comunidad pueda tener condiciones mínimas para desarrollarse.
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