En la sentencia del Campo algodonero, no se podrá hablar de una verdadera reparación a las víctimas y sanción a los responsables, mientras no se tomen acciones concretas para encarcelar a los servidores públicos responsables de la impunidad en el feminicidio, advirtió la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, una de las representantes legales de los familiares de las víctimas.
Al participar en el evento «México ante la Corte Interamericana. Los casos Campo Algodonero y Radilla», la abogada quien conjuntamente con el abogado David Peña representaron legalmente a la familia de Esmeralda Herrera Monreal, una de las tres víctimas (de 8) encontradas en el Campo Algodonero, indicó que si los responsables no están en la cárcel «nos vamos a quedar únicamente en políticas de prevención y en situaciones que de ninguna manera van a garantizarle a las víctimas el acceso a la justicia».
Cabe recordar que la sentencia de la CoIDH por este caso fue dada a conocer públicamente el pasado 10 de diciembre y mandata al Estado mexicano a realizar acciones puntuales en la prevención de la violencia contra las mujeres que culmina en feminicidio, y cómo tiene que realizar las investigaciones ministeriales.
En su oportunidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que llevó ante la justicia internacional el caso del campesino Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 en un cuartel militar de Guerrero y hasta la fecha no se sabe su paradero, hablo de la importancia de la sentencia del caso Radilla.
Apenas seis días después de que la CoIDH emitió la sentencia condenatoria por el caso Campo Algodonero, el Estado mexicano recibió una nueva condena por cometer un crimen de lesa humanidad: la desaparición forzada de Radilla Pacheco, en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos denominado «Guerra sucia».
Po lo anterior, explicó Gutiérrez Contreras, la sentencia de la CoIDH obliga al Estado a poner límites al fuero militar con la reforma al artículo 57 Artículo del Código de Justicia Militar y a que armonice sus leyes con los acuerdos internacionales de derechos humanos. En específico ordenó la reforma al Artículo 215A del Código Penal Federal que se refiere al delito de desaparición forzada.
Los ponentes, entre los que también participó Karlos Castilla Juárez, especialista en Sistema Interamericano, coincidieron en que el litigio de estos casos ante la justicia internacional es sólo la mitad del trabajo que han hecho las organizaciones civiles ante la impunidad que se vive en México, pues aún falta que el Estado cumpla las condenas.
En su oportunidad, Castilla Juárez, indicó que con las sentencias de la CoIDH, el Estado mexicano está obligado a reconocer a nivel internacional que la discriminación y asesinatos de mujeres por cuestiones de género, y los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, son recurrentes y sistemáticos en México.
Los participantes indicaron que el cumplimiento de estas sentencias también son responsabilidad de la ciudadanía pues el feminicidio, la desaparición forzada y la violencia militar no son problemas aislados ni de una sola región sino que se dan en todo el país.
Su cumplimiento dependerá de la presión internacional, la vigilancia y exigencia de la sociedad civil, o de lo contrario, advirtieron los especialistas, el Estado cumplirá las condenas de acuerdo a su conveniencia, como lo ha hecho con otras sanciones de este tipo.
El pasado13 de septiembre la Comisión permanente de la Cámara de Diputados, exhortó, mediante un punto de acuerdo, a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, a dar cumplimiento a la sentencia de la CoIDH por el caso Radilla Pacheco. Dicho punto de acuerdo fue propuesto por la diputada Florentina Rosario Morales del Partido de la Revolución Democrática.
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