Acceso diferenciado en salud para las indígenas en Guerrero

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección en salud, sin importar clase social, género y etnia; sin embargo, en el país siguen prevaleciendo condiciones de pobreza e inequidad social que determinan en gran medida el acceso diferenciado de las mujeres a los servicios de salud.
 
México no ha podido alcanzar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, y en algunos grupos culturalmente diferenciados se agudiza la problemática, como es el caso de las mujeres indígenas.
 
Entidades con mayores niveles de marginación social presentan mayores obstáculos para que las mujeres puedan hacer uso de servicios calificados en atención a su salud; y garantizar así, su derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.
 
La educación, edad, lugar de residencia y si se habla alguna lengua indígena, son determinantes sociales que no deberían limitar la capacidad de las mujeres a disfrutar de una vida sexual plena y satisfactoria, libre de prejuicios sobre procrear o no.
 
Datos retomados de la Encuesta Intercensal 2015 del estado de Guerrero, realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 2015 se estimaban en la entidad 7.2 millones de indígenas, los cuales representan 6.6 por ciento de la población de cinco y más años de edad.
 
El 99.1 por ciento de ellos habla alguna de las cuatro principales lenguas indígenas: náhuatl, mixteco, tlapaneco y amuzgo.
 
Aunque las guerrerenses presentan menor participación en el mercado laboral, realizan en mayor porcentaje cuidados y actividades no remuneradas, pues de cada 100 personas que dedican tiempo a estas tareas, 66 pertenecen al sexo femenino.
 
Entre el año 2000 y 2015, el porcentaje de población que declaró estar afiliada a servicios de salud aumentó poco más de cuatro veces al pasar de 20.3 a 84.6 por ciento, lejos todavía de alcanzar la cobertura universal en salud.
 
En los recientes 15 años se ha incrementado la utilización de los servicios médicos que proporciona la Secretaría de Salud, que pasó de 48.9 por ciento en 2000 a 68 por ciento en 2015.
 
El Seguro Popular o Seguro Médico para una Nueva Generación cubre a más de tres cuartas partes de la población afiliada (77.3 por ciento).
 
La calidad de la atención que se brinda a las indígenas es deficiente: regularmente no hay doctores en las clínicas de salud de las comunidades; el tiempo promedio para recibir consulta en sala de urgencias, según lo reportado por el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (Indicas), para programas en atención a población indígena (primer cuatrimestre de 2016), es de 31.9 horas, mientras que la nacional es de 32.9 horas (programas en atención a población indígena).
 
Los intérpretes interculturales existentes en el estado son insuficientes para acompañar y asesorar a las indígenas en consultas y urgencias que se presenten; en muchos de los casos a las embarazadas no se les ofrecen las pruebas de VIH y sífilis; en varios de los casos las recetas médicas no son completamente surtidas por el desabasto de medicamentos; no hay gasolina, chofer o ambulancia para el traslado de emergencias obstétricas, a pesar de que existen presupuestos etiquetados para ello.
 
Los datos sobre estos indicadores y otros en materia de salud sexual y reproductiva son muchos; por ejemplo, las mujeres residentes en zonas rurales y las hablantes de lengua indígena presentan un porcentaje bajo en el uso de métodos anticonceptivos.
 
Sólo 23.8 por ciento hizo uso de algún método anticonceptivo en su primera relación sexual; mientras que el otro 76.2 por ciento desconocía dónde obtenerlos o cómo usarlos.
 
La muerte materna, definida como el deceso de una mujer durante la gestación, el parto o en los 42 días siguientes a la terminación del embarazo (puerperio), es una de las principales causas de defunción entre las mujeres en Guerrero. 
 
El 27.9 por ciento de las mujeres fallecidas por causas de muerte materna en Guerrero, en 2014, eran hablantes de lengua indígena, cifra que casi triplicaba la presentada a nivel nacional (9.9 por ciento).
 
Al cruzar la pertenencia étnica con la mortalidad se comprueba la triple asociación entre etnicidad, pobreza y muerte materna, la cual es necesario visibilizar frente a la población de las comunidades, y sobre todo a las autoridades sanitarias y otros tomadores de decisión como los propios legisladores del Congreso estatal, para poder revertir las cifras.
 
Cada ejemplo señala cómo estas mujeres están insertas en condiciones de desigualdad social y de acceso diferenciado por cuestiones de género, pobreza y etnia.
 
Creemos necesario que el sistema de salud estatal incorpore el enfoque de Derechos Humanos e interculturalidad en sus estrategias de trabajo con la población indígena, cuyo derecho a la salud se ve conculcado por sus condiciones de inequidad, que también han sido naturalizadas por la sociedad.
 
Los gobiernos, en todos los niveles, tienen el compromiso de respetar y garantizar los Derechos Humanos, el derecho a la salud y los derechos reproductivos de todas las mujeres y sacarlos de la sombra para lograr su ejercicio pleno.
 
*Integrantes de Kinal Antzetik-Distrito Federal.
**Kinal Antzetik es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
16/PLLH/MSFV/RMB