La Asociación de Planificación Familiar de Catalunya y Baleares (APFCIB) está indignada ante la criminalización y persecución de las mujeres que abortan y de los y las profesionales que practican abortos y denuncia los ataques sufridos los últimos días por parte de sectores ultraconservadores, tanto contra el ginecólogo Santiago Barambio, como contra la clínica Isadora.
En primer lugar, denuncian el requerimiento notarial y la denuncia del presidente de e-cristians, Miró y Ardèvol, a Santiago Barambio, miembro de la Asociación, director de la Clínica Tutor de Barcelona y vocal de ACAI, entidad que aúna a las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo.
Miró y Ardèvol acusó de abortos ilegales a Barambio y le pidió una respuesta. Al no recibirla, quince días después el presidente de e-cristians anunció en rueda de prensa que interpondría la denuncia. María Olivella, de APFCIB, manifestó que «este señor está utilizando la justicia por su mano» y realiza acusaciones sin pruebas, basadas en las declaraciones realizadas por Santiago Barambio en un seminario celebrado en Roma, pero «tiene poder y tiene medios» para hacerlo.
Según e-cristians, el requerimiento a Barambio pretendía saber «si el criterio seguido para la práctica del aborto por grave peligro para la salud psíquica de la embarazada en las clínicas integradas en la ACAI «ha venido siendo el que manifiesta en sus declaraciones y su ponencia». En cuanto a los restos humanos, el grupo de Miró defiende que no sean tratados como residuos biosanitarios y si la clínica así lo hace, las autoridades «establecerán el cierre cautelar de la clínica».
Por su parte, la organización provida La Vida Importa denunció el año pasado a la clínica madrileña Isadora por irregularidades en la gestión de residuos y por esta causa, hace una semana tuvieron que declarar ante el juzgado tres de sus profesionales.
MONTAJE CONTRA ISADORA
Empar Pineda, portavoz de la Clínica, aseguró que se trata de «un montaje» y explicó el relato de los acontecimientos contendidos en el sumario, de tres tomos, que revelan que los agentes de la Guardia Civil «no entraron en la clínica Isadora el día que aparentemente venían a hacer una inspección regular, no entraron por mandato de nadie, ni de la consejería de medio ambiente ni de sanidad». Una vez allí, sacaron tres contendores de la línea de frío, bajaron dos contenedores más del camión que la empresa encargada de la recogida de residuos ya había cargado, les obligaron a precintar los cinco y «nos prohibieron tocarlos».
Según Pineda, no consiguieron que les acompañara nadie de la inspección de Sanidad ni de la Consejería de Medio Ambiente, hasta que dieron con el inspector Juan Raúl Sanz, de Salud Pública, que «vino con enorme celo, digo así porque se ha tomado el asunto como una cruzada personal en defensa de los restos abortivos a los que él llama restos humanos permanentemente, hasta el punto que, a partir de este momento, una compañía funeraria tiene que venir a recoger los restos abortivos que tengan ‘entidad suficiente’, que eso es como no decir nada».
Es lo que hicieron con los cinco contenedores, llevarlos a un tanatorio donde abrieron las bolsas con los restos abortivos y les hicieron fotografías para mandárselas al grupo Intereconomía y a la Gaceta de los Negocios «que publica al día siguiente, en portada, que Isadora tira fetos a la basura con fotos del tanatorio».
Los agentes fueron al juzgado de guardia porque calculaban «a ojo» que había fetos de 22 semanas y querían que los trasladasen al Instituto Anatómico Forense, pero el juez de guardia no les autorizó, «les dijo que a ojo no se puede calcular y más aún si no eres experto, y hay que hacer ecografías, etcétera».
JUEZ SIERRA
Como el juez no les autorizó, unos días más tarde volvieron a poner la misma denuncia en otro juzgado, «haciendo fraude de ley». Esta vez cayó en manos del juez Sierra, del juzgado nº 47, que es el instruye el sumario desde febrero del año pasado. Y el juez Sierra les autoriza a llevarlo al Anatómico Forense que certifica que no hay fetos de más de 22 semanas, «que en todo caso hay uno que, por la medición del cerebro podía tener 23», pero era un feto malformado con la cabeza más grande de lo normal por hidrocefalia.
«El juez, si hubiera actuado en derecho, hubiera sobreseído el asunto, pero ha seguido buscando nuevos delitos. Por eso, decimos siempre que esto no es una instrucción normal ni legal porque lo que se está haciendo es lo que hacía el tribunal de la Inquisición, es decir, lo que se llama una causa principal, ir investigando, y si me falla este delito, busco otro», lamenta Pineda.
El último episodio se produjo el pasado viernes, cuando tres profesionales de Isadora fueron citados a declarar ante el juez, imputados por abortos ilegales. «Ellos dijeron que de cuáles, cuántos, de qué abortos concretos se les acusan porque el juez tiene las historias clínicas, que nos las pidió, las mujeres que habían abortado en las fechas en los que los residuos estaban en los contenedores, porque si no te dicen de qué aborto se trata, no te puedes defenderte», señala la portavoz de la Clínica.
INSEGURIDAD JURÍDICA
La Asociación de Planificación Familiar de Catalunya y Baleares (APFCIB) consideró que las comparecencias ante el juez de los y las profesionales de la Clínica Isadora, muestran «fundadas sospechas de que ha sido un montaje organizado por la Guardia Civil, sin la autorización del primer juez que lo valoró».
APFCIB manifiesta que el acoso a Santiago Barambio, la persecución de Isadora y el hecho de llamar declarar a personas que participaron en la campaña de autoinculpaciones del aborto, como las últimas 170 citadas en Tarragona, coloca a las clínicas «en una situación de inseguridad jurídica, cada vez más grave, que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y de las y los profesionales».
Por su parte, Empar Pineda explicó que, a pesar de todos estos acontecimientos, «las mujeres no dejan de venir, porque las que lo necesitan siguen abortando» y la relación con los organismos públicos que envían mujeres a la clínica desde Madrid, Navarra, Galicia, Castilla la Mancha y Castilla y León, se mantiene intacta o se ha reforzado.
«No ha habido gestos negativos, al revés, siempre dicen que actuamos correctamente. En lo que está repercutiendo es en la tensión que tenemos, las amenazas y la sensación de inseguridad jurídica. Cuando en enero empezó a llamar el juez a las mujeres que habían abortado, al principio tenían un poco de miedo por si su historia clínica acabaría en el juzgado, algunas incluso que habían abortado hace años llamaban para asegurarse la confidencialidad de su historial».
Respecto a las informaciones falsas publicadas en medios de comunicación en torno a una incorrecta gestión de residuos o la realización de abortos ilegales, las clínicas afectadas están enviando misivas pidiendo una rectificación. En caso de no producirse, los centros se querellarán con cada una de las publicaciones.
08/TGE/GG
