Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno de Guatemala, a tomar acciones y medidas de protección para activistas guatemaltecas, defensoras de derechos humanos y a evitar en lo sucesivo, casos como el de Deódora Hernández, herida de un balazo en un ojo el pasado 7 de julio, y las amenazas contra Carmen Mejía.
En un comunicado, el organismo internacional pidió al gobierno guatemalteco aplicar programas de protección a las y los defensores de derechos humanos que luchan por el bien de las comunidades, tal y como se establece en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en la ONU en 1998.
Para Amnistía Internacional es fundamental la defensa de los derechos humanos, por lo que pidió realizar una investigación exhaustiva e imparcial por el atentado que sufrió Deódora Hernández, así como por las amenazas contra Carmen Mejía.
Pidió también abrir en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, unas oficinas locales de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), que trabaje para resolver conflictos y promover el respeto por los derechos humanos.
Deódora Hernández, es una activista que ha protestado por los problemas que ocasiona la mina Marlin, principalmente al suministro de agua local, en la comunidad indígena local a la que pertenece en Ágel, municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, al suroeste de Guatemala.
Debido a su campaña contra la explotación de la mina, el pasado 7 de julio, la activista Hernández recibió un balazo en su propio domicilio.
Según lo narrado por AI, alrededor de las 7 de la noche dos sujetos entraron a su casa preguntando si podían quedarse en el lugar para pasar la noche, a lo que un familiar de Hernández contestó que no, pero les vendió dos tazas de café.
Cuando la activista entró a la habitación para darles el café, uno de los hombres le disparó en el ojo derecho, para luego huir. Deódora Hernández sobrevivió, pero resultó gravemente herida.
Carmen Mejía, quien trabaja para la Asociación para el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahuacan (ADISMI) que se ocupa de asuntos relativos a los derechos del agua, la tierra, vivienda, libertad de expresión e identidad cultural, recibió amenazas en su celular los días 12 y 15 de junio.
Durante la visita que hizo a Guatemala el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 14 al 18 de junio, para conocer sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Mejía habló con él acerca del problema de la minera y el 18 de junio recibió una nueva amenaza.
Cabe recordar que el 20 de mayo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) otorgó medidas cautelares a los miembros de 18 comunidades indígenas mayas de las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, en el departamento de San Marcos, Guatemala.
Incluso la CoIDH solicitó al gobierno guatemalteco que tomará medidas de protección para los activistas, así como la suspensión de la explotación de la mina Marlin, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala, S.A., filial a su vez en propiedad absoluta de Goldcorp.
Para el 23 de junio, Guatemala anunció que acataría la petición de la CoIDH, pero al siguiente día, señaló que «llevaría tiempo» y hasta el momento, se continúa con la explotación de la mina.
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