Acciones de los opositores a la paridad ponen en riesgo a candidatas

La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) alertó que la paridad de género ha implicado para muchas mujeres una respuesta adversa de quienes se oponen a la medida y que pone en  riesgo su dignidad, su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, por lo que pidió al Congreso de la Unión definir y tipificar la violencia política de género.
 
A propósito del Día Internacional de la Mujer, la AMCEE difundió un pronunciamiento donde señaló que en casos extremos la paridad ha implicado poner en peligro la integridad física y psicológica de las mujeres que quieren participar en política, quienes incluso pueden sufrir actos de violencia política por razones de género
 
La Asociación dijo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, ha registrado 156 casos de violencia política contra postulantes, candidatas, funcionarias y políticas electas en todo el país, tan sólo entre 2012 y 2016.
 
La paridad como un derecho constitucional, dicen estas autoridades electorales, ha propiciado un aumento en la participación política de las mujeres en los procesos para renovar cargos de elección popular, principalmente en las senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y planillas de ayuntamientos.
 
Si bien este avance ha permitido una mayor representatividad democrática en los ámbitos federal y local, la AMCEE rechazo la violencia política de género que generan quienes están en desacuerdo con dicho avance por lo que hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de todas las entidades federativas, para que la violencia política contra las mujeres se defina y tipifique como un delito.
 
Destacaron que las mexicanas tienen derecho a una vida libre de violencia, tal y como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
 
Con base en estos instrumentos legales, las mujeres dijeron que es obligación del Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para suprimir toda discriminación, así como garantizar medidas de protección, seguridad y justicia a las mujeres contra cualquier tipo de violencia en la familia, el trabajo, en cualquier ámbito de la vida social y en el ámbito político-electoral.
 
En este sentido, como asociación civil se comprometieron a difundir y aplicar el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, con la finalidad de desarrollar acciones para impulsar la sanción y eliminar los obstáculos que enfrentan en el acceso a los espacios político-electorales y en el desempeño de los cargos públicos.
 
Asimismo, dijeron que continuarán impulsando la creación de Observatorios de Participación Política de las Mujeres; promoverán seminarios de capacitación y sensibilización con perspectiva de género y a darán seguimiento a los casos en los que las consejeras electorales hayan sido víctimas de violencia política.
 
17/AGM/GG