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Acciones en AL y el Caribe para exigir fin de violencia a mujeres

Por la Redacción

Grupos de mujeres y feministas se aprestan a realizar el 25 de noviembre, Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, acciones en toda América Latina y el Caribe para exigir el fin de la violencia contra el 52 por ciento de la población mundial: las mujeres, que adquiere una de sus formas más perversas en el Feminicidio y que ha cobrado la vida de más de mil 500 mujeres en América Latina.

Las mujeres, más si son jóvenes, obreras y pobres, corren el riesgo de aparecer degolladas, mutiladas y ultrajadas sexualmente una mañana cualquiera en plena calle de alguna ciudad latinoamericana, como lo certifican más de mil 500 casos en la última década y que aún siguen impunes.

Son crímenes que pesan sobre la conciencia de los Estados, que, al no intervenir según las obligaciones establecidas en el derecho internacional, permiten la impunidad, se planteó en la “Jornada de Reflexión, El feminicidio en América Latina”, que realizó Amnistía Internacional (AI) en Santiago de Chile.

El Feminicidio, especialmente el ocurrido en Ciudad Juárez, zona fronteriza entre México y Estados Unidos, en la capital de Guatemala, en Alto Hospicio, Chile, además de Brasil y El Salvador dejan una estela de sangre que no termina, indicaron activistas feministas, organizaciones de mujeres, académicos, parlamentarios y funcionarios.

Ana María Portugal, coordinadora de Isis Internacional se refirió al término feminicidio para diferenciarlo del femicidio, que también se utiliza para designar los asesinatos contra mujeres.

Portugal manifestó que la teórica, antropóloga y diputada mexicana Marcela Lagarde ha definido el acto de asesinar a una mujer, sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, como feminicidio.

Agregó que Lagarde establece que la categoría feminicidio es parte del bagaje teórico feminista introducido por las estadounidenses Diana Russel y Hill Radford bajo la denominación femicide que, traducida a nuestro idioma es femicidio, término homólogo a homicidio, que sólo significa asesinato de mujeres.

Sin embargo, para marcar una diferencia con ese término, Lagarde escogió la voz feminicidio, para hablar de genocidio contra las mujeres, lo que le da una significación política.

El concepto de feminicidio no ha sido recogido por ninguna legislación todavía, sino que se emplea en los ámbitos académicos y del movimiento feminista, porque es “más político, ya que no sólo involucra al agresor individual sino que apela a la existencia de una estructura estatal y judicial que avala estos crímenes”, reforzó Isabel Espinosa, otra de las expositoras de la Jornada, de acuerdo con la nota publicada en Mujereshoy.

Isabel Espinosa indicó que el feminicidio también tiene una connotación sexual intencional ya que los cuerpos de muchas mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, han sido encontrados “con sus genitales mutilados y la mayoría presenta violación”.

Uno de los ejemplos más emblemáticos del feminicidio son las llamadas muertas de Juárez. Se trata de más de 300 mujeres asesinadas desde 1993 luego de haber sido secuestradas, violadas y torturadas.

La mayoría de ella eran jóvenes, de escasos recursos económicos, inmigrantes en camino a Estados Unidos, estudiantes o trabajadoras de la denominada “maquila”, la industria de ensamblaje en zonas francas que atrae las mayores inversiones externas y no cuenta con ninguna regulación dada la liberalización del comercio.

Las presiones internacionales hicieron que el gobierno de México iniciara una investigación a partir del 2001, pero según la información recogida por Espinosa, hasta hoy a la impunidad de esos asesinatos, se agregan entre 400 y 4 mil mujeres reportadas como desaparecidas y entre 30 y 70 cadáveres aún sin poder identificar.

“Es sospechosa la poca claridad entre las cifras del gobierno y las de organizaciones de mujeres”, apuntó la antropóloga.

Alto Hospicio

Mientras, en la empobrecida localidad chilena de Alto Hospicio, 1.800 kilómetros al norte de Santiago, 17 jóvenes, 11 de ellas menores de 18 años, fueron secuestradas, violadas, golpeadas y asesinadas entre 1998 y 2001.

Tras las denuncias correspondientes una vez que desaparecieran las jóvenes, las autoridades culparon a las propias víctimas, atribuyéndoles abandono de hogar y estar involucradas en maltrato familiar, prostitución y trata de blancas, en una actitud calificada por los expertos de criminalización de la pobreza.

“Las mujeres de Alto Hospicio no fueron consideradas ciudadanas de derecho durante su desaparición ni luego de comprobarse las razones de su muerte”, afirmó la socióloga Sonia Vargas en su exposición en el foro de AI.

En el caso chileno, el Estado ofreció reparación económica a los familiares de las víctimas de Alto Hospicio, pero ellos aún arrastran el estigma de ser pobres, lo cual les arrebata el derecho a la justicia, aseguraron.

Para que la gente no se olvide de los casos de Alto Hospicio ni de otros asesinatos de mujeres, asesinadas por hombres con quienes ellas tuvieron relaciones de intimidad, parejas, ex-parejas, amantes; las que murieron en las calles a manos de violadores; o aquellas que se interpusieron en defensa de otra mujer, la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual realizó el mes pasado una acción de reparación simbólica a las mujeres asesinadas. La acción consistió en una muestra de un centenar de pares de zapatos, personificando a las mujeres víctimas de feminicidio en Chile.

Las actividades de la Red Chilena, así como de decenas de grupos de mujeres de América Latina y el Caribe, en torno al 25 de noviembre, serán dadas a conocer los próximos días.

Guatemala

Guatemala es otro claro ejemplo que AI urge visibilizar. Desde 2001, más de un millar de cuerpos de mujeres han aparecido estrangulados, decapitados o mutiladas en hoteles o en la vía pública. Muchos llevaban un letrero donde se leía “muerte a las perras”, recordando las formas de tortura utilizadas durante los 36 años de guerra civil que azotó al país.

Las asesinadas eran residentes de barrios populares y áreas marginales, empleadas en quehaceres domésticos o estudiantes, cuyas edades fluctuaban entre 13 y 36 años.

El año pasado se registraron 383 crímenes violentos con características de feminicidio, 306 de los cuales aún no están esclarecidos, según la única investigación realizada por la organización Redes de No Violencia.

En febrero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el feminicidio en Guatemala había rebasado ampliamente al caso de Juárez, pese a lo cual había pasado casi desapercibido.

“Cuando existen esos niveles de impunidad, se supone que hay violencia cometida por las autoridades”, declaró la relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Yakin Ertük.

Para las organizaciones de mujeres, estos asesinatos responden a un sistema patriarcal en el que están inmersas las sociedades de toda América Latina. Existe un patrón del ejercicio del poder eminentemente masculino, que coloca en una situación de vulnerabilidad a mujeres que provocan rupturas de las matrices culturales.

La Convención Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1994, conocida como Belem do Pará (Brasil), definió y precisó la violencia contra las mujeres, especificó los ámbitos y agentes que la pueden cometer e incorporó las responsabilidades del Estado al tolerarla.

También el Estatuto de Roma, de 1998 y que regula la Corte Penal Internacional (CPI), tipifica la discriminación por género e identifica los crímenes de lesa humanidad como aquellos que son cometidos en forma generalizada y responden a un patrón sistematizado, coordenadas en las cuales se sitúa el feminicidio.

2004/LR

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