En unos días más, es posible que el Congreso del estado de Durango dictamine la iniciativa de Ley de Protección a los Derechos de la Mujer Embarazada, propuesta priísta que pretende limitar e incluso anular el derecho al aborto de las duranguenses, aún por causales como violación, incluida en el Código Penal de la entidad.
Así lo dio a conocer Julieta Hernández Camargo, de la organización «Sí hay mujeres en Durango», quien señaló que esta Ley «reglamentaría» lo establecido en el artículo 1 de la constitución local, el cual «garantiza el derecho a la vida desde la fecundación y hasta la muerte natural», desde abril de 2009.
El proyecto de Ley, presentado por 16 representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a mediados de junio pasado, estaba programado para discutirse hoy, pero salió de la orden del día ayer a las 11 de la noche.
Sin embargo, aún hay posibilidades de que se discuta este fin de semana, ya que las y los legisladores continuarán en sesión extraordinaria hasta el domingo siguiente.
Al respecto, Lourdes Quiñones Canales, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), aseguró que «será discutida hasta la siguiente Legislatura», que comenzará en septiembre próximo.
En tanto, Julieta Hernández refirió que las mujeres organizadas del estado y del país deben permanecer atentas para impedir que el Congreso legisle con base en creencias religiosas, y no a partir de la laicidad del Estado mexicano.
LEY CON PIEL DE CORDERO
Y es que, esta ley que «supuestamente» se creó para disminuir la mortalidad materna en la entidad, señala en su exposición de motivos que su principal objetivo es «garantizar el cumplimiento del marco jurídico que asegure la protección y atención social a la maternidad, la promoción de la paternidad responsable, así como el derecho a la vida en formación desde el momento de la concepción».
Parte de la modificación al artículo 1 constitucional que penaliza el aborto y menciona que alcanzarán esa meta, mediante la «formulación de políticas públicas que promuevan el valor a la vida y la protección del derecho a la misma del ser en formación, el desarrollo social y humano de las familias durangueses».
A decir de Julieta Hernández, es «claro» que las y los legisladores locales, «pretenden de poco a poco limitar o anular el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo», incluso bajo las causales establecidas en el Código Penal de Durango.
«Las causales por las que está permitido el aborto son: violación, en caso de accidente o cuando la vida de la madre está en peligro, pero con la aprobación de leyes secundarias como ésta, aumenta el riesgo de que el Código Penal se modifique», advirtió.
La iniciativa de Ley de Protección de los Derechos de la Mujer (de la que Cimacnoticias tiene copia) además de mencionar en varias ocasiones «la garantía del derecho a la vida desde la concepción», insiste en la posibilidad de dar al producto de un embarazo no deseado en adopción, en vez de abortar.
La prohibición de la interrupción del embarazo, dijo, no disminuye el número de abortos, sólo pone en riesgo la vida de las mujeres, muestra de ello, es que este año, una adolescente de 17 años de edad se provocó un aborto, se complicó y llegó al Hospital General de Durango.
Pese a que la joven puso su vida en peligro porque en la entidad es un crimen practicarse un aborto, ella fue denunciada ante las autoridades locales, quienes enviaron a una policía para que la custodiara mientras se recuperaba. Finalmente, tuvo que pagar una fianza de 5 mil pesos, para que no la encarcelaran.
Ante este panorama, «las mujeres tenemos que estar alerta para evitar, que nuevamente, se atropellen los derechos reproductivos de las mexicanas».
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