Homologar las leyes contra la violencia hacia las mujeres y garantizar el acceso de adolescentes a la anticoncepción son algunas de las recomendaciones que el gobierno mexicano recibió por parte del comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer (CEDAW), de las Naciones Unidas.
El comité, conformado por expertas sobre el tema de 23 países, escuchó el pasado agosto la sustentación del informe presentado por México sobre el cumplimiento de CEDAW, «el tratado internacional de mayor trascendencia para las mujeres» como lo calificó la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Patricia Espinosa Torres.
Al dar a conocer esta mañana las recomendaciones aceptadas por el gobierno nacional sobre el quinto informe periódico de México relativo al tema, Espinosa Torres aseguró que el proceso «es un ejercicio que nos obliga como país a medir la responsabilidad de la gestión gubernamental sobre las mujeres».
La exdiputada federal indicó que hará llegar a cada oficina de gobierno las recomendaciones que les permitan orientar políticas y prácticas para acabar con la discriminación.
De esta forma, el poder legislativo y judicial –de acuerdo con las recomendaciones de la ONU– tendrá que establecer procesos adecuados para investigar y procesar denuncias de violencia, garantizar la reparación del daño y protección a víctimas, impulsar leyes más fuertes contra la violencia doméstica y crear más albergues y líneas telefónicas de ayuda.
El gobierno de Chihuahua tendrá que hacer justicia a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y sus familiares, en cumplimiento a la recomendación 44/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En tanto las y los funcionarios del gabinete social tendrán que dar mayor peso a las estrategias destinadas para combatir la pobreza de la población femenina en colaboración con las ONG, a fin de evitar que las mexicanas solamente sean beneficiarias y se conviertan en agentes de cambio.
Las dependencias de migración y combate al crimen tendrán que diseñar medidas para proteger a las mexicanas que salen del país, concentrándose en las causas que las obligan a salir, y a las que entran al territorio nacional; en especial por tráfico sexual.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recibirá la recomendación de reformar las leyes laborales para que Inmujeres tenga un papel determinante y pueda así garantizar el salario igual por el trabajo igual, además de prohibir en las maquiladoras las pruebas de gravidez.
Por su parte la Secretaría de Salud tendrá la tarea de reforzar la salud sexual y reproductiva a fin de que tomar en cuenta a las y los adolescentes mediante información y disponibilidad de métodos anticonceptivos para evitar que la prevención de embarazos recaiga en las jóvenes únicamente.
En la presentación, Paloma Bonfil, directora de planeación de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señaló que la lucha por los derechos de las mujeres están en riesgo en todo el mundo pues ha perdido fuerza política y recursos.
Bonfil, integrante de la delegación oficial que sustentó el quinto informe en Nueva York, advirtió que las mexicanas tienen que buscar coincidencias y evitar fracturas en el movimiento de mujeres, dentro de las organizaciones de gobierno y de los partidos, porque «se está haciendo un vacío que pone en riesgo los logros de las mujeres en pasadas cumbres internacionales».
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