Aunque a 200 años de la Independencia Nacional y 100 años de la Revolución, las mexicanas han logrando avances legislativos, como su incorporación en cargos de decisión, la construcción de nuevas instituciones, y han logrado políticas públicas a favor de la igualdad; en los últimos dos años han resultado afectadas por reformas Constitucionales que las criminalizan por ejercer su derecho a una maternidad libre y voluntaria.
Organizaciones de la Sociedad Civil y feministas aseguran que en los últimos dos años se han cancelado y acotado los derechos humanos de la población femenina, con graves retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos, con impunidad en feminicidios, aumento de migración, y deterioro del tejido social.
El pasado 27 de agosto, durante la mesa de medios «La pobreza en México, deuda pendiente de la Revolución», especialistas sostuvieron que a 100 años de la Revolución Mexicana, el número de mujeres en pobreza sigue siendo el más alto, «ello se debe a que para los gobiernos anteriores y actuales, este tema no es prioritario».
LA LUCHA POR LA CIUDADANIA
Diferentes investigaciones señalan que las mujeres a través de la historia han luchado por sus derechos, Gabriela Cano en su texto Revolución, feminismo y ciudadanía (1915-1940), señala que fue en 1918, cuando Hermila Galindo solicitó al Congreso Constituyente de 1916-1917, el reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres lo que conllevó muchos cambios en la vida de las mexicanas.
La actuación de Galindo, es decir su vinculación de una posición política militante con el feminismo, constituye una nueva forma, posrevolucionaria, de consciencia política y ciudadana femenina, afirma.
Sin embargo los razonamientos expresados por Hermila Galindo en diversos espacios políticos creados por el movimiento revolucionario no fueron siquiera mencionados en el Congreso Constituyente de 1916- 1917. Ninguno de los constituyentes defendió el sufragio femenino.
Los artículos de la Constitución relativos a la ciudadanía–el 34 y 35–están redactados en masculino, al igual que todo el texto, sin embargo, en ningún momento incluyen en forma explícita a las mujeres, ni establecen que ser hombre sea un requisito para tener la ciudadanía.
Mientras que en materia de derechos sexuales y reproductivos fue 1936 cuando, por primera vez, la doctora Ofelia Domínguez Navarro propuso el aborto no punible por causas económicas y sociales.
Fue hasta 1953, cuando las mujeres accedieron al derecho al voto, sin embargo, a pesar de que las mujeres en México desde hace más seis décadas participan en puestos de toma de decisión, sus derechos aún desde la más alta tribuna son censurados.
REIVINDICAR EL RESPETO A SUS DERECHOS
Ante ello tal como lo hicieron en 1810 y 1910, las mujeres han comenzado a agruparse para exigir que sus derechos sean restituidos, luego de que en 17 estados de la república se han realizado reformas constitucionales que protegen la vida desde el momento de la concepción y castigan el aborto aún por violación, mientras que otras les niegan el acceso a anticoncepción de emergencia.
Ya que negar a las mujeres el derecho a ejercer una maternidad libre y voluntaria, contraviene avances científicos, tratados y acuerdos internacionales signados por el Estado mexicano en materia de derechos sexuales y reproductivos.
A partir de la despenalización del aborto en el Distrito Federal en 2007, en los diferentes estados de la republica mexicana 17 congresos locales modificaron sus constituciones para criminalizar el aborto, así las mujeres han sido encarceladas incluso por abortos involuntarios.
Tal es el caso de las siete mujeres de Guanajuato acusadas de «homicidio en razón de parentesco», que después de varios años de permanecer encarceladas obtuvieron su libertad la semana pasada, sin embargo no quedaron libres de delito, las mujeres del estado siguen en riesgo de ser encarceladas por las mismas cusas.
Por ello, las mexicanas a partir de 2009 han comenzado a ampararse para exigir que sus derechos sean restituidos. Se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 662 amparos: 67 de Colima, 167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 76 de Quintana Roo y 72 de Sonora, 76 en Yucatán, 60 en Campeche y 29 en San Luis Potosí, además de que se han realizado diversas acciones de denuncia a lo largo de la República Mexicana.
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