A once años de la masacre de Acteal en Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, el Estado mexicano continúa sosteniendo la tesis del conflicto intercomunitario, cuando de acuerdo con organizaciones civiles lo ocurrido fue una masacre, considerada en el ámbito internacional de derechos humanos como un delito de lesa humanidad.
De los 45 indígenas tzotziles asesinados, 19 eran mujeres –cuatro de ellas embarazadas– además de 14 niñas, cuatro niños, ocho hombres y 26 heridos.
De acuerdo con Nieves Gómez Dupuis, experta criminóloga y psicóloga de sobrevivientes de conflictos armados, «las masacres tienen como propósito no sólo la eliminación de las personas, sino provocar un daño psicológico a los que van a morir, a los sobrevivientes y a los testigos».
No se trata, señala quien ha realizado varios peritajes psicológicos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sólo de tiroteos sino de «masacres bien planificadas y organizadas en las que se concentra a la población, se separa a las personas por grupos de edad y sexo y en ocasiones, de forma ejemplificante, se viola a las mujeres más jóvenes».
En este sentido, el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), publicado en 2007, detalla que la masacre fue planeada desde varios días antes por los integrantes del grupo paramilitar que actuaban en la zona, con la finalidad de atacar a miembros zapatistas (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y de Las Abejas.
Según diversos testimonios, dice el Centro, a partir del día 18 de diciembre de 1997, fueron realizadas reuniones en diversas comunidades de Chenalhó, como La Esperanza, Acteal, Canolal y Quextic, en las que participaba también personas de las comunidades de Pechiquil y Los Chorros.
El día de la masacre, el 22 de diciembre de 1997, alrededor de 325 personas de Las Abejas, que en su mayoría era población desplazada que habían llegado a ese campamento en busca de refugio, se encontraban reunidas en la ermita del campamento Los Naranjos o Acteal realizando una jornada de ayuno y oración por la paz en el municipio de Chenalhó a raíz de la violencia y ataques por parte de paramilitares.
Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando un grupo de más de cien hombres con armas de fuego, entre las que se encontraron de uso exclusivo del Ejército, machetes y cuchillos, entraron a la Ermita.
Tras rodearla, iniciaron el fuego contra quienes ahí se encontraban dentro y fuera, muchos de las y los indígenas alcanzaron a salir y esconderse, otros más ya no pudieron hacerlo y fueron masacrados por los paramilitares, reporta el Frayba.
MASACRES, INSTRUMENTO DE TERROR DEL ESTADO
De acuerdo al análisis de Gómez Dupuis, en la mayoría de los países de América Latina que padecieron regímenes dictatoriales durante los años 60 y 70, se implementó desde el Estado, dirigida por los Ejércitos nacionales, la doctrina de la Seguridad Nacional, con el fin de «aplacar» los movimientos sociales y políticos que buscaban un cambio hacia sistemas más democráticos.
Así, las masacres o asesinatos masivos de grupos de población, fueron instrumentos utilizados con ese propósito, destacando los casos de Guatemala, el Salvador, Perú y Colombia, como los más afectados por lo que ella ha denominado «estrategias de terror».
En una clasificación que hace la autora, las masacres pueden ser por el número y perfil de las víctimas donde las personas son asesinadas indiscriminada y masivamente y cuyas víctimas son mujeres, hombres, ancianos y niños, como en el caso de Acteal.
Y las masacres selectivas donde los desaparecidos o asesinados fueron torturados con extrema crueldad ante su grupo de referentes, personas con cargos representativos en la comunidad.
Cuando se producen en las casas o espacios comunales de la población, dice la autora, las masacres destruyen también los referentes físicos de seguridad, protección y cobijo en los cuales las y los habitantes podían resguardarse y encontrar tranquilidad.
La duración de la masacre, la concentración de la población, la separación de grupos, torturas, violaciones sexuales y los actos de crueldad extrema se suman a la condena de muerte de un trato inhumano y cruel, dice Nieves Gómez.
Agrega, «teniendo en cuenta que las mujeres desempeñan los roles de seguridad afectiva, cuidado, alimentación, afecto, aseo y reproducción y en algunas culturas y sociedades como las indígenas, el cuidado de los animales y transmisión de la cultura, la ausencia de ésta tendrá consecuencias muy severas en la estructura del grupo familiar».
LAS MUJERES
En el caso de Acteal, la violencia ejercida contra las mujeres fue brutal, pues muchas de ellas, pese a estar embarazadas, fueron vejadas incluso después de haber sido asesinadas, según el informe del Frayba.
El testimonio de Alberto Ruiz Pérez, sobreviviente de la masacre da cuenta de ello en el informe: «Cuando murieron las mujeres, un hombre les quitó su nagua, su ropa y lo echaron palo en su nalga a las mujeres (…). Había una mujer embarazada, María Gómez Ruiz de Quextic, y ya muerta lo cortó su estómago, tenía un cuchillo, lo abrió la panza y murió el niño ahí dentro de la panza de la mujer».
Otra característica de las masacres es que quienes mueren y desaparecen, son personas que ejercen funciones fundamentales para el desarrollo del grupo y para la vida de sus integrantes, muchas de ellas consideradas por la comunidad como punto de referencia en las luchas sociales.
Así, con la pérdida de los líderes, se produce una especie de desarticulación en las comunidades al tiempo que en las masacres selectivas, dirigidas a eliminar a determinados miembros de la comunidad por ser líderes de ciertas causas, ideas y acciones, producen un efecto de «amenaza» para los otros miembros de la comunidad.
La advertencia es muy clara: «Si otro miembro del grupo piensa, siente o actúa como sus líderes (asesinados o desaparecidos), sufrirá la misma muerte», dice la experta de la CoIDH.
A 11 AÑOS DE INJUSTICIA E IMPUNIDAD
Tras once años de reclamar justicia y castigo para los autores materiales de la masacre, familiares de las víctimas, sobrevivientes, la organización civil Las Abejas y el Frayba, denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 16 de marzo de 2005, la CIDH notificó al Centro de Derechos Humanos de la admisión de la petición. El 29 de septiembre, el Estado mexicano rindió dos informes ante la CIDH sobre dicha petición, tal como lo mandata el sistema interamericano de derechos humanos.
A la fecha, están a la espera de que esta instancia internacional de derechos humanos con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronuncie por la admisibilidad de la petición y emita su informe de fondo donde esperan que se pronuncie por la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos, «debido a la implementación de una política contrainsurgente de Estado que dio lugar a la masacre de Acteal».
El 2 de julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer los amparos de 12 inculpados de la masacre de Acteal, defendidos por los abogados Ana Laura Magaloni y Alejandro Posadas (del CIDE), quienes en 2006 anunciaron que asumirían la defensa de las 71 personas que actualmente se encuentran presas en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, lo que le ha valido por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos severas críticas.
08/LGL/CV
