Las organizaciones defensoras de derechos humanos esperan la ratificación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Baja California a la sentencia de Julio César Cedeño Alvarez, por el delito de violación equiparada a la joven Paulina a quien autoridades panistas estatales le negaron un aborto legal.
El fallo favorable a la causa de Paulina por el TSJ fue anunciado ayer por el diario La Voz de la Frontera en Mexicali, capital del norteño estado de Baja California donde la adolescente vive con su hijo.
De ser ratificada la sentencia a Cedeño Alvarez se alcanzaría una parte de la justicia para Paulina, consideró en entrevista telefónica Silvia Reséndiz de la organización feminista Alaide Foppa, cuyas integrantes acompañan a la joven migrante desde noviembre de 1999 cuando autoridades del Hospital General se negaron a interrumpir un embarazo producto de una violación.
«Lo que sí vamos a celebrar será que se castigue a los funcionarios que permiten la violación de derechos humanos», agregó Reséndiz al mencionar al ex Procurador de Justicia en el estado Juan Manuel Salazar, al director de los servicios estatales de Salud, Carlos Astorga, así como al director del Hospital General, Ismael Avila Iñiguez.
Si la agresión cometida a una persona sin estudios es un crimen, éste es peor cuando los funcionarios encargados de salvaguardar la integridad de las personas violan sus derechos, agregó.
La jueza primero de lo penal, Zenaida Tafoya, además fijó al violador una multa de 340 días de salario mínimo –equivalente a más de 11 mil pesos– así como 24 mil pesos por reparación del daño.
Cedeño, quien fue sentenciado por violación y robo con violencia, deberá regresar un teléfono celular, mil pesos en efectivo y una cadena de oro, sustraídos del hogar de la menor la noche de los hechos en julio de 1999.
Cedeño Alvarez fue sentenciado a 16 años de prisión, tras un complicado proceso penal. Sin embargo, las ONG nacionales y regionales que apoyan a Paulina consideran que será necesario castigar a las autoridades involucradas, quienes anteponiendo sus creencias religiosas a las responsabilidades de sus cargos impidieron a Paulina ejercer su derecho.
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