Ante el embate del Ejecutivo federal para recortar el presupuesto destinado a salud reproductiva, y la alta prevalencia de embarazos en adolescentes, la Coalición por la Salud de las Mujeres cabildea en la Cámara de Diputados para que se incrementen los recursos destinados a la salud de las mexicanas.
Esperanza Delgado, integrante de la coalición y responsable de la Unidad de Evaluación e Incidencia Política en Mexfam, dijo a Cimacnoticias que es «grave» e «injustificable» el recorte presupuestal de 64 por ciento al rubro de Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, contemplado en el Anexo 10 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2012 (PPEF).
Es por ello que las nueve organizaciones civiles que integran la Coalición por la Salud de las Mujeres presentaron a diputadas y diputados del PRD una propuesta para que los recursos para el sector con enfoque de género aumente en al menos 320 millones de pesos (mdp).
Cabe recordar, que el PPEF propone destinar sólo 497 millones de pesos a Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud –que incluye los programas de Planificación Familiar (PF) y atención a la salud sexual y reproductiva para adolescentes–, mientras que para 2011 la Cámara de Diputados destinó mil 401 mdp.
Delgado explicó que los grupos de mujeres proponen un aumento de al menos 200 millones de pesos para PF y salud sexual y reproductiva en adolescentes, como una medida para hacer frente a la alta prevalencia de embarazos en adolescentes y la falta de acceso a métodos anticonceptivos que sufre esta población.
Detalló que de esos 200 millones 150 mdp se destinarían a PF y 50 mdp al fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva para las y los menores de 20 años de edad, con el propósito de que aumenten en número y la calidad de la atención, mediante la inversión en infraestructura, capacitación del personal y materiales informativos.
Además de PF y atención a adolescentes, la Coalición por la Salud de las Mujeres señala como prioritario el aumento de 115 mdp a las acciones encaminadas a reducir la muerte materna en el país, así como un incremento de 4.2 mdp para capacitar a personal de salud y monitorear la identificación de mujeres que sufren violencia cuando acudan a realizarse la prueba de detección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
ADOLESCENTES VULNERABLES
Esperanza Delgado abundó que con los incrementos para PF y salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes se «favorecería» la creación de servicios especializados para esta población en cada entidad federativa y la calidad de los mismos, los cuales actualmente son insuficientes, advirtió.
Pese a que en este sexenio se creó el marco legal y normativo para que las y los menores de 20 años de edad reciban servicios de salud sexual y reproductiva (incluida la dotación de una amplia gama de métodos anticonceptivos), sin la autorización de sus padres o tutores, «hay crecimiento de servicios, pero todavía no llegamos a lo que necesitamos; la mayoría consigue anticonceptivos en la farmacia y no recibe información adecuada», agregó la activista.
El déficit se traduce en la alta prevalencia de embarazo en adolescentes y de su necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA). Por ejemplo, dijo Delgado, se calcula que en el país más de 60 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años de edad no usan algún método anticonceptivo cuando tienen relaciones sexuales.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, en promedio la NIA es de 9 por ciento, pero en las jóvenes asciende a 18 por ciento y en las adolescentes crece a 25 por ciento la población que quiere utilizar algún método, pero no tiene acceso a éste.
La falta de acceso a anticonceptivos e información adecuada para utilizarlos deriva en una alta tasa de fecundidad adolescente. En el país se registran 80 nacidos vivos por cada mil mujeres adolescentes, cuando una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece que el país debe alcanzar una tasa de 50 por cada mil.
Esperanza Delgado añadió que en promedio 12 por ciento de las adolescentes son madres, y que el número se incrementa a 15 por ciento en el caso de las menores de 20 años de edad que habitan en zonas rurales, y a 17 por ciento en adolescentes indígenas, quienes afrontan barreras de lenguaje, tradiciones y valores culturales que favorecen la unión temprana.
El escaso acceso a servicios de educación y salud significa otro obstáculo, muestra de ello es que en las poblaciones con menor índice de desarrollo humano (IDH), el 18 por ciento de las adolescentes son madres.
En este escenario, Delgado consideró que «no se justifica la reducción en partidas presupuestales que tiene que ver con compra de anticonceptivos y con servicios dedicados a los adolescentes».
Abundó que es un «grave problema» que debe atender la Cámara de Diputados: «No podemos dejar a las mujeres del país sin la oferta de métodos anticonceptivos cuando quieren espaciar un embarazo, ni a las adolescentes que inician su vida sexual y desean postergar su maternidad».
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