Durante 2006 ocurrieron en México dos casos de tortura, tres agresiones físicas o ataques, tres asesinatos y una tentativa de homicidio contra activistas de los derechos humanos; cinco activistas fueron detenidos arbitrariamente y hubo 14 casos de amenazas de muerte y 15 de hostigamiento, dice el Informe anual 2006 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
El número de defensores víctimas de violaciones a derechos humanos sumó 41, lo que coloca a México dentro de los tres países Latinoamericanos que reportan más atentados contra defensores, después de Colombia y Guatemala. Todos estos casos siguen sin ser resueltos por la justicia mexicana.
Ante la aparición del nuevo informe, diversos organismos, como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» A.C. (Centro PRODH) y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), se congratulan por la publicación del Informe Anual 2006 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, indican en un comunicado.
En el caso mexicano, dicen, debe destacarse la persecución de que han sido objeto aquellos que defienden los derechos de grupos de personas en situación de vulnerabilidad, tales como los trabajadores, las minorías, de las poblaciones sin tierra y de las comunidades autóctonas.
Esta persecución ha sucedido, sobretodo cuando los defensores se han opuesto a intereses privados, como en los casos de la defensa de los niños y mujeres, de trabajadores en las maquilas, o aquellos defienden la protección de los recursos naturales tal como la contaminación, la extracción no sustentable o la construcción de represas.
De ello son prueba, infortunadamente, los casos de Martín Barrios Amaru, de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (CDHLVT); Noé Aguirre Orozco, de la Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ); Lydia Cacho Riveiro, periodista y presidenta del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM); Yésica Sánchez Maya, presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Filial Oaxaca; y Aline Castellanos Jurado, integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC, entre otras personas señaladas por el Observatorio.
En lo que va de 2007 se confirma la tendencia a reforzar el marco legislativo que restringe las libertades, así como la tendencia a la represión de las legítimas demandas de los movimientos sociales.
El discurso oficial enfatiza la necesidad de enfrentar eficazmente al crimen y garantizar la seguridad pública, dejando de lado lo relativo a la protección de los derechos humanos.
Prueba fehaciente de esta afirmación son los trágicos hechos de Oaxaca, donde numerosos participantes en las manifestaciones realizadas en la ciudad de Oaxaca fueron víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas, violencias y actos de intimidación, tal como lo reporta el Observatorio.
En dicho informe el Observatorio también detecta la responsabilidad de actores no estatales que actúan protegidos por los órganos del Estado (grupos paramilitares, empresas multinacionales, entre otros), y refiere el importante papel que los Estados juegan cuando permiten un clima de impunidad o se hacen cómplices de los agresores.
La tendencia a reforzar los marcos legislativos encaminados a restringir las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica por Estados que consideran a la sociedad civil independiente como una amenaza es cada día más marcada.
En América Latina, además de esta tendencia a sancionar la actividad de los defensores, las campañas de difamación contra las organizaciones y sus miembros fueron particularmente virulentas, al grado de que en muchas ocasiones los defensores fueron acusados de «subversivos», «enemigos», «rebeldes» o simpatizantes de la guerrilla.
El informe señala que los movimientos de protesta social, que han alcanzado dimensiones sin precedentes, han sido objeto de fuertes represiones, víctimas del uso de la fuerza cada vez más desproporcionado y objeto de virulentas campañas de descrédito.
Los hechos de 2007 nos muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar la adecuada protección de las víctimas. Los defensores siguen expuestos a la criminalización de sus acciones, a la descalificación o a la limitación de sus actividades. Mientras tanto, los agentes del Estado responsables por estos actos continúan gozando de la constante impunidad en México.
Esta nueva edición del Informe, que coincide con los 10 años de existencia del Observatorio, rinde homenaje a las mujeres y a los hombres que, a pesar del peligro a su integridad, cuestionan las bases de los regímenes autoritarios o ciertos intereses económicos y luchan para que los autores de los crímenes más graves e inaceptables sean castigados, dicen las organizaciones.
07/ML/GG
