Por negarse a prestar el servicio de interrupción del embarazo a las mujeres que acuden a los hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ubicadas en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) interpondrá un recurso ante la Contraloría General de la República contra los funcionarios de dichos nosocomios.
Informó lo anterior el diputado local Jorge Carlos Díaz Cuervo, tras indicar que si en una semana ?a partir de mañana cuando se dé a conocer a los medios de información el documento que preparó el penalista Raúl Carranca y Rivas- los funcionarios de esas dependencias de salud federales no desisten de su actitud de anteponer su opinión personal y política a la del funcionario y servidor público, acudirán ante la Contraloría.
El legislador por Alternativa aseguró que más tarde que temprano los directores del IMSS y del ISSSTE tendrán que reconocer y prestar el servicio de interrupción del embarazo a las mujeres que acudan a los hospitales y clínicas de esas instituciones de salud federal, ya que todos los servicios públicos están sujetos a las leyes del Distrito Federal.
Jorge C. Díaz Cuervo comentó que, ante ello, ni Juan Molinar Horcaditas ni Miguel Ángel Yúnes pueden dictar políticas por encima de las instituciones que dirigen, toda vez que sus dueños son los trabajadores, los patrones y el gobierno federal.
Entre tanto, en la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PRD aseguró que los directores del IMSS y del ISSSTE incurren en desacato y faltas administrativas al negar el servicio a la mujer que solicite se le practique un aborto en los hospitales de esos institutos localizados en el Distrito Federal, ya que están obligados a acatar la reforma aprobada en la ALDF.
OTRA REFORMA
El presidente de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados adelantó que presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa para reformar el Artículo 329 del Código Penal Federal con el objetivo de modificar el concepto de aborto.
Con ello, dijo, se busca que la figura de aborto, como delito, responda a criterios absolutamente laicos, así como complementar las dos propuestas de despenalización que el PRD ha presentado ante se órgano legislativo.
El diputado federal Gerardo Villanueva exhortó a los funcionarios a no impedir o amenazar -con sanciones- a los médicos de todas las instalaciones médicas del Distrito Federal que decidan practicar un aborto cuando se les solicite, ya que no existe disposición jurídica que lo impida.
En conferencia de prensa informó: «He enviado tanto al Director General del ISSSTE como al Director General del IMSS sendos oficios haciéndoles notar que ni la Ley del Seguro Social ni la del ISSSTE establecen diferencia sobre la atención médica para sus derechohabientes».
El perredista explicó que el Código Penal Federal tipifica de manera distinta al del Distrito Federal el delito de aborto y tal vez es a este precepto al que hacen referencia los directores cuando prohíben el aborto en las clínicas del IMSS e ISSSTE.
Sin embargo, agregó, «de acuerdo con los principios del derecho, más aún del derecho penal, cuando existen este tipo de contradicciones jurídicas se debe atender a la que favorezca al interesado».
Gerardo Villanueva abundó que «siendo un delito de fuero común, únicamente la legislación federal operaría para embajadas, buques o sitios en el extranjero que mantengan jurisdicción territorial federal».
El Presidente de la Comisión del Distrito Federal puntualizó que en el caso de la Ciudad de México «está claro que si el hospital está dentro de este territorio, se tiene que aplicar la ley penal del Distrito Federal, por lo que ningún funcionario puede llamar a la desobediencia».
07/MLT/GG/CV
