La posibilidad siempre latente de que en México una mujer pueda ser denunciada por haberse practicado a un aborto tiene un impacto negativo en la salud de quienes recurren a estos procedimientos en el país, dice Ana Cortés en su libro Persecución legal del aborto en la Ciudad de México: un atentado al derecho a decidir, recientemente editado por GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida AC).
A este tema, parte de una investigación que ha permitido desentrañar la realidad de muchas mujeres que llegan a hospitales con abortos en curso, se referirá una mesa de expertos que presentará el libro el miércoles 22 de noviembre, a las 19 horas, en Casa Lamm, informó GIRE a través de un boletín.
Allí, Luis de la Barreda, Alfonso Carrera, Marta Lamas y la autora, coordinados por María Luisa Sánchez, abordarán la situación actual del aborto desde diferentes perspectivas: la de quien practica abortos legales en un hospital público, la de los derechos humanos, la de la libertad de conciencia y la de la realidad actual de las denuncias (que las hay, y muchas, en el país).
Dice Ana Cortés que la prohibición del aborto voluntario, sumada al desconocimiento general de las leyes que permiten la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias, y también a la ausencia, en general, de políticas públicas que posibiliten la prestación de servicios de aborto, orilla a las mujeres a buscar este procedimiento de forma clandestina, con todo el riesgo al que, por ello, están expuestas.
Entre esos riesgos está el de acudir tarde a los centros de salud en caso de que el procedimiento se haya complicado. Las mujeres que presentan problemas post-abortos suelen llegar a los hospitales cuando las hemorragias o las infecciones están muy avanzadas. ¿Por qué la demora? Por miedo a ser denunciadas, ya sea por los médicos o por los agentes del Ministerio Público adscritos a los hospitales.
Del otro lado de la moneda, las eventuales denuncias por abortos que realizan los médicos representan, en su gran mayoría, un atentado contra el derecho a la salud reproductiva. Un análisis de las denuncias realizada en determinados años en el DF dan cuenta de que la mayoría de ellas carecía de fundamentos; en otras palabras, fueron arbitrarias, hechas a partir de desconocer la ley.
Este desconocimiento ha lesionado el derecho a la salud, y ha violado los derechos a la igualdad y a la justicia social, en la medida en que las denuncias fueron presentadas, en la gran mayoría de los casos, en contra de mujeres pobres o socialmente desprotegidas.
Esta es parte de las conclusiones a las que ha arribado Ana Cortés en su libro Persecución legal del aborto en la Ciudad de México: un atentado al derecho a decidir.
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