Elaborar la Agenda de las Mujeres para presentarla a los candidatos en el próximo proceso electoral presidencial de 2006, como parte de un Plan de Acción de 16 puntos, concluyeron hoy organizaciones que participaron en el Encuentro Feminista por la Reforma de Estado.
El documento fue aprobado en el marco del Encuentro por la Transición Democrática con Justicia y Equidad, en el que participaron organizaciones sindicales, de derechos humanos y de la sociedad civil realizado en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
Entre los acuerdos destaca impulsar la participación de las mujeres en el proceso de la Reforma del Estado para construir una nueva forma de democracia y de país, a través del fortalecimiento de las mujeres.
El Plan de Acción incluye una campaña contra el condicionamiento del voto electoral que promueven instituciones gubernamentales mediante la utilización de programas de política social.
Ligado a este punto, las feministas acordaron revisar las reglas de operación de los proyectos productivos y sociales, creando criterios y mecanismos que permitan a las mujeres acceder con mayor facilidad a recursos, sin que éstos puedan ser utilizados como condicionantes del voto electoral.
El Plan de Acción propone también revisar los capítulos del campo y subsidios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros acuerdos comerciales que está pactando el gobierno federal.
Así como exigir el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y promover el acceso de las mujeres a la seguridad social: servicios médicos, educación y pensiones.
Otro de los puntos es el fortalecimiento de las campañas contra el feminicidio que desarrollan diversas organizaciones de mujeres e integrar la perspectiva de género al modelo de democracia y de país que está construyendo el movimiento social.
El documento establece que se impulsará la creación de espacios para continuar el debate sobre el futuro del feminismo en México, definiendo estrategias a corto, mediano y largo plazo, e identificando mecanismos para vincular el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres.
CASO AMLO UN DETONANTE
Por otra parte, rechazaron la imposición del modelo económico neoliberal que ha profundizado las desigualdades sociales y políticas, en un pronunciamiento que leyó la presidenta de Afluentes, Gabriela Rodríguez.
El documento que fue suscrito por las participantes sostiene que el desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, «es un detonante para definir nuestra posición y contribuir a recuperar el espacio entre la sociedad y las instituciones, así como aportar en la construcción de una ciudadanía participativa».
La declaración cuestiona la adopción del modelo neoliberal en México y sostiene que éste ha dado como resultado la pérdida de los derechos económicos, laborales, sociales, culturales y políticos, así como la escalada de nuevas formas de violencia contra las mujeres trabajadoras, como en el caso de los feminicidios.
Asegura que el modelo impone un proyecto cultural a través de los medios de comunicación masiva y de políticas públicas que, «entre otros aspectos, promueve estereotipos sexistas y un sólo tipo de familia, desconociendo su diversidad».
Ese modelo, agrega, atenta contra el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos porque fortalece la relación vertical y el sometimiento de las mujeres y dificulta la capacidad de decidir sobre el cuerpo biológico y el cuerpo social.
En México, sostienen, este proyecto «es resonancia de un modelo hegemónico de ideas conservadoras y de posicionamiento de la derecha internacional».
El documento que suscribieron campesinas, sindicalistas y académicas, así como integrantes de organizaciones de mujeres, aseguran que este modelo en lugar de mejorar las condiciones de vida, apuestan a una agenda retardataria y a un fortalecimiento de la espera de lo religioso en lo político que busca mantener la desigualdad de género.
Así como debilitar los derechos humanos y las libertades individuales, deslindar al Estado de su responsabilidad social y desplazar los servicios de salud y educación en la familia y, particularmente, en las mujeres.
Hoy, concluye el documento, es imprescindible que se cumplan los compromisos multilaterales que México ha firmado en materia de derechos humanos, en especial la Convención para Erradicar la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), la Convención para Eliminar la Violencia, de Belem Do Pará, los compromisos de las conferencias internacionales de la mujer y la Plataforma de Acción de Pekín.
2005/LMG/SJ
