No obstante que algunos grupos pro inmigrantes de Chicago, Los Ángeles y Nueva York consideran que el acuerdo bipartidista de reforma migratoria, anunciado ayer por el Senado y que aplaudió George Bush, es positivo y denota voluntad, muchos más lo califican de «canalla», «antifamilia», «inaceptable» e «insuficiente», por lo que continuarán la lucha para alcanzar una verdadera ley.
Joshua Hoyt, director ejecutivo de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), dijo al diario Hoy de Chicago que es importante que reconozcan las contribuciones de las y los inmigrantes y ofrezcan un camino a la ciudadanía, pero por el lado negativo «mantienen a los indocumentados como rehenes, para lograr lo que ellos quieren: mano de obra barata, mientras eliminan el sistema de inmigración familiar».
El rotativo también cuestiona el sistema que usarán para determinar quién es elegible para recibir una residencia, porque clasificarían a la población inmigrante de acuerdo con sus habilidades y formación educativa. Para ellos vale más una persona con alta educación, dinero y que hable inglés, que un jardinero mexicano», señaló.
Sin embargo, el activista afirmó que tiene fe en que lo que resulte de las audiencias, enmiendas y la discusión en la Cámara Baja, mejore una propuesta de reforma migratoria.
Por su parte, la activista Elvira Arellano, refugiada en una iglesia tras desobedecer una orden de deportación, dio la bienvenida al acuerdo.
«Es un borrador bipartidista que hay que modificar. Es importante que llegaran a un acuerdo antes de que el tiempo siga corriendo», dijo Arellano.
Y, Carlos Arango, director ejecutivo de Casa Aztlán, lo calificó como «una forma canalla de plantear la legalización».
«Crea un programa de trabajadores temporales que resultará en una subclase de trabajadores con derechos restringidos y sin participación en la democracia», afirmó.
Raúl Murillo, de Hermandad Mexicana Nacional en Los Ángeles, afirmó al rotativo Hoy en Los Ángeles que «es una buena noticia saber que el Senado tiene la voluntad de ponerse de acuerdo en el problema de migración».
«Lo vemos con buena cara, pero nos quedan muchas dudas sobre el proyecto, los tiempos de espera, el dinero que se va cobrar. Otra cosa que nos preocupa es la salida del cabeza de familia, ¿que garantía se le da a estas personas? Las familias se quedan acá solas», añadió Murillo. «Es absurdo que tengan que salir por un día o el tiempo que sea. Es algo que pone en riesgo a ellos mismos».
Murillo también dijo que esto no significa que la tan ansiada legalización haya llegado.
Al mismo tiempo manifestó que «tenemos que seguir presionando. El 24 de junio marcharemos en Hollywood porque tenemos que continuar hasta que el Presidente firme una reforma migratoria. El trabajo legislativo se está dando, pero son propuestas y no hay que confundirlo», indicó.
«La gente está llamando, está preguntado si ya se aprobó la ley y esto todavía no se da. Así que tenemos que seguir trabajando hasta conseguir una ley que garantice y dé el camino hacia la ciudadanía a todas las personas que están aquí en el país».
Por su parte, Jorge Mario Cabrera, vocero del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), también dijo que todavía no es momento de «cantar victoria».
«Tendremos que movilizar a las comunidades en toda la nación para apoyar las áreas de esa propuesta que son positivas y tendremos que presionar a los congresistas, especialmente a los senadores, para que las áreas problemáticas no avancen demasiado», señaló.
«Nuestra preocupación es que lo que ya hemos escuchado incluye temas que nosotros no aceptaríamos».
Entre estos temas está el regreso a casa que impondría la ley a trabajadores temporales, quienes podrían renovar sus permisos de trabajo hasta por ocho años.
«Este retorno no garantiza que el país de origen lo deje salir a uno. No garantiza que uno va poder encontrar su trabajo aquí al regreso», dijo Cabrera. «Crearían una segunda clase de trabajadores sin derechos, que más bien sería como de maquiladora».
Ángela Sanbrano, directora ejecutiva Carecen dijo a la prensa nacional e internacional que la propuesta, que incluye la contratación de 18 mil agentes para la Patrulla Fronteriza y otras medidas de control en la frontera, antes de que estén en vigor las visas de legalización, está bastante lejos de lo que la comunidad necesita.
La lucha también continua para Gloria Saucedo, de Hermandad Mexicana Nacional en el Valle de San Fernando, quien calificó la propuesta migratoria actual como «insuficiente».
«Las personas van a poder lograr un permiso de trabajo hasta después de dos años y tardarías 14 años para obtener la legalización», dijo Saucedo.
«La ley también impide que las y los hijos mayores de 21 años puedan arreglar (promover la legalización) a su madre o su padre y viceversa. Si eres ciudadano, no puedes pedir a tus hermanas o hermanos. Esto va separar más a las familias».
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), tampoco está conforme con la propuesta.
«Que bueno que reconocen, finalmente, después de tantos años, que necesitamos la legalización», dijo Salas. «Sin embargo, lo que nos están diciendo es que nos va a costar, y que es a cambio de reformas severas al sistema de Inmigración. El costo es altísimo y no aceptable. Estamos dándole una oportunidad a la gente que está aquí, pero es ponerle la soga a los que vienen en el futuro.
«Vamos a tener trabajadores huéspedes sin derechos laborales y ninguna vía a la ciudadanía», agregó.
«Quitaría el sistema que existe ahora en base a peticiones familiares y lo reemplazaría con preferencia a personas ricas con alto nivel de educación».
«No podemos quitarnos la soga y ponérsela al que viene. Tenemos que cambiar esto para asegurar que la propuesta que salga del Senado tenga los componentes que nosotros realmente necesitamos: legalización y reunificación familiar».
En Nueva York, el diario La Prensa dio espacio a las críticas de las organizaciones de inmigrantes. Radhames Pérez, de la Coalición de Comunidades Inmigrantes del Alto Manhattan, rechazo así la iniciativa:
«Los millones de personas que votaron por los demócratas tienen que sentirse engañadas. Esto mantiene la división de las familias, porque implanta un sistema de puntos, donde la mayoría de los inmigrantes latinos son trabajadores y pobres», dijo al referirse a la idea de dar prioridad a los inmigrantes con altos niveles de educación.
Ana María Archela, directora del Centro de Integración Latinoamericana, señaló que «la propuesta es opuesta al sistema actual que reconoce la unificación de las familias».
Criticó la iniciativa, que no permitirá patrocinar a todos los familiares para que se queden legalmente en Estados Unidos.
Norman Eng, abogado de inmigración de New York Inmigration Coalition, dijo: «Los huéspedes no pueden obtener la ciudadanía. No va a funcionar. No les va a permitir a los trabajadores temporales traer a sus familias».
Raquel Batista de La Coalición del Alto Manhattan para el Derecho del Inmigrante, aseguró: «No es aceptable el programas de huéspedes. Con un programa de huéspedes la gente viene acá y forma familia, pero no van a poder optar a la ciudadanía. Van a ser subclase o personas de segunda clase».
El editorial del periódico en español La Prensa, titulado «Una marcha atrás en la inmigración», dice: El Senado dejó a un lado el sentido común cuando llegó al compromiso de un acuerdo inmigratorio bipartidista.
LA PROPUESTA
Según los informes, la propuesta incluye una visa «Z» para las y los indocumentados que entraron a los Estados Unidos antes del primero de enero de este año. Estos tendrían que pagar multas e impuestos atrasados. Tras ocho ó 10 años, los titulares de esa visa podrían aplicar para la residencia permanente, aunque hay una provisión de salida del país, para apaciguar la obsesión conservadora con el castigo.
Además la propuesta rompe con la reunificación familiar, una preferencia de más de 40 años. Cambiando el sistema actual de patrocinio por un programa basado en el mérito, los futuros inmigrantes serán calificados en función de su nivel educativo, su experiencia laboral y su conocimiento del inglés, así como sus lazos familiares. La unificación familiar automática estaría limitada a los cónyuges, hijas e hijos menores de 21 años.
La propuesta no crea una vía para que trabajadoras y trabajadores temporales se queden en esta nación. En su lugar, tendrían que volver a sus países cada dos años y renovar una licencia. Un cambio que el Consejo Nacional de La Raza dice que llevará a una clase encubierta de trabajadores indocumentados, recreando el problema actual.
En consecuencia, mientras las y los inmigrantes con habilidades técnicas y conocimiento del inglés obtienen sólidas ganancias con este acuerdo, trabajadoras y trabajadores, cumplidores de la ley, pero menos educados, que son vitales para los servicios, la construcción y las industrias agrícolas ?muchas de ellas y ellos latinos? solamente tendrán opciones de riesgo: regresar a su país, multas, y licencias limitadas sin certeza sobre un estatus legal permanente.
Algunos senadores están pidiendo paciencia con una ley que, admiten, es imperfecta. Pero el tema no es que la ley tiene defectos, es que sustituye un grupo de problemas por otro.
La ley, se suponía iba a abrir el debate, puede llevar a plantear condiciones más allá de una reforma sensible.
07/LPB/GG/CV
