El acuerdo migratorio, que se halla en etapa de debate en el Senado para alcanzar una nueva ley, moviliza nuevamente a la nación, sobre todo a aquellos que buscan la legalización de las y los aproximadamente 12 millones de inmigrantes indocumentados.
La Coalición por una Reforma Migratoria Integral (CCIR) lanza spots radiales en 27 mercados hispanos, incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami y San Francisco, solicitando al público llamar al 1-800-882-2005 para pedir cambios al plan migratorio.
El diario neoyorkino La Prensa publica hoy lo anterior y señala que ayer durante el debate en el Senado se superó la primera prueba real, tras la derrota de una enmienda demócrata que pretendía eliminar el programa de trabajadoras y trabajadores temporales contemplado en la medida y que grupos de presión rechazan porque no ofrece una vía real de legalización a los futuros flujos de migrantes.
El diario agrega que la enmienda de las y los senadores demócratas Byron Dorgan y Barbara Boxer, de Dakota del Norte y California, respectivamente, se derrotó en votación 64-31. Los negociadores del acuerdo advirtieron que eliminar el programa echaría por tierra la reforma, aunque Boxer indicó que «no cree en ese tipo de amenazas».
Para hoy, en la sesión del debate se considerarán otras enmiendas: una del senador demócrata de Nuevo México, Jeff Bingaman, que reduce a 200 mil la cifra de visas anuales para las y los trabajadores temporales, en lugar de las 400 mil a 600 mil que contempla el proyecto y que los empleadores alegan que necesitan.
Otra enmienda, del senador James Inhofe, de Oklahoma, pretende hacer del inglés el idioma oficial de los Estados Unidos. Y una más del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, pide sentencias obligatorias de prisión contra quienes crucen ilegalmente la frontera.
Asimismo, algunos demócratas quieren alterar ciertos componentes de la propuesta de eliminar cuatro de las cinco categorías de visas de reunificación familiar.
Los senadores Robert Menendez, Hillary Clinton y Chris Dodd, de Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, respectivamente, ofrecerán hoy, también, detalles de la enmienda que presentarán y que «removería barreras a la reunificación de cónyuges e hijos menores de edad de residentes permanentes».
El plan impone un tope de 87 mil visas anuales a la categoría de segunda preferencia de hijas e hijos menores de edad y cónyuges de residentes permanentes, y un tope de 40 mil visas a madres y padres de ciudadanos de la Unión Americana.
En lo particular Menéndez agrega el rotativo presentará una enmienda para cambiar la fecha límite bajo la cual las y los solicitantes de tarjetas verdes pueden beneficiarse de la eliminación del rezago.
Se alega que ocho años después de promulgada la ley se habrá eliminado el rezago de peticiones de quienes aguardan legalmente por sus visas, pero eso sólo si la presentaron antes del 1 de mayo de 2005, dejando fuera a decenas de miles de personas. Menéndez quiere que la fecha se cambie a «antes del 1 de enero de 2007».
Otras enmiendas demócratas pretenden cambiar el sistema de puntos que regirá la futura inmigración legal a esta nación. Pero hay enmiendas republicanas, como la del senador de Louisiana, David Vitter, que eliminaría el plan de legalización.
Los negociadores del acuerdo bipartidista quieren mantenerlo a flote, intentando derrotar las enmiendas que puedan alterarlo drásticamente y, según ellos, descarrilarlo.
No pueden impedir que las enmiendas se presenten, claro está, pero su estrategia es mantener unida la coalicion negociadora para garantizar que cambios profundos no lo echen por tierra. Han advertido que la ventana de oportunidad para aprobar una reforma migratoria este año se está cerrando a pasos acelerados.
VOCES LATINAS
En tanto, el Congreso Nacional Latino, que agrupa a varias organizaciones hispanas, reiteró lo que considera fallas del proyecto: un plan de legalización complejo, costoso y largo; la eliminación de visas de reunificación familiar; un plan de trabajadoras y trabajadores temporales sin vía de legalizacion; y un sistema de puntos que dará más peso a credenciales educativas y profesionales que a lazos familiares al conceder visas para la inmigración legal futura.
Brent Wilkes, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), indicó que las fallas deben enmendarse, porque de lo contrario «la comunidad hispana y la comunidad inmigrante rechazarán este proyecto».
Lillian Rodríguez López, presidenta de la Federación Hispana, indicó que se requieren cambios porque en su forma actual el proyecto es «un tren que esta a punto de descarrilarse».
El problema del grupo negociador es que los ataques son incesantes y por todos los flancos. Muchos aceptan que el nivel de rechazo los ha tomado por sorpresa.
El plan de trabajadoras y trabajadores temporales es sólo uno de los componentes criticados por grupos pro inmigrantes, sindicatos y empresarios, porque no concede una vía real de legalización lo cual crearía, dicen, una subclase permanente de trabajadores sin derechos genuinos.
El plan concedería entre 400 mil y 600 mil visas anuales de trabajo temporal con dos años de duración, renovables tres veces, para un total de seis años. Pero entre cada renovación la persona debe retornar a su país de origen por un año. Los sindicatos argumentan que sólo proveerá una mano de obra sin derechos reales que deprimirá los salarios de las y los trabajadores estadounidenses.
Pero el senador de Massachussets, Edward Kennedy, principal negociador demócrata, recordó que el programa es «razonable», concede a esos futuros trabajadores temporales derechos y protecciones, y protege los salarios de trabajadoras y trabajadores estadounidenses.
Kennedy dijo que eliminar el plan perpetuaría la inmigración indocumentada que quiere frenarse, porque la gente seguirá tratando de ingresar a Estados Unidos a trabajar y, de lograrlo, sería sin las protecciones concedidas por el proyecto.
07/LPB/GG/CV
