Desde el siglo pasado, México ha firmado y ratificado Convenios y Tratados relacionados con la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la mujer, los cuales han sido también ratificados por el Senado de la República.
Así, desde 1919, nuestro país se comprometió a proteger la maternidad, en 1979 a eliminar, sancionar y erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer y a garantizar la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al signar la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo en El Cairo, en 1994, y un año más tarde la de Pekín.
En nuestro país, los grupos organizados de mujeres han estado vigilantes de que el gobierno cumpla con los compromisos adquiridos a través de estos acuerdos internacionales, para que sean tomados en cuenta en la planeación de las políticas públicas, se generen programas específicos para las mujeres y conseguir recursos para llevarlos a cabo.
Sin embargo, estos grupos de mujeres han tenido que luchar la mayoría de las veces y sobre todo en las cuestiones relativas a la sexualidad, contra los grupos de ultraderecha que han tomado un gran auge, sobre todo durante la administración foxista.
A pesar de los logros alcanzados por las mujeres organizadas durante todo este tiempo, y que vieron su máximo esplendor con las Conferencias de El Cairo y de Pekín que no sólo tienen que ver con la cuestión reproductiva sino con el desarrollo integral de la mujer, éstos se han visto constantemente amenazados durante la administración foxista.
Si bien los asesinatos de mujeres en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez no son exclusivos de este sexenio pues desde las administraciones priistas se tiene conocimiento de ellos, sí son un claro ejemplo de cómo para las mujeres mexicanas continúa siendo casi imposible alcanzar la justicia y el estado de bienestar al que se comprometió el gobierno mexicano signando estos acuerdos.
Pero una vez más las organizaciones civiles de mujeres han estado al pendiente de agotar todas las instancias nacionales encargadas de la impartición de justicia y han tenido un gran logro: llevar el caso a nivel internacional, apoyadas precisamente en estos Acuerdos y Convenios Internacionales.
Otro avance es sin duda, la legislación sobre aborto que se ha dado en nuestro país, y en este sentido habría que recordar que aunque continúa siendo un tema polémico, se ha logrado que por lo menos en todos los estados de la República se permita bajo ciertas circunstancias.
Sin embargo, esta práctica continúa vigente de manera clandestina: al año se realizan anualmente alrededor de 500 mil abortos clandestinos.
Una tarea pendiente es lo relacionado con la mortalidad materna, que aunque México se comprometió a disminuir los índices al signar estos Acuerdos, continúa siendo una de las primeras causas de muerte entre las mujeres mexicanas.
A pesar de los programas implementados por el gobierno, éstos continúan siendo insuficientes pues no alcanzan a llegar a las zonas más marginadas, en donde las mujeres continúan sin atención durante el embarazo, parto y posparto y muriendo por estos mismos males.
Si bien hay que reconocer que el gobierno mexicano se haya comprometido con la población femenina el firmar los acuerdos internacionales, éstos resultarán insuficientes en la medida en que no los asuma realmente y sólo queden en papel.
04/LGL/GMT
