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Acusan “doble moral” de grupo Provida en Yucatán

Por Gladis Torres Ruiz

Luego de que el fin de semana una joven yucateca presa por abortar fue liberada al pagar una fianza y autorizarse la permuta de la pena de cárcel por tratamiento médico integral, feministas afirmaron que éste es nuevamente un acto de doble moral para mostrar las “bondades” de la reforma que protege la vida desde el momento de la concepción cuando “es claro que no las tiene”.

En entrevista con Cimacnoticias, Elsa Conde, ex legisladora federal e integrante del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, afirmó que este caso muestra los obstáculos impuestos por la reforma local aprobada en julio de 2009, la cual modificó el artículo primero y 94 de la Constitución estatal y el artículo 392 del Código Penal local, para que las mujeres tengan acceso a servicios de salud adecuados.

El pasado viernes 24 de junio, el Juzgado Penal de Ebtún dictó libertad bajo fianza por 5 mil 700 pesos y tratamiento médico integral a una mujer universitaria detenida el martes 21 de junio, luego de permanecer varios días grave en el Hospital Regional de Valladolid luego de sufrir un aborto.

En un comunicado, la organización provida Red Pro-Yucatán informó que brindó apoyo jurídico a la joven estudiante para alcanzar este “beneficio” y demandó se aplique la ley contra su novio, Luis Renán Novelo –a quien ya se le giró orden de aprehensión–, ya que él presuntamente la presionó para que cometiera el aborto.

Desde 2009 el artículo 392 del Código Penal de Yucatán establece que se impondrá de seis meses a un año de prisión a la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar siempre y cuando “(ella) no tenga mala fama, haya logrado ocultar su embarazo y que éste no sea fruto del matrimonio”. Si falta alguna de estas circunstancias se le impondrá de uno a cinco años de prisión.

De acuerdo con la reforma, el juez queda facultado para sustituir la pena de prisión por un tratamiento médico integral. Basta que el juez lo solicite y lo ratifique la responsable.

“El tratamiento será provisto por las instituciones de salud del estado y tendrá como objeto la atención integral de las consecuencias generadas con motivo de la práctica de aborto provocado, así como el de reafirmar los valores humanos por la maternidad procurando el fortalecimiento de la familia”, establece el Código Penal local.

Para Elsa Conde, Red Pro-Yucatán pretende demostrar que las modificaciones hechas en 2009 no son contrarias a las causales permitidas para abortar, es decir, en caso de violación, alteraciones genéticas o congénitas, peligro de muerte y culposo.

Sin embargo, el fondo del caso nos muestra los obstáculos que las mujeres jóvenes tienen para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, a lo que se suma que serán denunciadas por los propios médicos quienes deberían de brindarles atención, remarcó.

La ex diputada federal por el Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) aseguró que este tipo de iniciativas son de doble moral ya que buscan intercambiar la sanción por un tratamiento psicológico como si abortar fuera un acto de locura.

La feminista Martha Tagle señaló que situaciones como la de la joven yucateca comprueba que las contrarreformas aprobadas en 17 estados de la República Mexicana criminalizan a las mujeres que deciden no ejercer su maternidad.

A ello se suma el hecho de buscar terceros culpables al considerar “que las mujeres no podemos decidir por nosotras mismas sobre nuestro cuerpo, que necesitamos buscar opiniones de otras personas”, enfatizó la integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir.

De 2008 a 2011 se han realizado 17 reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción/fecundación en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

Actualmente se encuentran pendientes cinco iniciativas similares en Aguascalientes, Estado de México, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, las cuales fueron turnadas a diferentes comisiones para su discusión en los Congresos locales respectivos.

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