La Contraloría General de Chile, a cargo de Jorge Bermúdez Soto, exigió al Estado dejar sin efecto el Protocolo de Objeción de Conciencia vigente desde marzo pasado porque incurre en irregularidades que obstaculizan el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.
La semana pasada el órgano fiscalizador de Chile publicó un dictamen donde concluyó que las reformas que realizó el Ministerio de Salud (Minsal) al Protocolo de Objeción de Conciencia son ilegales porque no respetan “el espíritu de las leyes” establecidas en las Constitución y en el Código Sanitario chileno, sino que pretende modificar o transfórmalas, algo que no puede hacer el Minsal.
En el documento la Contraloría explicó que la norma vigente sobre objeción de conciencia dice que establecimientos públicos y privados que tengan convenio con el Estado puedan invocar la objeción de conciencia aunque tengan la obligación de garantizar el libre e igualitario acceso a la salud y para cuyo efecto se les otorgan recursos públicos.
Además, expuso el organismo, esta norma reduce los requisitos y la falta de formalidad en el procedimiento que deben realizar las instancias (privadas y públicas) y el personal sanitario para declararse objetores.
Esto contradice la Ley 21.030, aprobada en 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, que permite la interrupción del embazo cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando hay inviabilidad del feto o cuando el embarazo es producto de una violación.
De no respetarse lo anterior, especificó la Contraloría, el Estado chileno violaría la Constitución Política al no asegurar el pleno acceso de las mujeres y niñas a sus derechos sexuales y reproductivos y dejaría a las chilenas en una situación de vulnerabilidad al no cubrir sus prestaciones de salud.
El organismo expuso que un Protocolo como este debe dictar instrucciones operativas para acceder a la objeción de conciencia pero señaló que el Minsal publicó un Protocolo que parece más un reglamento a pesar de que esta institución no puede dictar o modificar leyes.
No obstante, aclaró que aunque el documento hubiera sido promulgado como un reglamento, éste no cumplió con el requisito de ser remitido a la Contraloría para su revisión legal y para verificar que no atentara contra los Derechos Humanos (DH); además tampoco es un documento firmado por los ministros del país, como lo marca la Constitución chilena.
En entrevista con Cimacnoticias, la vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, Maka Castañeda consideró que con estas observaciones que realizó la Contraloría se debería dejar sin efectos el Protocolo sobre objeción de conciencia, sin embargó, agregó que el dictamen del organismo sólo analiza la objeción de conciencia institucional y no la personal.
Explicó que la objeción de conciencia personal, es decir, la que invocan el personal médico en lo individual, ha tomado gran importancia en el país porque después de que el 22 de marzo de este año el Minsal promulgara el Protocolo una gran cantidad de médicos ha invocado este principio en zonas donde sólo existe una institución médica.
Tal es el caso de las ciudades chilenas Osorno y Huasco (según datos del Minsal) donde la totalidad de los médicos obstetras declaró que no realizará el procedimiento de aborto por la causal de violación. Además, de 971 médicos obstetras registrados en el sector público de salud en aquel país, 306 dijeron que no harán abortos; y de 257 anestesiólogos, 39 afirmaron que tampoco participarán en esta práctica.
En consecuencia al alto número de médico objetores, en abril de este año el Minsal junto con el Colegio de Matronas y Matrones de Chile (constituido por 20 Consejos Regionales a lo largo del país, con un total aproximado de 2 mil 500 matronas colegiadas o parteras) entabló una mesa de trabajo con el fin de revisar la implementación del Protocolo y encontrar alternativas para garantizar la interrupción del embrazo cuando sea necesario.
Algunas de las propuestas buscaban que el Minsal destinara equipos de salud no objetores a diversas localidades del país, tal como se hace con el personal médico de becas de especialidad; y que implementara una meta sanitaria en los hospitales que realizaran atención gineco-obstréticas de tener un equipo permanente para intervenir en casos de abortos, entre otras.
No obstante, para la defensora de la salud de las mujeres, el trabajo que hasta el momento han realizado las autoridades chilenas sólo se encamina a regular una ley que “es muy restrictiva” y enfrenta la opinión de la sociedad chilena pero no se defiende lo primordial: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.
El dictamen de la Contraloría, dijo Maka Castañeda, fue resultado de cinco requerimientos presentados en los meses posteriores a la promulgación del segundo Protocolo, de los cuales cuatro fueron elaborados por diversos partidos políticos chilenos y uno por la Mesa Acción por el Aborto en Chile en conjunto con organizaciones feministas.
Agregó que con esta resolución del organismo fiscalizador se está a la espera de un nuevo Protocolo por parte de la Presidencia.
Además, comentó que un grupo de parlamentarias, encabezado por la diputada del partido Izquierda Autónoma, Camila Ruzlay Rojas Valderrama junto con otras miembros de los partidos Frente Amplio, Comunista y la Nueva Mayoría presentaron ante el Parlamento, este 15 de mayo, un proyecto de ley para prohibir de manera absoluta que cualquier tipo de institución médica acceda a la objeción de conciencia institucional, esto con el propósito de garantizar que haya prestadores de salud que garanticen la interrupción del embarazo.
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