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Acusan migrantes contubernio de autoridades en secuestros

Por Gladis Torres Ruiz

Las autoridades migratorias de México, “han ejercido y ejercen una política permisiva a la migración centroamericana “, lo que ha implicado la falta de control, la alteración de la paz pública, y lo más grave, la violación de los derechos humanos (DH), de las personas en condición de vulnerabilidad.

En el libro: “La trata de Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños en México. Un estudio exploratorio de Tapachula, Chiapas”, se añade que una prueba de lo anterior es la total impunidad en que operan las redes de tratantes de personas, que han hecho de este delito, “su modus vivendi”.

Advierte que a Tapachula, Chiapas y sus poblaciones aledañas arriban mujeres, niñas y niños, procedentes de Centroamérica, quienes son violentados en sus DH, por empleados de gobierno y privados que han logrado desarrollar una serie de prácticas benéficas a sus intereses.

El texto de Rodolfo Casillas, sostiene que el crimen organizado ha afinado sus métodos delictivos y su estructura; debido a las leyes insuficientes y a una sociedad que desconoce los nuevos preceptos legales que la protegen.

Considera que respecto al combate de la trata de personas y migración, es arduo el camino para que las leyes mexicanas se adecuen y orienten a proteger los DH de las y los migrantes, principales víctimas de la trata con diversos fines.

Luis Arriga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asegura que en la ruta de las y los migrantes están presentes todas las formas de violación a sus DH y también a los de sus familias.

Entre las más “comunes” se encuentran los abusos sexuales de mujeres y niñas, (se estima que 6 de cada 10 mujeres son abusadas) explotación sexual y laboral, tortura física, y tortura psicológica.

Hoy en día uno de los problemas más graves que enfrentan las y los migrantes indocumentados, es el secuestro; cifras oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señalan que de septiembre de 2008 y febrero de 2009, hasta 9 mil 758 migrantes habían sido secuestrados.

Diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el aumento del secuestro, tiene una vinculación con autoridades locales, municipales, estatales y federales.

Amnistía Internacional reporta que, para junio de 2009 la CNDH entrevistó a 238 víctimas y testigos de 198 secuestros de migrantes perpetrados entre septiembre de 2008 y febrero de 2009.

De ese total, 91 personas entrevistadas afirmaron que su secuestro había sido responsabilidad directa de funcionarios públicos, y otros 99 observaron que la policía actuaba en contubernio con los secuestradores durante su cautiverio.

Chiapas es un estado receptor, expulsor y de tránsito de personas, con un paso anual de más de un millón de migrantes en 8 cruces fronterizos, 43 informales y más de mil peatonales, por lo que se le considera el estado de la frontera sur más transitado, con un flujo migratorio del 57.8 por ciento

10/GTR/LR

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