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Acusarán a Ulises Ruiz ante Corte Penal Internacional

Por Lourdes González García

El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, será llevado ante la Corte Penal Internacional, bajo los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la población oaxaqueña durante el conflicto que se vive en aquella entidad desde junio pasado.

En el marco del “Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca”, el diputado José Antonio Almazán, coordinador de esta actividad, señaló que la fracción parlamentaria del PRD tomará la propuesta de su correligionaria Claudia Cruz Santiago, quien planteó que la situación que se vive en Oaxaca debe ser del conocimiento de la comunidad internacional, para evitar que los delitos cometidos queden impunes.

En entrevista con Cimacnoticias, Cruz Santiago explicó que la Corte establece por estatuto que es facultad de la sociedad presentar ante este órgano de justicia los casos que se consideren de flagrante violación a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por alguna autoridad o realizados con su consentimiento.

Aseguró que todos los testimonios conocidos hasta ahora, en voz de muchos de los presos y expresos políticos, constituyen la mejor evidencia de los delitos realizados por Ulises Ruiz y la Policía Ministerial a su cargo, para poder llevar el caso ante la corte.

Estimó que la próxima semana estarían entregando los testimonios ante la Corte Penal Internacional. Se trata de llevar el caso al plano internacional que la comunidad internacional ponga los ojos en México, país que se dice respetuoso de los derechos humanos, expresó la legisladora.

De acuerdo con el estatuto de la Corte Penal Internacional, se establecen como delitos de lesa humanidad: tortura, encarcelamiento, traslado forzoso, desaparición forzada, asesinato y otros actos inhumanos similares que causen intencionalmente sufrimientos o atenten contra la integridad física o mental de una persona.

DE VIVA VOZ

Durante el foro, celebrado en el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados, el cual estuvo repleto de asistentes, entre los que se encontraba la legendaria defensora de los Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra, decenas de testimonios fueron expresados de propia voz.

Carmen Sánchez Cruz, estudiante de Arquitectura de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, fue dando cuenta de las arbitrariedades y abusos cometidos por elementos de seguridad pública, desde su aprehensión el 25 de noviembre hasta ser liberada.

Con voz entrecortada, Carmen relató que al ser detenida junto con su hermana, elementos de la PFP encapuchados las encañonaron y amenazaron con violarlas “igual que nos chingamos a las viejas de Atenco”.

“Nos arrastraron del cabello y nos subieron a una camioneta, Ya ahí, nos interrogaron sobre quién era nuestro líder, quién nos pagaba, al tiempo que nos abofeteaban y obligaban a bajar la cabeza y mantener la mirada en el piso”, explicó.

“Durante el traslado –sigue Carmen?me registraron pues decían que traíamos armas, entonces cortaron cartucho y creí que nos iban a matar, pero nos llevaron al Cereso de Miahuatlán, en donde nos tomaron muchas fotos y nos llevaron a declarar. Fue entonces que supe los delitos de los que se me acusaba.”

“Nunca se nos dio atención médica, a pesar de que varias estábamos muy lastimadas, incluso había una compañera con la mano fracturada y aún así la esposaron.

“Luego de muchos días, nos trasladaron al Cefereso de Tepic, en donde nos informaron que nos encontrábamos en un penal de máxima seguridad. Aquí se van a educar y sólo pueden contestar sí señor, no señor”, nos ordenaron. “Luego nos desnudaron y obligaron a hacer sentadillas”.

“Ahí nos ficharon, tomaron nuestras huellas y nos llevaron a una celda. Pasamos más de 25 días encerradas, sin ver la luz ni saber si era de día o de noche, ni siquiera para ir al baño, teníamos que hacer ahí mismo; sólo nos sacaban a declarar o para realizarnos supuestos exámenes psicológicos y pedagógicos”, concluyó.

Carmen Sánchez Cruz fue liberada el cinco de enero.

RUMBO A LA MILITARIZACIÓN

Para el investigador y académico de la UNAM Carlos Fazio, el conflicto de Oaxaca se da en un marcado proceso de militarización del gobierno que encabeza Felipe Calderón.

En el marco del foro, el también profesor de la Universidad de la Ciudad de México expresó que, de manera gradual, desde la insurrección campesino-indígena del EZLN en Chiapas en 1994, México vive un proceso de militarización de todo el aparato del Estado, adoptando, cada vez más, formas propias de un Estado de excepción.

Advirtió que la legitimación del uso de la represión violenta y desproporcionada y la práctica de la tortura en Atenco y Oaxaca, configuran un Estado contrainsurgente en ciernes.

Para el académico, Oaxaca es fiel reflejo de la impunidad jurídica y de facto que aplican las “fuerzas del orden” para secuestrar, desaparecer, torturar, humillar, violar y trasladar a miles de kilómetros a disidentes políticos.

La designación de Francisco Ramírez Acuña y de dos hombres extraídos de los sótanos de la seguridad del Estado (Eduardo Medina Mora, al frente de la PFP, y Genaro García Luna, en la PGR) forman parte del mensaje autoritario del nuevo gobierno quien ofreció gobernar con “mano firme”.

Carlos Fazio precisó que desde que asumió la Presidencia, Felipe Calderón ha esgrimido en todo momento un vocabulario bélico e incluso ha querido significar su asociación con las Fuerzas Armadas vistiéndose con indumentaria militar.

En el primer minuto del 1 de diciembre, recordó Fazio, Vicente Fox entregó la banda presidencial a un militar, mismo que se la entregó a Felipe Calderón, quien horas después rindió protesta en un Congreso sitiado por elementos de los cuerpos castrenses.

Con todo ello, México se acerca cada vez más a un modelo autoritario de seguridad, a un Estado de corte policial-militar basado en prácticas de tipo contrainsurgente, que bajo la excusa de combatir los cárteles y las mafias, busca controlar y aniquilar los movimientos sociales y la disidencia política interna.

07/LGG/GG

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