Diputados panistas advirtieron hoy que no habrá impunidad para ningún legislador que hubiera cometido irregularidades en el manejo del presupuesto público, por lo que de comprobarse el desvío de 30 millones de pesos que fueron entregados al grupo ultraconservador Provida, el ex legislador Luis Pazos tendrá que ser sancionado.
En reunión celebrada en San Lázaro con representantes de organizaciones civiles que dan seguimiento al llamado Providagate, los legisladores José Luis Treviño y José Isabel Trejo, aceptaron que debido a los vacíos legales, algunos diputadas y diputados podrían incurrir en actos discrecionales en la asignación de los recursos del presupuesto federal.
Ambos legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Salud de la Cámara baja, respectivamente, se pronunciaron por realizar las reformas pertinentes para conseguir que la discusión y aprobación del presupuesto de egresos sea «ordenada y transparente».
El diputado Treviño entregó a las organizaciones no gubernamentales una carta de Pazos fechada el 8 de diciembre de 2003, en la que reitera que la asignación a Provida fue producto de acuerdos de «buena fe» entre legisladores de diferentes partidos que integraron la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto.
La diputada del Partido de la Revolución Demócrata (PRD), Marcela Lagarde, criticó que la misiva no estuviera firmada por el ex legislador, y fustigó al ahora director de Banobras por reducir un asunto de «inequidad» en la asignación presupuestal a una pugna entre grupos a favor y en contra del aborto.
Molesta, la también presidenta de la comisión especial de los feminicidios, rechazó que en México haya grupos pro abortistas.
A pesar de cierto escepticismo ante la exposición de los grupos civiles, los diputados panistas propusieron que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, entre de lleno a la investigación del caso.
Se comprometieron a ayudar a las ONG a encontrar el acta de la Comisión de Presupuesto de la legislatura pasada, en la que se autorizaron los recursos a Provida.
El secretario de la Comisión de Presupuesto, el perredista Rafael García Tinajero, insistió por su parte que Pazos cometió actos ilícitos y mencionó la posibilidad de promover un juicio político contra el ex legislador, a lo que se opusieron tajantemente los panistas.
María Vallarta, integrante de Equidad de Género, celebró el resultado de la reunión y el compromiso de los diputados del PAN para esclarecer los hechos. Además de los legisladores mencionados, también acudió al encuentro la panista Tatiana Clouthier.
El escándalo por la entrega de recursos a Provida comenzó a principios de 2003, luego de que diputadas de oposición y activistas de la sociedad civil denunciaron que el ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Pazos, recortó 30 millones del presupuesto aprobado por el pleno en diciembre de 2002, para atender VIH/Sida, los cuales se destinaron a la construcción de diez clínicas antiaborto.
Integrantes de grupos civiles como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Equidad de Género y Fundar Centro de Análisis e Investigación, presentaron a un reducido grupo de diputados y diputadas del PAN y PRD, el avance de sus pesquisas de lo que consideran fue un desvío de recursos orquestado por Pazos en detrimento del programa de Sida y en beneficio de una agrupación ultraderechista.
2004/RM/GV/SM
