En México empresas trasnacionales han iniciado operaciones en los sistemas de agua potable y tratamiento y otras «se mueren por hacerlo», coinciden especialistas, quienes advierten sobre los problemas que generaría la privatización de este servicio en el país.
Andrés Barreda, investigador y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que se promueve la privatización de áreas naturales protegidas y cuencas hidrológicas, sin que exista una campaña de orientación hacia la población sobre los problemas que se pueden generar.
De igual forma, explicó el analista geopolítico, quien asistió al Foro Böll que se realiza de manera paralela a la Quinta Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), no se explica que este programa esté basado en el Acuerdo General para el Comercio de Servicios o en un capítulo del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Andrés Barreda indicó que aun cuando México no es una potencia con capacidad exportadora de agua, se aplican los programas más agresivos de privatización, generando conflictos cada vez mayores entre empresarios y pequeños agricultores, pero también en las ciudades, donde es notable su uso discrecional a favor de los principales centros residenciales.
El analista geopolítico explicó que en el caso de la ciudad de México, está latente «un peligroso conflicto, que el partido en el poder detiene con alfileres», pero que ya comenzó a explotar en las márgenes periféricas de la capital mexicana.
En algunos municipios rurales también se han generado enfrentamientos, mismos que se extienden a los ejidos, además de que se aplican programas de servicios ambientales que involucran a las propias comunidades, como programas de captura y embotellamiento de agua, sin que nadie les explique que se trata de una privatización del servicio.
Citó que entre los conflictos por agua más importantes se encuentran el de la cuenca del río Yaqui; otros que son generados por la exclusión de comunidades indígenas en la selva Lacandona y en la Sierra Tarahumara, o por la construcción de presas hidroeléctricas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Nayarit, así como el que enfrentan México y Estados Unidos.
El analista geopolítico añadió que el servicio del agua ya ha sido concesionado en ciudades como Aguascalientes y Cancún, así como la ciudad de México, desde hace muchos años, y se inicia una privatización pulverizada de los servicios híbridos urbanos, desde los lugares menos visibles a los más visibles.
También se han concesionado los mantos acuíferos en las principales zonas industriales del centro y sureste de México a empresas que realizan un alto consumo de agua, castigando a los campesinos al elevar las tarifas eléctricas para bombeo en los mantos freáticos destinados al riego.
Por otra parte, citó que en Chihuahua la empresa Coca Cola, junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés) promueve la privatización de área naturales protegidas y cuencas hidrológicas, junto con campañas de desorientación que fragmentan la percepción general del problema.
TRASNACIONALES EN MEXICO
Por su parte, David Barkin, profesor de Economía, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, informó que mientras fracasan en Gran Bretaña, Argentina, Bolivia y Filipinas, así como en algunas ciudades de Estados Unidos, las trasnacionales buscan recuperarse de sus fracasos en nuevos mercados del sur.
Tal es el caso de México, donde operan el Grupo Ondeo, de origen francés, que con recursos del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) adquirió casi el 50 por ciento de la empresa Aguacán para operar el sistema de agua potable de Cancún, Quintana Roo.
Mencionó que destacan entre estas trasnacionales Vivendi, Biwater, Earth Tech, Unión Fenosa, Impregilio y Anglian Water, así como una lista de consultoras extranjeras que «acomodan las jugadas» a estas concesionarias y desplazan a las empresas mexicanas.
El reto principal, añadió el especialista, sería una gestión que combine la demanda con la oferta, en la que se considere al agua como factor productivo y se conciba como un patrimonio con valor en sí mismo.
Sin embargo, explica Barkin, el estado mexicano se declaró demasiado pobre para cumplir con la responsabilidad de dotar de los servicios de agua potable y saneamiento municipales, abriendo la puerta para concesionar estos servicios, en los que las empresas mexicanas deben estar asociadas a las extranjeras, aunque las extranjeras no necesiten ese requisito.
Mencionó que se construyen megaplantas de tratamiento de aguas residuales en Toluca, Puerto Vallarta, Monterrey, Puebla, Cuernavaca y Hermosillo, así como para la zona conurbada de Tampico y Altamira; en Los Reyes, San Luis Potosí, y se han construido otras en León y Torreón, y próximamente en Morelia y Jalapa.
El problema es que lo único que se ha conseguido es que estas empresas encarecen el precio del servicio, desperdician reservas tradicionales de agua y agudizan el problema de protección ambiental, pero advirtió todavía es tiempo de rescatar el agua de las campañas privatizadoras.
SERVICIO EN CASA
Por otra parte, en un documento de la organización Public Citizen se cuestiona si en México está en venta el agua, ya que la división de aguas Suez Ondeo proporciona servicios de agua a 7.5 millones de personas en México.
El año pasado, la Suez adquirió Azirux –subsidiaria de Enron-, lo que le significó 70 millones de dólares en ingresos anuales por la provisión de agua en Cancún, la ciudad de México, León, Torreón y Matamoros. Estos contratos, dice la Suez, «son un paso clave hacia la consolidación del liderazgo de Ondeo en Norteamérica, lo que representa el segundo mercado prioritario, después de Europa».
De acuerdo con Public Citizen, en México la compañía Suez tiene contratos en Laredo, Saltillo, Puebla, Aguascalientes, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Ciudad Juárez y Monterrey.
Para este organismo, el Banco Mundial ha trabajado estrechamente con la Suez para presionar hacia la privatización del agua, mediante condicionamientos en los préstamos, que obligan a la recuperación del costo total en el caso del agua, lo que significa un incremento del costo del servicio.
En 2002 el Banco Mundial otorgó un préstamo por 250 millones de pesos a la agencia mexicana CONAGUA. Este año se aprobó otro préstamo.
2003/SJE/GMT
