Con lágrimas en los ojos, Tarso Marrachini, de la Escuela Chico Méndes Acuavita, dijo que la generación actual tiene hoy la obligación y el deber de dejar para nuestros hijos e hijas un mundo limpio, puro y sin culpas, como lo dejaron nuestros ancestros más antiguos: mayas, incas, toltecas, mapuches y amazonenses, entre otros.
Al presentar ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) la afectación a la Laguna de Carapicuíba, donde se han vertido cinco millones de toneladas de materiales tóxicos como parte de un proyecto de relleno, Marrachini advirtió sobre lo que es «un agravio a las condiciones ambientales de la laguna y su muerte biológica, con la generación de focos infecciosos y tóxicos».
La Laguna de Carapicuíba se localiza en la ciudad de Carapicuíba, a unos 30 kilómetros al oeste de la región metropolitana de Sao Paulo, Brasil, donde residen 375 mil personas, de los 18 millones que comprende esta zona metropolitana.
Al exponer el caso, lamentó que el gobierno mexicano negara la visa al representante de la Defensoría del Agua, Rodrigo Ferrara, quien iba a presentar la denuncia en contra el gobierno del Estado de Sao Paulo y dependencias de gobierno de Brasil, por daños ambientales y a la salud.
Explicó que en este cuerpo de agua se inició un relleno con lodos retirados del cauce del río Tieté en 2002, por lo que más de cinco millones de toneladas de materiales tóxicos fueron depositados en la laguna, que desde 1987 era considerada como área protegida.
Sin embargo, el gobierno del Estado de Sao Paulo implementó el proyecto Tieté que implicaba disponer de fondos internacionales para que las industrias normaran sus vertidos y no los descargaran en el río Tieté, así como aumentar la profundidad del lecho del río para mitigar los efectos de las inundaciones en épocas de lluvia.
De acuerdo con la Defensoría del Agua en mayo de 2003 se presentó la mortandad masiva de peces que alertó a la comunidad y despertó sospechas sobre la naturaleza de los materiales extraídos para la construcción del relleno.
Marrachini dijo que se efectuaron análisis y se detectó la presencia de metales pesados por encima de la norma en nuestras de sedimentos como cadmio, cromo y plomo en niveles muy superiores a los considerados aceptables., por lo que se determinó que no había control sobre la calidad del material usado para el relleno.
Dijo que el Tribunal Supremo Federal autorizó la continuidad de disponer de los desechos en la laguna, argumentando razones de altos costos económicos asociados con la clasificación y disposición tecnificada de aquellos desechos no inertes, en contravención a lo estipulado en la licencia ambiental.
Ante los jurados del TLA, donde por cierto no estuvo presente el juez brasileño Alexandre Camanho de Assis, por ser funcionario del gobierno de aquel país, Marrachini sostuvo que el lleno parcial de la laguna Carapicuíba es un agravio, que provocará la muerte biológica, así como la generación de focos infecciosos y tóxicos.
Además del alto riesgo sanitario por la exposición de metales pesados y gases tóxicos para la población del área metropolitana de Carapicuiba, así como por el uso de aguas para consumo humano, riego, pesca o recreación.
Igualmente, por la posible precolación de metales pesados a los acuíferos a largo plazo, afectaciones a la hidrología del río Tieté y su cauce y afectaciones eventuales al acuífero internacional de Guaraní.
Tarso Marrachini, quien es dentista y padre de dos hijos, señaló con emoción, que nuestras actitudes, respuestas, hoy y siempre tienen que ser tomadas con Dios en el corazón, «de lo contrario seremos todos como Sísifo, el personaje mitológico griego, cuando llegamos todos a la cumbre de la montaña con la piedra en nuestros hombros, esta volverá a caer, rodando montaña abajo… y así nuestro esfuerzo habrá sido en vano».
El estado de Sao Paulo envió por escrito una respuesta que se dio a conocer tras un receso esta misma mañana negando las acusaciones de la Defensoría del Agua y considerando que uno de los mayores beneficios de este proyecto ha sido evitar inundaciones al uno por ciento, además de propiciar que haya más empleos.
En la carta, también se descalifica la actuación de la Defensoría del Agua que con las denuncias presentadas habría retardado por 16 meses la conclusión de las obras, que hoy asegura el gobierno del Estado de Sao Paulo en la carta, es una zona más saludable para los 18 millones de habitantes de la zona metropolitana.
El representante de la parte denunciante, Tarso Marrachini, apuntó que la respuesta brasileña es «política y como suele suceder hay un enorme trecho entre los dichos y los hechos».
06/SJE/LR
