A un año de la tipificación del feminicidio en la capital del país, aún falta capacitar a los impartidores de justicia para lograr que este delito sea investigado y sancionado conforme a la ley, toda vez que los asesinatos de mujeres todavía se consideran homicidios.
El 29 de junio de 2011 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la tipificación del feminicidio, y estableció la obligación de las autoridades de implementar protocolos especializados para investigar el nuevo delito.
Un mes después, el 26 de julio, el gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, por lo que al día siguiente las reformas entraron en vigor en esta ciudad.
Sin embargo, a un año de esas reformas todavía hay temas pendientes como la capacitación de funcionarios, la coordinación entre dependencias, y la perspectiva de género en la interpretación de la ley por parte de jueces y magistrados.
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada especializada en violencia de género y experta en casos de feminicidio, Karla Michelle Salas, sostuvo que si bien la tipificación del delito en la capital del país permitió que se replicara en los estados y a nivel federal, aún falta mucho por hacer.
Explicó que una reforma como ésta no sólo es un avance legislativo para crear un nuevo tipo penal: «Implica cambiar, por ejemplo, las bases de datos y la mentalidad con que se va a investigar, ahora ése es el reto».
Una de las principales dificultades para lograr que el feminicidio realmente sea una figura que garantice justicia, es fortalecer la capacitación de policías, agentes del Ministerio Público y jueces.
De acuerdo con Salas, quien litigó el primer caso de homicidio por razones de género ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay indicios de que los servidores públicos no conocen qué es y cómo investigar un feminicidio, y por tanto no lo hacen.
Pero además en muchos casos no interviene la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género y Feminicidio.
Esta agencia fue creada en mayo pasado para contar con una dependencia especializada en la materia, pero se ha visto que ésta no actúa en muchos casos porque ?observó Salas? no se le informa de los homicidios de mujeres.
Cuando ocurre el homicidio de una mujer, la primera autoridad en conocer el delito es un Ministerio Público o una Agencia Desconcentrada, quienes no conocen el protocolo y no saben que deben alertar a la Agencia Especializada para que conozca el caso.
«Es personal que no necesariamente conoce el Protocolo de investigación de feminicidio; entonces ¿qué ocurre? Que probablemente le puede ser más sencillo investigarlo como homicidio», indicó la abogada.
Ejemplo de ello es el asesinato de la estudiante de la UNAM, Karen Joanna Sánchez Gochi. El pasado 11 de junio ella murió a manos de un sujeto que la conocía desde hace cinco años, y quien abandonó su cuerpo en un hotel de esta ciudad.
Pese a que la familia señala que se trató de un feminicidio, el caso se consignó como homicidio calificado debido a que fue la Fiscalía Especial de Investigación para la atención del Delito de Secuestro la que investigó y detuvo al agresor.
«Es justamente en los casos en los que no está interviniendo la Agencia Especializada donde tenemos estas dificultades para la consignación o para que se consigne como feminicidio», reiteró Salas.
Para la también activista es necesario que se extienda la capacitación a todos los funcionarios, o bien que se fortalezca con más recursos y personal a la Agencia Especializada en Homicidios de Mujeres.
Karla Michelle Salas participó hoy en el «Encuentro Internacional de Ciudades Seguras para las Mujeres», junto con funcionarias y funcionarios del gobierno capitalino, realizado en el Club de Periodistas de esta capital.
«LOGROS»
Consultada al respecto, la fiscal especial de Homicidios de Mujeres, Lucía Reza Jiménez, dijo que se aplica el Protocolo de investigación de feminicidio, y que se han logrado avances y resoluciones en asuntos muy relevantes, aunque sólo se trate de dos casos de amplia difusión.
Uno de ellos es el asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, encontradas sin vida entre la noche del 31 de agosto y la mañana del 1 de septiembre de 2011, en la delegación Iztapalapa.
El otro caso es el de la actriz Julia Marichal, encontrada muerta el pasado 15 de noviembre en el domicilio de la víctima, en la delegación Magdalena Contreras. En ambos casos hubo avances porque se ubicaron a los responsables.
Reza Jiménez explicó que en la agencia que dirige no hay dificultades para la investigación, porque con los protocolos «se ha despejado el elemento subjetivo» y el tipo penal está bien desarrollado y establecido.
Sobre los homicidas de mujeres que no se investigan como feminicidio, se limitó a afirmar que la Agencia Especializada investiga cuando le reportan los casos: «De otra forma no podemos tener conocimiento, no lo reportan o no nos llega a la agencia».
Datos proporcionados por Edmundo Porfirio Garrido Osorio, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), indican que sólo hay una sentencia por este delito.
Informó que de junio de 2011 al 31 de mayo pasado, la PGJDF abrió 34 averiguaciones previas por el delito de feminicidio; de ellas, cinco están consignadas con detenido, y seis consignadas sin detenido.
De esas 34 averiguaciones, sólo en un caso las autoridades capitalinas se declararon incompetentes, y los otros 22 siguen en trámite. Hasta el momento sólo se ha sentenciado a 50 años de prisión a una persona por este tipo penal.
Karla Michelle Salas apuntó que otro aspecto a atender, además de la investigación, es el trato que dan los jueces a este tipo de delito pues ?afirmó? sólo así se sentarán precedentes de sentencias con perspectiva de género.
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