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Agreden militares a Obtilia Eugenio y a integrantes de la OPIM

Por Gladis Torres Ruiz

Luego de la agresión que sufrió el pasado 6 de junio a manos de militares, la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, está a la espera de que Amnistía Internacional (AI) emita una acción urgente para que el Estado mexicano garantice la integridad de las y los integrantes de la agrupación que dirige.

Vidulfo Rosales Sierra, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló en entrevista con esta agencia que Obtilia, una de las activistas que acompañó en sus procesos de denuncia a las indígenas Inés y Valentina –violadas por militares en el 2002–, se encuentra tranquila y en pláticas con defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH) para decidir las acciones a seguir tras la agresión.

El pasado 6 de junio un grupo de defensoras y defensores de DH se reunían en las instalaciones de la OPIM para conmemorar la masacre de El Charco, ocurrida hace 13 años, en Ayutla de los Libres, Guerrero, cuando fueron interrogados y golpeados por unos 50 elementos del Ejército.

En el momento de la agresión Obtilia Eugenio Manuel fue golpeada cuando trató de impedir que agredieran a sus compañeros integrantes de la OPIM, que esperaban que llegaran integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, quienes iban acompañados de Inés Fernández Ortega y Fortunato Prisciliano Sierra, también integrantes de la OPIM.

Rosales Sierra, señaló que en estos momentos tanto Obtilia como Inés, ambas integrantes de la OPIM, se encuentran en pláticas y en espera de la alerta solicitada por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad a AI.

En ella, la Red le pide al organismo internacional que admita la queja y acción urgente en favor de las y los defensores de derechos humanos integrantes de la OPIM, ya que le están siendo violados sus DH, y que emita el llamado para que el Gobierno Mexicano garantice su integridad física y sicológica.

Asimismo piden que solicite que se reconozca y respalde la tarea que desarrollan las y los defensores de DH y su contribución para la promoción, el respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales en America Latina.

Que se deploren los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan en el plano nacional y/o regional, y exhortar a los Estados a que continúen adoptando medidas para garantizar su vida, libertad e integridad.

Otra de las peticiones a AI es que el Estado mexicano le informe sobre las medidas provisionales y cautelares otorgadas por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH), las cuales, denuncian, están siendo totalmente incumplidas por el Estado Mexicano.

Cabe recordar además que la CoIDH ya emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por la violación sexual cometida por militares en 2002, en contra de las indígenas tlapanecas Inés y Valentina, ambas representadas y acompañadas legalmente por Tlachinollan, la OPIM y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Vidulfo Rosales Sierra, consideró que el ataque se enmarca en los preparativos de la masacre de El Charco, y es un acto para amedrentar a las y los defensores de DH.

Consideró como “positivo” que en el momento del ataque se encontraba más del 60 por ciento de las y los integrantes de la organización, por lo que pudieron apoyarse de manera grupal.

El Charco es una pequeña comunidad mixteca del municipio de Ayutla de los Libres, ubicado en la región de la costa chica del estado de Guerrero. El 7 de junio de 1998 el ejército rodeó la escuela del lugar, Caritino Maldonado, en la que se encontraban indígenas que participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

Según los testimonios de los sobrevivientes, el Ejército Federal irrumpió, disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provocó 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas a las instalaciones de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días.

Entre los detenidos se encontraban 5 menores de edad, quienes fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes. Al lugar de los hechos se impidió la entrada de periodistas y de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y defensoras y defensores de DH hasta después de 2 días.

11/GTR/LGL

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